La arremetida del gobierno contra las ollas populares parece la estrategia de quien pretende matar al mensajero para no hacerse responsable del problema. También podría ser la estrategia de quien ataca con la finalidad de distraer el foco de sus propias debilidades. En un escenario o en el otro, los que pagan los platos rotos son los sectores más vulnerables.
Negar la realidad sistemáticamente parece ser la estrategia de quienes carecen de ideas y de voluntad en materia de políticas públicas. Muy lejos quedó la promesa de que el MIDES se mudaría a Casavalle; una idea muy simbólica y demostrativa de la visión caricaturesca que —todavía— tienen de la pobreza, como si tuviera que ver con la ubicación de un ministerio.
La pandemia del COVID 19 dejó secuelas en la población, reduciendo fuertemente la actividad económica y generando la pérdida de miles de puestos de trabajo. ¿Y el Estado? Ausente. No pudo cubrir las necesidades básicas de una población que, de un momento a otro, pasó a necesitar más ayuda. A esto se sumó una política regresiva en materia salarial y un costo de vida altísimo que tiene como consecuencia un sostenido aumento de la pobreza (ya alcanzó las dos cifras en lo que va del gobierno). Además, la indigencia también aumentó, lo que evidencia el fuerte retroceso
En un país que crece pero que no reparte bien (y descuida a la población más vulnerable), lo que viene es la inseguridad alimentaria o, dicho más directamente: el hambre.
La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó un preocupante informe sobre inseguridad alimentaria en Uruguay. Muy preocupante diría, viniendo de la propia institucionalidad uruguaya encargada de las estadísticas.
Los datos son contundentes: 15% de los hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave. Además, el informe alerta que la inseguridad alimentaria grave abarca un 2.6% de los hogares y a un 2.9% de las personas.
A este problema se suma la infantilización del hambre: en los hogares con niños menores de seis años, la inseguridad alimentaria moderada o grave es casi el doble que en los hogares donde viven mayores de seis años (21.5% contra 13.9%). Esto es gravísimo porque los problemas de alimentación en los primeros años de vida afectan directamente el desarrollo cognitivo de la persona y sus posibilidades de poder desarrollarse y salir adelante. La infantilización del hambre es una condicionante crítica para el futuro de nuestro país.
Otro aspecto divulgado por el INE es que en la región noreste (Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres) se registra el mayor número de la inseguridad alimentaria. Mientras que los niveles más bajos se ubican en los departamentos del centro y sureste del país.
Hambre en un país que crece
Todos los datos recabados por el INE deberían ser fundamentales para que el gobierno, sin más demora, atienda este tema. La evidencia científica es demostrativa del problema, el cual debe encararse con políticas públicas adecuadas. Resulta indignante que un país con la capacidad de alimentar a millones de personas tenga problemas de déficit alimentario.
Pero, lógicamente, poco se puede esperar si la política del gobierno apunta al ajuste y al desentendimiento de los problemas de la ciudadanía por parte del Estado. La Rendición de Cuentas fue una clara muestra de esto. Como expresamos en dicha instancia, en estos tiempos celebramos un proceso de recuperación económica producto de la suba de precios internacionales que, paradójicamente, no ha llegado a la mayoría de los uruguayos.
A su vez, resulta notorio el aumento de los depósitos en el sistema bancario nacional: 6.337 millones de dólares en los últimos dos años, si se lo compara con 2019. También crecieron los depósitos de los uruguayos en el exterior: 2.800 millones de dólares. Por tanto, el incremento de los recursos acumulados durante los últimos años supera los 9.000 millones de dólares.
Otro dato concluyente es el incremento de las exportaciones de 2021, alcanzando los 11.549 millones de dólares, el mayor registro desde que Uruguay XXI cuenta con información (26% superior al nivel de 2019). Un verdadero huracán de cola que —paradójicamente— contiene un proceso de concentración de la riqueza de un solo lado mientras del otro hay sectores sumergidos y pasando hambre.
Hoy en día, la gran mayoría de la población se encuentra en una situación económica mucho peor que en el 2019. La constante caída del salario real de los últimos dos años y las peores condiciones laborales, ha tenido sus consecuencias.
Si resulta indignante que 160.000 personas se hayan presentado al Programa Jornales Solidarios que ofrece $12.500 nominales por 12 jornales al mes, mucho peor es constatar el aumento del déficit alimentario.
Es imperdonable que haya hambre en nuestro país mientras existe crecimiento económico. Que ambas cuestiones convivan demuestran las muy malas políticas públicas desarrolladas por el gobierno.
La tan mentada y promovida «teoría del derrame» simplemente no funciona. Las necesidades de la población deben atenderse a través de políticas activas dirigidas desde el Estado. Su ausencia, es el hambre y la miseria, y nuevamente una generación perdida que el día de mañana seguirá reproduciéndola.
Lamentablemente, todo indica que esta será la herencia del gobierno que prometió «los cinco mejores años de nuestra vida».
Dr. Charles Carrera Leal, Senador de la República / MPP – Espacio 609 – Frente Amplio