Diputada Melgar: “En realidad es un gran negocio que pone en riesgo la soberanía sobre el agua por muchos años”.
En diálogo con EL POPULAR, la diputada de la 1001 y el Frente Amplio, Micaela Melgar, cuestionó la adjudicación del proyecto Neptuno a un consorcio privado, con un costo de 890 millones de dólares que OSE deberá pagar durante 20 años.
Melgar afirmó que además de ser inconstitucional, ya que la Constitución establece que el agua es un recurso protegido y su utilización debe estar a cargo del Estado, del costo enorme que tiene, del impacto ambiental, el proyecto Neptuno “no resuelve el problema del agua potable para la zona Metropolitana.
La diputada frenteamplista también se refirió al escándalo del uso de recursos de la represa de Salto Grande para fines clientelares por parte “de una lista” del Partido Nacional y dijo que el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Carlos Albisu, debe renunciar.
-¿Cómo calificarías la adjudicación que acaba de hacer el gobierno, a través de su mayoría en el Directorio de OSE, del proyecto Neptuno?
Es una adjudicación perjudicial para el país. En primer lugar, es inconstitucional. El pueblo uruguayo ya determinó que el agua es recurso protegido por la Constitución, que dice que tiene que ser de gestión pública, y este proyecto lo que hace es poner en riesgo eso; pone en riesgo la soberanía uruguaya sobre el agua por muchos años venideros. Por otra parte, y esto es realmente importante, no soluciona el problema que tenemos. El Uruguay tiene un problema, que tenemos que resolver, con respecto a la cantidad de agua potable que se dispone para Montevideo y la zona Metropolitana. Las posibles soluciones son varias, el Uruguay las ha venido estudiando, y es verdad que es necesario generar iniciativas y llevarlas a cabo. No era necesaria una iniciativa privada. esa es una de las cosas, esa es una de las cosas que venimos planteando, la OSE la podría haber hecho como iniciativa pública. Es necesario insistir en que, según el artículo 47 de la Constitución, no corresponde una iniciativa privada para este tipo de bien, que es el agua. Pero, además, como decíamos, no va a resolver el problema, lo que necesitamos es agua que se pueda beber en la zona Metropolitana. Lo que sucede es que el proyecto que se va a instalar en la zona de Arazatí, por el lugar donde se va a construir, va tener mucho tiempo de agua salada. Lo que esto significa ya lo vivimos. Las respuestas que da el gobierno, cuando se le pregunta esto, no son congruentes con la realidad, se dice que se va a tener un dispositivo especial para guardar el agua de lluvias, el agua dulce, el denominado “pólder”, pero cuando se ve el proyecto concreto no está tan claro cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, en qué condiciones se va a hacer y tampoco cómo se va a llevar esa agua a la zona Metropolitana. En definitiva, es un proyecto que no asegura el suministro, no es una tercera fuente, como está diciendo el gobierno. Termina siendo, más bien, una mentira.
Lo que si determina este proyecto es que OSE no va a tener el control del agua potable como lo tiene ahora, lo va a tener un privado, por lo menos sobre una parte del agua potable.
También tiene como consecuencia que la OSE va a tener que poner mucha plata, de todas y todos los uruguayos, para financiar este proyecto. En este punto es necesario subrayar que la OSE solo tiene la plata que recauda a través de las tarifas; ¿qué significa esto?: que el pueblo uruguayo va a pagar va a pagar esta iniciativa privada.
Esta iniciativa privada, que, insistimos, no resuelve el problema del agua potable para la zona Metropolitana. Esta iniciativa privada que no es congruente, que no terminan de explicar bien cómo va a funcionar. Esta iniciativa privada que, para nosotros, para el director de OSE en representación del Frente Amplio, para el sindicato de OSE y para la Universidad de la República, entre otros actores, viola la Constitución. Esta iniciativa privada, que también, de acuerdo a varias denuncias e investigaciones, va a generar un gran impacto ambiental. Tampoco tiene previsto generar puestos de trabajo en la zona.
Este proyecto Neptuno parecería no ser la respuesta que el Uruguay necesita, lo que sí es un gran negocio. En total son 890 millones de dólares de costo, que tendremos que pagar todas y todos, para algo que no se sostiene.
Hay un elemento adicional que querría señalar, las y los compañeros que estamos trabajando y estudiando este proyecto y su adjudicación pensamos que se usó un momento de mucha sensibilidad sobre el tema del agua, porque vivimos momentos difíciles, especialmente en Montevideo y la zona Metropolitana, para facilitar la venida de un gran negocio.
-De los aspectos, todos importantes, que planteabas, me gustaría detenerme para profundizar en uno: el costo. Porque además se optó por la propuesta más cara. ¿Qué elementos adicionales hay sobre el costo que tendrá el proyecto Neptuno?
Si, pero no solo se optó por la más cara, hay muchos elementos. Es como un menjunje de cosas, porque como se trata de una iniciativa privada, si vos tenes la iniciativa está previsto que vos tengas en el proceso licitatorio un porcentaje ya a tu favor, entonces quienes tuvieron la idea ya tenían ventaja. Aparte, cuando estaban viendo cuáles iban a ser los costos se estaba esperando un monto que terminó siendo muy superior. ¿Por qué pasa esto? Entre otras cosas porque la cantidad de años que va a estar la OSE pagando este proyecto y pagando el canon para poder usar la planta, creo que nadie se lo esperaba. El pueblo uruguayo no se esperaba que tendrá que estar pagando por 20 años una iniciativa que no resuelve lo que necesitamos resolver.
-Hablabas del impacto ambiental, sobre todo a nivel local, ¿podes profundizar un poco más en eso?
Sí, va a tener un impacto muy grande a nivel local. Es importante que esto se sepa porque las organizaciones sociales de San José están diciendo que no quieren que se instale ahí el proyecto Neptuno. Dicen esto porque afirman que se termina la zona natural que existe ahí, se termina la playa, hay campos allí que van a ser expropiados, son 80 quilómetros de tubería que se tienen que instalar allí. Todo eso también implica, si uno se pone a analizar, un gran movimiento de negocios inmobiliarios y dinero, que es también la cara B de todo este proyecto.
Todo esto nos hace plantear que tendríamos que haber pensado, como pueblo uruguayo, qué era lo mejor, hacer este proyecto así, como una iniciativa privada o fortalecer la OSE, que la iniciativa la tuviera la OSE, que la iniciativa la tuviera el Estado, que la posibilidad de construcción y de control la mantuviera el Estado, aunque demorara un poco más.
Capaz que demoraba un poco más, pero también en eso es necesario hacer precisiones, la realidad es que este proyecto no resuelve ni el año que viene, ni el otro, ni el otro, el problema del agua. Estamos hablando de que, si todo sale bien, la construcción de la obra terminaría en tres años. De acá a que este operativa no sabemos cuánto tiempo va a pasar. En esto también se juega un poco con la inmediatez de la respuesta cuando no es real que esta vaya a estar a corto plazo.
No es cierto que, si mañana le pasa algo a Aguas Corrientes, que es una de las cosas que se plantea por parte del gobierno, vamos a tener esta solución. No es cierto, porque primero nos tienen que responder cómo van a tratar el agua salada, porque hoy, concretamente, no se sabe que van a hacer para que el agua de Neptuno no salga salada, no saben cómo van a hacer, no saben qué es lo que van a hacer con las tuberías. O sea, hoy hay respuestas técnicas que no están sobre la mesa. Pero, además, si supieran como hacer eso, la cantidad de agua que va a producir Neptuno no cubre ni la mitad de la demanda de Montevideo. Entonces no es cierto que si hay un evento que afecte Aguas Corrientes, esta sea una nueva fuente que resuelva la situación.
Tampoco es cierto que así se gestionan los riesgos en un Estado. No es verdad, porque si no los privados tendrían que tener una iniciativa para duplicar todos los problemas del Estado, todos los riesgos del Estado. Yo puedo fantasear con todos los riesgos del Estado y presentar iniciativas privadas para cualquier problema, pero así no debería ser como funcionan las iniciativas privadas, debería ser una verdadera necesidad que el Estado no pueda cubrir.
En el caso del agua y de OSE, además, nosotros insistimos en que no debería involucrarse una iniciativa privada porque está previsto así en la Constitución.
Esperemos que esto no avance, porque si avanza vamos a gastar plata innecesariamente. Si esto avanza y alguno de los 15 recursos presentados en su contra es satisfactorio para la Justicia se va a tener que frenar todo. De esa manera también habría una gran ineficiencia por parte del Estado. Ni que hablar que aquí entra el tema de resguardar los dineros públicos y de gestionar mejor los recursos públicos.
OSE no tiene gente para arreglar cañerías rotas hoy en Montevideo, tiene falta de técnicos, porque como no existen incentivos para quedarse en la empresa los trabajadores, especialmente los de las plantas, se van, que es lo que está denunciando el sindicato, o sea, tiene un grave problema de personal. Teniendo esta situación se meten en este proyecto Neptuno que va a costar 890 millones de dólares. Además, al día de hoy, no se sabe como se va a pagar, la única forma de financiación que tiene OSE es a través de la tarifa. Entonces, o se reduce OSE al mínimo para pagar el proyecto Neptuno o te aumentan la tarifa al doble o al triple, que es lo que prevemos que va a pasar, que lo vamos a pagar todas y todos. Esta súper iniciativa privada la va a pagar el pueblo uruguayo pagando el doble o el triple de tarifa y recibiendo agua de peor calidad. O la plata va a salir de algún otro lado, porque alguien la va a tener que pagar.
Lo que debería haber pasado es que se gestionara esto con cabeza de fortalecer el Estado, mejorar la cantidad de personas que trabajan en OSE y hacer una iniciativa pública.
El escándalo en Salto Grande
-En estos días también surgió, con mucha fuerza otro tema: la ampliación presupuestal de 200 millones de pesos para la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y su utilización, al menos parcialmente, para uso clientelar, contratando dirigentes del Partido Nacional, sin concurso. ¿Qué opinión tenes sobre estas denuncias?
Bueno, sobre este tema hay varias cosas para señalar. Primero, la forma de funcionamiento que tiene la represa, que hicieron un presupuesto y van funcionando con ampliaciones, que así se llaman esas partidas extras que se dan, esto hace que no se tenga la transparencia que se debería tener ya en general, porque se saltea la discusión presupuestal, que es: este es el presupuesto con el que tengo que trabajar, esto es lo que voy a usar para este fin concreto. Lo que hacen en realidad es ir generando partidas extras para funcionar. En términos generales eso ya está mal, debería preverse un nuevo diseño presupuestal para que eso no sea necesario.
Es cierto que el Estado uruguayo eso lo usa, es decir, se ha usado el formato de refuerzo presupuestal. Lo que es grave es para que usaron esa plata. Porque si se necesita una ampliación presupuestal para el Ministerio de Desarrollo Social en un contexto de ola de frío, se entiende que quedó por fuera de la previsión presupuestal, o cualquier otro tipo de necesidad urgente, OSE si necesitara, por ejemplo. Lo que sucede con este caso de Salto Grande, que el Frente Amplio está haciendo la denuncia, es que esa plata ha ido para compensaciones, extraordinariamente grandes, incentivos jubilatorios que superan seis años de pre jubilación y para ingreso de personal, sin ningún procedimiento de mérito, explícitamente clientelar, que refieren a personas militantes, no solo de un partido político, que es el Partido Nacional, sino de una lista específicamente.
Por otra parte, el argumento que se esgrime, cuando uno empieza a plantear que esto es un riesgo para la democracia, que esto es clientelismo, que aparte de ser una ilegalidad daña las instituciones, es que la represa en realidad también hace obras sociales, apoya las policlínicas. Es casi igual de grave la respuesta que lo que está sucediendo porque lo que se dice es que el presupuesto de la represa se usa para otras cosas que mejoran la imagen de quien lleva adelante la representación de Uruguay allí. Que es justamente lo que se está denunciando, que se usan los cargos para hacer política partidaria.
Es eso lo que está pasando, explícitamente. Y ante esto no han tenido la capacidad política de desmentirlo o armar algún relato al respecto. Esto es así.
Aparte, la persona que está al frente de la representación de Uruguay en Salto Grande (Carlos Albisu, ex candidato a la intendencia de Salto por el Partido Nacional) ha tenido una trayectoria política explícita en el departamento de Salto, que ha fracasado, y ahora está utilizando la represa como plataforma para llevar adelante su trayectoria personal.
Lo que está pasando no solamente es grave y escandaloso, sino que es muy dañino para la democracia uruguaya, apelo igualmente a los partidos políticos y a la capacidad reflexiva colectiva de los partidos políticos, para que esto tenga un correlato acorde y se tomen medidas.
Me parecería raro, como uruguaya, que esto fuera tan explícito y no pasara nada.
Es muy grave que se haya tenido que hacer la denuncia para que esto saliera a la luz, pero una vez que esto fue puesto de manifiesto, quién está de responsable en la represa tiene que renunciar, porque sino estaríamos ya en un nivel muy difícil de sostener.
Foto de portada
La diputada de la 1001 y el FA, Micaela Melgar. Foto Frente Amplio.
