Gastón Grisoni (*)
Los sectores conservadores de los partidos tradicionales, y sus medios de comunicación afines, remarcan públicamente lo sucedido en febrero de 1973, cuando se emitieron los Comunicados 4 y 7, como si ellos no hubieran tenido ninguna responsabilidad y estuvieran libres de culpa en los acontecimientos históricos. Así son los dueños del poder. Las y los expresos políticos no nos comemos la pastilla.
Son los mismos que apoyaron a Jorge Pacheco Areco durante su mandato y las Medidas Prontas de Seguridad mantenidas en forma ininterrumpida. Los que votaron el Estado de Guerra Interno el 15 de abril de 1972 que desplazó al Poder Judicial y otorgó facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas: secuestrar, torturar, juzgar y condenar ciudadanos.
Los que apoyaron la dictadura cívico militar e integraron el Consejo de Estado. Los que en diciembre de 1986 votaron la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado para asegurarles la impunidad a los terroristas de Estado. Los que desconocieron la Sentencia Gelman vs Uruguay de la CIDH de febrero de 2011 y se opusieron a la Ley 18 831, entre otras cosas. Ponen de relieve lo sucedido en febrero de 1973 para cuestionar al movimiento sindical, a los partidos de izquierda y, fundamentalmente, ocultar su complicidad y su culpabilidad histórica.
13 de junio de 1968: comienza el pasado reciente
Lo ocurrido en nuestro país en los últimos 50 años no puede interpretarse a cabalidad sin tener en cuenta la implantación de las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) en esa fecha precisa. Las Medidas Prontas de Seguridad, un mecanismo constitucional de carácter extraordinario para hacer frente a situaciones excepcionales, fueron decretadas por Jorge Pacheco para suspender las garantías individuales, prohibir la actividad sindical, eliminar la libertad de prensa, congelar los salarios, aplicar las recetas económicas promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), militarizar a miles de trabajadores de los entes estatales y de la actividad privada y gobernar eludiendo al Parlamento.
Pacheco Areco gobernó con el respaldo exclusivo de los sectores conservadores del Partido Colorado y del Partido Nacional. Hace un par de años, en un programa televisivo dominguero, el actual presidente del Directorio del Partido Nacional definió al gobierno de la época como una “democracia cuasi perfecta”. Sin embargo, durante el gobierno de Pacheco Areco, El Debate, órgano de prensa del Herrerismo, dirigido por el expresidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, fue clausurado al igual que Acción órgano del Batllismo.
13 de junio de 1968: democracia en estado terminal
La implantación de las Medidas Prontas de Seguridad fue un acontecimiento de enorme significación en la vida del país. Comenzó un período de disciplinamiento social para hacer frente a la crisis que vivía el país aplicando el programa económico de los grupos de poder. Alcanza con tener en cuenta que en 1967 la inflación alcanzó la cifra histórica de 137%.
En “Agonía de una democracia”, como corresponde, el Dr. Julio María Sanguinetti enumera exhaustiva y pormenorizadamente, hasta con fruición, las acciones desarrolladas por los grupos insurgentes, para justificar el accionar de Jorge Pacheco Areco. Obviamente, le quita trascendencia a la militarización de los trabajadores, cuestiona al movimiento sindical por enfrentar la congelación salarial, pone de relieve que los estudiantes “querían un mártir”, omite la preparación de los militares en La Escuela de las Américas de EEUU en Panamá para las torturas y las minimiza.
Lo más sorprendente es que un periodista de larga trayectoria como Alfonso Lessa, con varios libros en su haber, y mucha información acumulada, casi no mencione las Medidas Prontas de Seguridad, contribuyendo a alimentar, así, a la Teoría de los dos Demonios para explicar la dictadura y el terrorismo de Estado. “El 68: el año que todos estuvimos en peligro” del profesor Jorge Demasi pone de relieve para la memoria histórica la importancia de los acontecimientos que se vivieron y las medidas gubernamentales adoptadas para destruir a la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) nacida en 1966.
15 de abril de 1972: el gran avance militar
En base a las declaraciones del fotógrafo y agente policial Nelson Bardesio, uno de los más notorios integrantes del Escuadrón de la Muerte, el viernes 14 de abril, el MLN procedió a llevar a cabo varias acciones destinadas a su desarticulación. Las mismas ocasionaron la muerte de varios miembros de dicho grupo. Ya en democracia, tanto Nelson Bardesio como Miguel Sofía fueron procesados por la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto en 1971.
Ese mismo día, luego de una sangrienta represalia por parte de las Fuerzas Conjuntas que costó 8 muertos en ejecuciones extrajudiciales y un fallido ataque a la sede central del PCU en la calle Sierra, gracias a la intervención del presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, el Poder Ejecutivo presionó a la Asamblea General a votar la Declaración del Estado de Guerra Interno.
Con los votos exclusivos de los legisladores del Partido Colorado y Nacional, mediante dicha declaración se suspendieron las garantías individuales y se trasladaron a las Fuerzas Armadas facultades propias del Poder Judicial en un sistema democrático y republicano con separación de poderes: juzgar a los ciudadanos.
El reino de la tortura y la autonomía militar
La aprobación de la Declaración del Estado de Guerra Interno modificó sustancialmente la institucionalidad democrática. Relegó al Poder Judicial, con su silencio, y concedió a las Fuerzas Armadas potestades extraordinarias, al margen de las disposiciones constitucionales. La justicia militar comenzó a funcionar a plenitud para juzgar a todas las personas que los mandos militares así lo definieran. El deterioro de la democracia uruguaya alcanzó niveles nunca vistos, aunque el Parlamento seguía funcionando con atribuciones limitadas.
La Declaración del Estado de Guerra interna significó un enorme avance de las Fuerzas Armadas en la vida del país. Tuvo su estreno sangriento el 17 de abril cuando fue asaltada la Seccional 20 del PCU costando la vida de 8 de sus militantes y de un oficial del Ejército debido al “fuego amigo”. A partir de ese momento se desarrolló una enorme campaña represiva en todo el país destinada a desarticular a las organizaciones armadas, haciendo centro en el MLN.
En pocos meses, la detención masiva de ciudadanos, al margen de las normas legales, el sometimiento a torturas masivas, sistemáticas y generalizadas en todas las unidades de las personas detenidas, su condena sin asistencia ni garantías por Tribunales militares permitió la desarticulación de dichos grupos. Así fue anunciado públicamente. Miles de ciudadanos fueron detenidos e internados en diferentes centros de reclusión: Cárcel de Paso de los Toros, Punta de Rieles, Penal de Libertad y diferentes cuarteles.
Las Fuerzas Armadas al poder
En el marco de las acciones represivas, las Fuerzas Armadas adquirieron poder, aumentaron su visibilidad pública, incrementaron su influencia y gravitación en los círculos gubernamentales, comenzaron a atribuirse, incluso, por cuenta propia, potestades insólitas: negociaron, en los cuarteles, con los insurgentes derrotados.
Tal como lo puso de manifiesto en sus columnas publicadas en La Opinión de Argentina el doctor Julio María Sanguinetti, ya en julio de 1972, las Fuerzas Armadas actuaban al margen de los mandos naturales y hasta se presentaban en la Casa de Gobierno, de noche, sin previo aviso, sin pedir audiencia y sin la presencia del Ministro de Defensa a informar acerca de dichas negociaciones.
Además, en octubre de ese año, el episodio de los cuatro médicos, bárbaramente torturados, a los cuales la Justicia Militar dispuso su liberación y fueron retenidos por los mandos, generó una crisis que se resolvió con una derrota significativa del presidente Bordaberry. Como lo puso de manifiesto recientemente la periodista María Urruzola, sin la presencia del ministro de Defensa Nacional, Juan María Bordaberry negoció directamente con los mandos militares y renunció a facultades del Poder Ejecutivo y del Parlamento: la designación de los mandos.
9 de febrero: un paso más hacia el golpe de Estado
Los acontecimientos de febrero de 1973, con el Penal de Punta de Rieles ya inaugurado como campo de concentración para expresas políticas, fueron significativos, un nuevo paso, en el largo proceso de deterioro institucional hacia la dictadura y el terrorismo de Estado que se inició el 13 de junio de 1968.
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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
Foto de portada:
Sombrero de oficial del Ejército Nacional: Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS.
