La Fiscalía de Brasil comprobó la “materialidad” y la “autoría” de al menos cinco delitos por parte de los manifestantes que participaron en los actos golpistas el pasado 8 de enero.
Según consignó Página 12, la Procuraduría, consideró que “los manifestantes tenían como objetivo implantar un régimen autoritario en lugar de un gobierno elegido legítimamente”.
En atención a ello la Fiscalía de Brasil solicitó la pasada jornada una pena de 30 años para “los primeros 40 acusados de participar en el intento de golpe de Estado” en Brasil.
De acuerdo a un documento enviado a la Corte Suprema, la Procuraduría afirmó que se consideró como comprobada, “tanto la materialidad como la autoría de al menos cinco delitos”.
Las acciones realizadas por los asaltantes, fueron tipificadas como “asociación criminal armada”, “abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “golpe de Estado”, “daño calificado y grave amenaza” y “deterioro de patrimonio público”, delitos estos que de acuerdo al Código Penal, pueden configurar una pena de “30 años de reclusión”, que es la pena máxima contemplada en el país.
