Todo parece indicar que habría “acuerdo” en materia de recuperación salarial para los trabajadores del Estado. Al menos eso es lo que “a todas las luces” parece ser el resultado de las negociaciones llevadas a cabo por los sindicatos de COFE y la Enseñanza con el gobierno, aunque aún persisten tensiones que demoran la firma definitiva del “preacuerdo”.
En efecto, luego de varias reuniones entre el Poder Ejecutivo y los representantes de los trabajadores se lograron avances respecto a la recuperación salarial comprometida por el gobierno. Cabe recordar que la Ley de Presupuesto en su artículo 4 contiene y establece los que podríamos denominar “lineamientos salariales” para el sector público. Como en anteriores oportunidades hemos señalado expresan que los trabajadores públicos retornarían a los ajustes salariales por el criterio de inflación futura a partir de enero de 2022. No obstante, ello implica que durante el año 2021 se registró perdida en la capacidad de compra ante la ausencia de ajustes salariales.
Esto significa que medido por IPC los funcionarios públicos registraron una caída en su poder de compra en el orden 8%[1]. Sin embargo, el gobierno estableció una nueva forma para determinar la pérdida salarial a través del Índice Medio de Salario Real del Gobierno Central (IMSR). Ello supuso que para el gobierno la pérdida se ubique en 2,9%. Así pues, luego de largas batallas por una pelea entre un 2,9% y 7,96% se lograron algunos progresos que, si bien no dejan satisfechas a ninguna de las partes, supone un importante avance respecto a la situación de partida.
A saber: COFE lograría partir de una fórmula que incluye ajustes porcentuales generales y “partidas fijas” a lo largo del período de gobierno, totalizar una recuperación del orden de 6% para aproximadamente el 85% de sus afiliados. Por su lado, la Enseñanza –que comprende a la ANEP, la Universidad de la República y a la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC)- alcanzaría una recuperación para la totalidad de los funcionarios (docentes y no docentes) del orden también cercano al 6%[2]. Sin embargo, las negociaciones permitieron en el caso exclusivo de la ANEP discutir y avanzar en materia de corrección de inequidades.
En ese sentido, se habría alcanzado una cifra del entorno de los 286 millones de pesos para atender la situación de diferencias salariales históricas en algunos colectivos en Primaria y Ciclo Básico principalmente. No obstante este importante avance, resulta insuficiente para cubrir totalmente dichas inequidades, de hecho hacen falta una cifra que ronda los 66 millones adicionales para alcanzarla (cerca de U$S 1,5 millones). En las últimas horas se aspira a que las autoridades de ANEP puedan cubrir con fondos “propios” esta diferencia para que finalmente se pueda alcanzar definitivamente un acuerdo con los sindicatos de la enseñanza.
Cabe señalar que las reuniones se enfocaron exclusivamente en la “recuperación” salarial, dejando para otras instancias otros temas inherentes a la negociación y cometidos de los ámbitos; no obstante ello, fueron convenientemente aprovechados para avanzar en tema inequidades. Pues, así como la Enseñanza lo hace a través de una partida adicional diferenciada para atender situaciones puntuales de colectivos especiales; la aplicación de una partida fija por parte de COFE tiene repercusiones distintas de acuerdo a los niveles salariales, dicho de otro modo, un monto fijo tiene mayor impacto en salarios más bajos, lo cual es una forma de privilegiar los niveles salariales más sumergidos.
Por otro lado, las urgencias suponen que se logren acuerdos en las últimas horas del jueves –cuando esta nota esté publicada ya sabremos el resultado definitivo- antes que ingrese el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, pues el plazo constitucional establece debe ingresar antes del 30 de junio, y todo lo que se acuerde debe estar incluido en el “paquete”, en particular los montos de recursos destinados a los efectos.
Ciertamente no es definitivo, porque como es sabido, una vez que ingresa el Proyecto empiezan todas las etapas de discusión parlamentaria que pueden antes de ser aprobado, tener modificaciones. Por lo tanto, recién se dará inicio al debate, no es menos cierto, que una vez que ingresa, se torna más difícil para las organizaciones sindicales lograr cambios cuantitativos. Por ello, siempre es firme y persistente el reclamo de los sindicatos públicos de conocer antes que ingrese al parlamento el Proyecto de Ley, de hecho, la propia Ley de Negociación Colectiva del Sector Público así lo establece, lamentablemente desde que fue promulgada la Ley nunca se ha logrado de forma satisfactoria.
Restan conocer los avances en materia de recuperación salarial de los trabajadores de las empresas públicas, nucleados en la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE). Si bien es cierto, que el Presupuesto Nacional, y por ende las Rendiciones de Cuenta, no los alcanzan estrictamente, porque en su caso tienen presupuestos anuales propios aprobados (o no) por OPP, en esta Ley de Presupuesto Nacional en lo que refiere a los lineamientos salariales fueron abarcados, es decir, registraron pérdida de salario real, por lo que aún está pendiente su recuperación.
Otro organismo -esta vez sí abarcado por el Presupuesto- es el Poder Judicial, también en estas horas se debiera resolver cuánto y cómo alcanzarían la recuperación salarial pendiente. Cabe señalar que si bien es un organismo que goza de autonomía, depende de los recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas destine para su propia administración.
Pablo Da Rocha
[1] La inflación registrada en el año 2021 fue 7,96% medida por el Índice de Precios al Consumo, publicado por el INE
[2] Se propone una serie de ajustes reales (por encima de los ajustes por inflación futura) adicionales al 1,2% otorgado en enero de 2021 de: 2,0% en 2023, de 1,5% en 2024 y 1,0% en 2025. Lo que totaliza en forma acumulada 5,82%.
