La edila frenteamplista Marta Diniz, de la Junta Departamental de Rivera, denunció falta de transparencia de las autoridades de la Intendencia para aclarar irregularidades denunciadas por consejal del Partido Colorado de la ciudad de Tranqueras, en relación a dineros destinados para abastecer comedor gestionado por ONG CERPROS.
En diálogo con “El Popular”, la Edila explicó que la denuncia data del 10 de febrero, en el marco de una entrevista en la que el Consejal manifiesta que, ante la solicitud de apoyo a la Intendencia para sostener a las familias más vulnerables de la zona de Tranqueras, recibe la respuesta de que, actualmente, se estaban entregando recursos para 300 platos de comida por intermedio del comedor gestionado por la ONG CERPROS.
Sin embargo, el Consejal asegura que en dicho comedor no asisten más de 30 personas, lo cual sugiere que una parte importante de estos recursos no se estarían utilizando para el fin establecido inicialmente.
La viralización de estas declaraciones motivó un pedido de informe a la Intendencia de Rivera, por parte de la bancada del Partido Nacional, que, a pesar de contar con los votos del FA no logró obtener la mayoría necesaria para darle curso.
La edila frenteamplista por la lista 1001, pone a consideración de la Junta el llamado a sala al Consejal que realiza la denuncia y tampoco prospera.
Ante esta situación, la Departamental del FA realizó un comunicado público el 1 de marzo, en la que solicita “al Sr. Intendente y jerarcas municipales, no poner trabas en las investigaciones pues es imprescindible que con transparencia se haga justicia.”
La ONG CERPROS cuyo titular, Pablo Gonzalez, es un reconocido dirigente Colorado y tiene a la fecha varios convenios con la Intendencia de Rivera, gestiona comedores en Vichadero, Tranqueras, Corrales y populoso barrio “Las Areneras” atendiendo a más de 300 personas en total. Aunque no existen datos oficiales, es altamente probable que la cifra sea superior.
Se desconoce si estas tercerizaciones responden a llamados a licitación o el medio por el que accede a la gestión de recursos, puesto que es una práctica habitual, según palabras de la Edila, que “la oposición tenga serias dificultades para acceder en tiempo y forma a documentación, informes, etc. “
Al mismo tiempo, la fiscal Alejandra Domiguez, decide actuar de oficio y solicita a la Junta Departamental información sobre la situación. Ante la imposibilidad de la misma de responder a las interrogantes, esta decide trasladar la solicitud directamente a la Intendencia de Rivera. Esta investigación judicial se encuentra en curso actualmente.
Lo que más preocupa, más allá de la necesaria aclaración de la gestión de fondos que ya tiene su curso en la justicia, es la situación de las personas que asistían a estos comedores, puesto que, sin que se conozca una evaluación o se hubiese manifestado previamente, los comedores dejaron de funcionar intempestivamente dejando a más de 300 personas sin la alimentación que allí se brindaba.
“Si nosotros supiéramos que toda la gente empezó a trabajar, si tuviésemos una evaluación de MIDES o de la Intendencia en qué basarnos nos quedaríamos tranquilos, pero no la hay” manifestó la Edila. Pero la decisión de cerrar el servicio se toma a raíz de que surge la denuncia pública.
El abandono de las personas que se alimentaban diariamente en estos comedores sin que se presente, por parte de la Intendencia de Rivera, ninguna alternativa para atender la necesidad de alimentación, activó, por parte de organizaciones sociales, la posibilidad de apoyar, mediante ollas populares, a las familias que aún lo necesitan.
Paola Beltrán
