Frente a la derogación del artículo 56 de la Ley de Medios y la derogación de toda la Ley que viene propuesta en la Rendición de Cuentas, conversamos, en “A la izquierda late el corazón”, con la Secretaria General de SUTEL, Florencia Leymonié, que nos explica los impactos en ANTEL y en la garantía del acceso al derecho a los servicios públicos de todos los uruguayos y uruguayas.
ANTEL viene siendo centro de un “desmantelamiento” que se expresa en la derogación del artículo 56 y ahora, directamente, en la derogación de toda la Ley de Medios. ¿Cómo aniliza SUTEL esta coyuntura que atraviesa la empresa pública?
Todos los elementos que planteaste son así, nosotros venimos de presentar un recurso al Poder ejecutivo producto de los decretos que habilitan a los cable operadores a brindar servicios de internet en el marco de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de inconsitutucionalidad del artículo 56 de la vigente Ley de Medios.
Ese recurso que nosotros presentamos lo hacemos ante el Poder Ejecutivo. Es un recurso administrativo, amparados en la defensa del monopolio de ANTEL, que nos ampara en cualquier discusión que podamos dar, incluso ahora con esta nueva medida que es mucho más compleja, incluso, pero que va en la misma dirección.
Acá hay una confrontación de modelos del Estado y un modelo de país en su conjunto que responde más a las necesidades de los empresarios que a las necesidades de nuestro pueblo y esto se expresa de distintas maneras.
Un Estado que se reduzca a su mínima expresión y que quede en función de los intereses privados con la otra parte, que es la que defendemos nosotros, con un Estado presente, con intervención, con empresas públicas que, en definitiva, garanticen el derecho a los servicios públicos, con un elemento central como son las telecomunicaciones, no en el Uruguay, en el mundo.
Esa es la discusión de fondo, en definitiva, que primero se da con los decretos, que dicho sea de paso es importante decir que al principio parecía una especie de justeza frente a la sentencia de la Superema Corte de Justicia (SCJ), cuando la inconstitucionalidad que sentencia la SCJ no se resolvía, necesariamente, con estos decretos arbitrarios y discrecionales, se podía resolver por otro camino, ahora, directamente, se borra toda la Ley porque ni siquiera es que hay una discusión sobre el artículo específico, el 56, sino que estamos en un escenario mucho más complejo.
Derogar la Ley de Medios vigente nos lleva, nada más y nada menos, que a una reglamentación que tiene anclaje en la dictadura de nuestro país y que apunta, exponencialmente, a la concentración de medios. En el medio, nuestra ANTEL, que hoy es la que tiene la infraestructura, que es la que tiene su rentabilidad comprometida con esa inversión que hicimos todos los uruguayo y uruguayas. Tiene, también, consecuencias para nuestro pueblo, no solamente al acceso universal a los servicios sino, además, de que en esa rentabilidad que se compromete en el marco de una competencia, también están comprometidos los recursos con los que puede contar la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, las políticas públicas, o sea, el esquema va más allá de discutir cuestiones de justicia frente a una sentencia sino en cómo se configura el esquema de telecomunicaciones en nuestro país y todo lo que implica romper con el monopolio de ANTEL.
Nosotros tenemos empresas públicas no por una definición administrativa, del siglo pasado, sino porque el pueblo lo definió, lo ha resuelto en distintas iniciativas populares. Esa es la discusión hoy y la pregunta más sencilla es, estas modificaciones ¿a quién beneficia? ¿me beneficia? ¿nos beneficia?
Nosotros planteamos, con un sinfín de argumentos y de elementos, que, en definitiva, esto lo único que hace es beneficiar a los cables operadores privados, a los oligopolios en materia de comunicación y deja de rehén al pueblo uruguayo. El acceso, que está garantizado de forma universal, a través de todas las iniciativas de nuestra empresa pública, es lo que va a quedar comprometido en este nuevo esquema que tiene poderosos oligopolio y conglomerados de las telecomunicaciones nacionales, con un escenario sumamente complejo con respecto a la extranjerización de los medios que se ubica con la derogación, como un elemento central, de la actual Ley de medios, a través de la iniciativa en la Rendición de Cuentas.
Uno de los argumentos que plantea el Presidente de ANTEL, Gurmendez, es que la competencia es buena y que al existir la competencia los precios favorecen a los clientes. ¿Cómo contraponemos el argumento en este punto?
La Coca Cola le dice a la Pepsi usá mis instalaciones, te presto mis heladeras, toda inversión que yo hice porque al darte todo competir contigo yo mismo voy a poder bajar los precios… es de una incoherencia total que quienes promuevan la competencia sean los que están al frente y podrían definir hoy, sin competencia, una baja de precio o una mejora en los servicios.
Es ilógico, es como que, si yo tuviera un puesto de torta fritas y digo no, necesito que un vecino me ponga un puesto al lado para decidir bajar los precios cuando yo los puedo bajar a priori. Las personas que promueven la competencia son los que hoy tienen la posibilidad de resolver la baja de los precios siempre y cuando se tenga la capacidad.
Imaginemos todo este esquema o estas personas en los distintos lugares de gobierno que estuvieran al frente de una directiva de una empresa ¿cuánto duran en una multinacional planteando esto como una línea de negocio o como una forma de mejora? La realidad es que, también, los elementos que hacen a la competencia, sus ejes tienen que ver con la calidad, la cobertura, el alcance del servicio y el precio. En los tres elementos ANTEL tiene reconocimientos internacionales; en la región tenemos los precios más bajo de acuerdo a la capacidad de compra de la población; desde el punto e vista de la cobertura tenemos casi un 87 % de cobertura, nos queda un 13 % para finalizar; desde el punto de vista de la calidad tenemos tecnología de punta, entonces ¿cuál es el margen que nos puede dar la competencia? ¿Cómo podemos ser mejores, a través de la competencia, si no es definiendo, hoy, ser los mejores en todos esos planos?
Si ANTEL tiene la capacidad de bajarlos ¿por qué no lo hace? La pregunta es esa ¿precisamos competir con multinacionales para definir bajar los precios? Es un poco lo que pasó en el marco de la portabilidad: se vende la portabilidad bajo el argumento de la baja de los precios y preguntamos ¿no se podían bajar los precios antes de la portabilidad numérica?
La “competencia” termina siendo la brillantina que se le pone para beneficiar a los privados pero que, en definitiva, perfuman medidas que se pueden tomar perfectamente sin estar en competencia. Uno compite, efectivamente, cuando necesita, ahora, por ejemplo, somos un país futbolero, si vos vas primero en la tabla, tenés los mejores delanteros y resulta que podemos ser mejores todavía, mejores en la tabla, y en función de eso necesito un estímulo entonces de ahora en más los delanteros estrella nos juegan, de ahora en más cómprense los championes y hagan una vaquita para alquilar la cancha de fútbol y de hecho a nuestros contrincantes les cedemos todas las instalaciones, básicamente, es eso lo que estamos haciendo con nuestras empresas públicas y comprometiendo, nada más y nada menos, que las telecomunicaciones.
Tenemos que entender la dimensión y creo que la pandemia nos mostró muchísimo el papel que juegan las telecomunicaciones en el vínculo educativo, en el teletrabajo, en el acceso a la medicina, que es lo que se viene, porque estamos comprometiendo el acceso hoy y también el desarrollo de una cantidad de servicios, y de la propia economía, que se van a sostener, justamente, a través del desarrollo de las telecomunicaciones.
¿Se ve ya el impacto de esta política en la situación de la empresa y en particular en los trabajadores y trabajadoras?
Hay una cosa que es bien importante, sobre todo para confrontar un discurso que demoniza al movimiento sindical y hasta criminaliza la lucha de los trabajadores, nosotros defendemos a ANTEL en toda su dimensión, es decir, la defendemos del punto de vista de su marco jurídico para su existencia, la defendemos frente a las iniciativas de desmantelamiento del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Industria y la propia administración de ANTEL.
Hay un elemento central y es que la empresa funciona, también, con una estructura en la que los trabajadores y trabajadoras formamos parte y, realmente, el deterioro de la plantilla, el deterioro en las condiciones de trabajo, que no tiene que ver con intereses corporativos, estamos hablando del punto de vista presupuestal, de tener las herramientas, justamente, para profundizar la calidad de los servicios en función de la demanda de la población en general.
Todo eso forma parte de la defensa de ANTEL, por lo tanto, no hay una defensa de ANTEL en el marco jurídico y otra desde el plano reivindicativo de los trabajadores; lo que venimos planteando en la plataforma reivindicativa cuando hablamos de presupuestaciones, de regularización de las tercerizaciones porque están cumpliendo tareas permanentes en áreas permanentes, en áreas sumamente importantes como son las operativas, cuando estamos hablando de presupuesto, de ingreso de personal, estamos hablando directamente sobre los servicios que estamos brindando, más allá de las condiciones de trabajo concretas en las que nosotros nos desarrollamos.
No hay una dicotomía, no es la defensa corporativa de los trabajadores de ANTEL porque defendemos nuestra chacrita. Los trabajadores y trabajadoras de ANTEL no tenemos ni una sola reivindicación, y lo podemos discutir con quien sea, que vaya en detrimento del desarrollo de nuestra empresa pública, todo lo contrario, asumimos y entendemos que somos la fortaleza también, por lo tanto nuestros planteos y nuestras definiciones nunca van a confrontar con el desarrollo de nuestra empresa y mucho menos con el interés y el acceso universal a los servicios que brindamos para el conjunto de nuestra población, principalmente, la que está en una situación de mayor vulnerabilidad en lo que tiene que ver con el acceso a los servicios en términos generales.
Defendemos que el acceso de las telecomunicaciones es un derecho, está, a nivel internacional, reconocido como uno de los DDHH fundamental, en ese sentido, entendemos que los únicos que podemos garantizar ese servicio, justamente, somos los trabajadores y trabajadoras en el marco de una empresa pública que siga apostando a planes donde el acceso a las telecomunicaciones y la tecnología sea universal. No podemos dejar de hablar de un Plan Ceibal, de un Plan Ibirapitá.
En la región y en el mundo, si vemos los resultados, las brechas de desigualdad del acceso son inmensas, bueno, a través de nuestra empresa pública esas brechas se han acortado radicalmente, en ese sentido es que nosotros defendemos nuestra ANTEL también.
¿Qué acciones tienen previstas hacia adelante desde SUTEL en esta lucha por la defensa de ANTEL?
Tuvimos este miércoles Congreso Nacional de Delegados, nuestro sindicato se declaró en conflicto en dos dimensiones: en una defensa de ANTEL en términos generales, pero también en función de los insuficientes avances en materia reivindicativa, concretamente el ingreso de personal con el cumplimiento de la norma presupuestal, no estamos planteando un crecimiento exponencial de la plantilla.
Esto implica reiterar las solicitudes a las reuniones que le hemos hecho al directorio pleno de ANTEL, a Presidencia de ANTEL, eso implica, también, una convocatoria que vamos a desarrollar las semana que viene a una “Comisión amplia”, que exceda a SUTEL, en esta cuestión de que las empresas públicas han tenido como protagonistas a los trabajadores y trabajadoras organizadas pero se ha conformado siempre, la defensa, con el conjunto de nuestro pueblo, por lo que se va a convocar a una Comisión que coloque a las telecomunicaciones hoy, en el siglo XXI, en cómo impactan las medidas que se vienen tomando y cuáles son las alternativas que se pueden construir más allá de enfrentar estas iniciativas.
Cuáles son las alternativas que construimos como pueblo uruguayo para blindar nuestras empresas públicas en tanto son las únicas garantes del acceso universal a los servicios públicos. Los servicios públicos, como planteamos en la última movilización del 22, son un derecho y las empresas públicas los garantizan.
Trabajaremos lo que va a ser el paro de 7 de julio con el conjunto del movimiento sindical para que, con el resto de los planteos y la plataforma, esté ubicada la defensa de las empresas públicas, porque no es solo la situación de ANTEL es la situación de OSE, de ANCAP, UTE, ni que hablar de lo obsceno que ha sucedido con el puerto.
A su vez vamos a ir desplegando todo el conjunto de acciones específicas en nuestro sindicato, con asambleas permanentes y la sesión del Ejecutivo, también en estado permanente, y nuestro Congreso Nacional de Delegados haciendo el seguimiento de toda la situación. En ese sentido, en términos generales, iremos resolviendo concretamente como confrontamos las distintas medidas y nunca dejamos de lado todas las iniciativas que podamos tomar desde el punto de vista de la lucha, la movilización, como el diálogo con el conjunto de nuestro pueblo.
Hemos resuelto trabajar hacia las Intersociales y los distintos territorios para poder hablar con el conjunto de los vecinos y vecinas de cuál es el impacto concreto en su casa, cómo le afecta en su casa concreto, porque, en definitiva, es eso lo importante, que se entienda; también mantenderemos reuniones con las distintas bancadas de los partidos políticos.
Un sinfín de acciones que nos permitan discutir, con la mayor amplitud, este tema, pero con la firmeza histórica de defender nuestras empresas públicas como patrimonio y sobre todo como soberanía de nuestro país.
Paola Beltrán
