En Argentina es el turno de la vicepresidenta Cristina Fernández.
Rony Corbo
Como bien lo manifiestan las Tesis del XXXII Congreso del PCU, el imperialismo norteamericano y las oligarquías locales, combinando tácticas diversas como campañas mediáticas bien financiadas y diseñadas, con cooptación del Poder Judicial, recuperaron por tiempo corto la hegemonía en nuestro continente, liquidando los procesos autónomos de integración regional.
Primero fueron Rafel Correa y Jorge Glass en Ecuador; luego Lula en Brasil; Evo en Bolivia; Castillo en Perú y ahora le toca a Cristina Fernández en Argentina. Esta guerra judicial sigue buscando la deslegitimación de los gobiernos de izquierda populares y progresistas de la región, judicializando la política, amplificándolo con los medios masivos de comunicación, lo que se conoce con el nombre de Lawfare
El proceso judicial contra Cristina por asociación ilícita en obras de su provincia Santa Cruz, comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020, por la pandemia de Covid-19. Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Fernández negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que «fue un plan ideado por el Gobierno saliente» de Mauricio Macri y que la causa «forma parte del lawfare» aplicado en la región contra los gobiernos populares.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran este lunes doce años de prisión para Cristina Fernández e inhabilitación perpetua para ejercer cargos tras acusarla de liderar una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado. Cuando el tribunal rechazó su pedido para hablar, CFK denunció en redes sociales que estaba ante un «pelotón de fusilamiento mediático-judicial», pero este martes fue más allá y dijo que no estaba ella sola, sino contra el gobierno popular.
“Vienen por ustedes”
“No vienen por mí, vienen por ustedes”. Esta frase resume el alegato desde el Senado de Cristina Fernández, en el medio de multitudinarias marchas de respaldo al Kirchnerismo.
En una presentación de más de dos horas transmitida por redes sociales desde su despacho en el Senado, la ex mandataria y actual vicepresidenta expuso que “este partido judicial no sólo nos estigmatiza a nosotros, sino que los protege a ellos, porque no sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del FMI (entregados al gobierno de Macri) y no pasa nada, se comprueba que Macri espió a los familiares del (submarino que se hundió en noviembre de 2017) ARA San Juan, la tragedia más grande que ha vivido Argentina en democracia, y sin embargo lo sobreseen”.
Al documentar la impunidad en acciones corruptas en las que está vinculado su sucesor, Mauricio Macri (2015-1019), resaltó que un juez pidió el sobreseimiento de los empresarios involucrados en el caso del ministro de Obras Públicas durante el kirchnerismo José López, quien se alejó del peronismo, y apareció en junio de 2016 tirando bolsos con 9 millones de dólares, a las tres de la madrugada, por la barda de un monasterio cercano a esta capital. También llevaba un arma larga.
Expuso el intercambio de comunicaciones constantes entre José López, nada menos que con Nicolás Caputo, amigo íntimo de Macri, lo que desató entonces un terremoto político. Supuestamente filmado por una cámara de seguridad, el video dio la vuelta al mundo y además se mencionaba que las monjas “podían estar al tanto de todo”, es decir, que eran cómplices.
La vicepresidenta Fernández de Kirchner denunció que la justicia no se movilizó para investigar el origen de esos 9 millones de dólares, que en realidad la Reserva Federal de Estados Unidos entregó al gobierno de Macri, y que López recibió.
“Son 12 años (de pedido de cárcel), los 12 años del mejor gobierno que tuvo Argentina en las últimas décadas, por eso piden 12 años. Por eso me van a estigmatizar y condenar. ¿Cómo voy a pensar que este es un tribunal de la Constitución si permite este tipo de cosas?”, dijo en alusión al gobierno de su antecesor y marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), y al suyo (2007-2015).
“Esto no es un juicio contra mí, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, aseveró, y expuso: “nada, absolutamente nada de lo que dijeron (los fiscales) fue probado. Cuando aseguré que tenían la sentencia escrita, me quedé corta”.
“Argentina es un lugar muy particular, acá mueren todas las teorías. El lawfare tiene un escalón superior. En otros países fue para estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas. Acá protegen a los que verdaderamente roban al país”, añadió.
“Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El juicio empieza con la ficción que relataron, durante cinco días. No eran acusaciones; era un guion, y bastante malo, por cierto”, aseveró, al cuestionar nuevamente a Luciani y Mola por no investigar las comunicaciones telefónicas entre López y Caputo.
La ex mandataria vaticinó que “se va a demostrar que además de mentirosos, los fiscales no trabajaron. No leyeron las pruebas que constan de 9 mil fojas”.
Clarín y La Nación: “las dos naves insignias del lawfare”
Cristina acusó finalmente a los principales diarios argentinos, de montar esta operativa mediática en su contra, cobrándole, entre otras cosas, el recordado caso de “Papel Prensa”, que en la época de la dictadura fue adjudicado al grupo Clarín.
Cristina ha tenido un sinnúmero de apoyos desde el exterior. Desde Francia, Jean-Luc Melenchón escribió en su cuenta de Twitter: “El uso de la justicia para el ajuste de cuentas político continúa en todo el mundo”. El expresidente colombiano, Ernesto Samper, quien dijo que las acusaciones formuladas contra Fernández “son un capítulo más de la judicialización de la política: perseguir líderes progresistas”.
Otro de los que apoyó públicamente a la expresidenta fue el “Indio” Solari. “Usted tiene la fortaleza necesaria, aunque no se merezca tener que pasar por esta locura legal”, sostuvo el líder ricotero.
(Con información de Página 12, otros medios argentinos y elaboración propia)