En el documento presentado por la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) a los candidatos a la presidencia de la República, uno de los temas tratados fue el relativo al “endeudamiento excesivo de los hogares”.
La postura del gremio es que dicha problemática, que ha generado diversos proyectos de ley y algunas propuestas impulsadas por los actores del sistema no alcanzaría con las mismas una efectiva resolución.
Las mismas, informa el portal web de AEBU, con independencia de “las buenas intenciones (…) serán poco efectivas en unos casos, altamente costosas en otros”, generando “grandes injusticias” o llegando incluso a “destruir el delicado equilibrio del mercado de créditos”.
Este fenómeno, se afirma, es “sumamente complejo y tiene raíces socioeconómicas estructurales”, advierte el documento que describe entre los diferentes factores que lo explican a “la pobreza y la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas de los hogares”, a lo que hay que sumarle, añaden, “las transformaciones en los patrones de consumo”.
Junto a ello, inciden las características propias del sistema financiero, entre las que sobresalen la “poca información sobre el mercado de créditos”, la “publicidad abusiva o engañosa” y las “escasas o nulas acciones de educación financiera (tanto por parte del Estado como de las instituciones otorgantes de créditos)”, así como por “la existencia de oferentes de crédito que operan fuera del circuito formal”, que incluyen además “prácticas extorsivas o violentas”.
En la descripción se detalla que las cifras del problema son son alarmantes, lo que se ejemplifica señalando. Que en el año 2023, 1.905.155 personas físicas se encontraban registradas(…) en la Central de Riesgos Crediticios como poseedoras de créditos”, de las cuales “un tercio de los deudores”, que representa a casi “un cuarto de la población uruguaya mayor de 18 años, tienen algún problema de endeudamiento”.
Estar en situación de impagos, se explica, “resulta en altos costos y consecuencias muy negativas para las personas”, que en el caso de Uruguay, “además de limitar severamente el acceso a crédito formal, conlleva no poder acceder a garantías para el alquiler de viviendas, y también afecta la capacidad de realizar algunos contratos de servicios para el hogar”.
La magnitud del fenómeno, en función de “la información pública disponible no permite dimensionar de forma clara”, existiendo “diversas situaciones de endeudamiento que no están registradas, ya sea porque no reportan información al Banco Central del Uruguay (BCU) o porque se realizan en ámbitos informales”.
“Afrontar la búsqueda de soluciones no surgirá de una sola iniciativa, sino que requiere una batería de acciones que atienda la diversidad de factores y condiciones de las personas con un endeudamiento problemático”, se afirma por el gremio que acercó a los presidenciables una serie de propuestas para el abordaje del problema de sobreendeudamiento.
Estas propuestas son:
“Insistir en políticas de inclusión social, como la implementación de un plan potente de educación financiera y una política pública orientada al diseño, acceso y uso de servicios financieros que aporten al bienestar de la población.
Una política de ingresos acorde que permita a los hogares adquirir al menos una canasta básica de bienes y servicios.
Implementación de mecanismos focalizados específicos para las personas en situación de vulnerabilidad.
Plantear para algunos casos un mecanismo de “limpia sueldos”, reestructuras de deudas, la constitución de un fondo de garantía para reestructuración de deudas de sectores vulnerables.
Habilitar recursos para el fondeo a bajo costo de instituciones que participen de reestructuración de deudas y quitas para sectores con endeudamiento crónico.
Limitar el crecimiento de la deuda impaga de las personas, estableciendo, por ejemplo, que la deuda reclamada por todo concepto no podrá superar 120% de la tasa pactada al tomar el crédito sobre el capital prestado.
Comunicar a los deudores antes de ser reportados al Clearing de Informes, o el pasaje a la categoría de deudor irrecuperable en el BCU, y ofrecerle al deudor que compre su propia cartera antes de venderla a un estudio jurídico.
Creación de una mesa de trabajo entre el BCU y las instituciones financieras, para buscar solución a las personas vulnerables en situación de default” y “mejorar y transparentar la información referida a las tasas y costos que se pagan por parte de los usuarios del sistema financiero, así como una clara definición de los intereses vinculados a la usura”.