Los trabajadores, los vecinos organizados de Minas y los parlamentarios movilizados.
Paola Beltrán
El Directorio de ANCAP, con tres votos en cinco, aprobó el llamado a licitación para la industria del portland en un procedimiento anticonstitucional que implica la entrega del patrimonio nacional y la posible crisis de las economías locales.
Legislación vigente
El artículo 188 de la Constitución de la República establece que “para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los Directorios, se requerirán los tres quintos de votos del total de los componentes de cada Cámara. El aporte de los capitales particulares y la representación de estos en los Consejos o Directorios nunca serán superiores a los del Estado”. Más adelante, el mismo artículo especifica que “la ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, autorizará en cada caso esa participación, asegurando la intervención del Estado en la dirección de la empresa”.
Sin embargo, tal como lo denuncia la “comisión de vecinos en defensa de la industria cementera estatal y pública”, FANCAP y la bancada Parlamentaria del FA, tres integrantes de un directorio de cinco miembros, que son funcionarios designados definieron la entrega de la industria cementera arrogándose una potestad que no les compete y representando una voluntad soberana que no detentan.
Tal como expresó el senador José Nunes, en entrevista en el programa “Buscadores” de canal 5 “los directores, todas personas que respetamos mucho, pero son funcionarios designados, no son electos por el pueblo, los que son electos por el pueblo para representar al pueblo son los parlamentarios, entonces, los que tienen que resolver si enajenamos un patrimonio tan importante son los representantes del pueblo que son los que aprobaron, en su momento, la Ley de creación de ANCAP hace muchos años y le encomendaron al Estado desarrollar esta actividad; que luego fue refrendada por el pueblo soberanamente en dos referéndum”.
En el mismo sentido, el 7 de julio de este año fue presentada una minuta de comunicación por parte de la bancada frenteamplista solicitando “suspender el llamado a «Licitación Pública Internacional Nº 2600001900 – BÚSQUEDA DE UNO O MÁS SOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CEMENTO PORTLAND Y PRODUCTOS AFINES, ASÍ COMO DE CAL, EN LAS PLANTAS DE PORTLAND DE ANCAP (PAYSANDÚ, MINAS, MANGA) Y CEMENTOS DEL PLATA (PLANTA TREINTA Y TRES)».
En la exposición de motivos se señala que “La decisión de inicio del proceso ha sido recurrida por varios legisladores y legisladoras, primero ante el propio directorio del Ente y luego mediante la presentación de una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), al entenderse que lo actuado es violatorio de lo establecido en el artículo 188 de la Constitución de la República. En estos momentos se está a la espera del fallo del Tribunal” y deja de manifiesto que “no se han establecido garantías de continuidad de las y los trabajadores hoy afectados a las distintas plantas, ni se ha evaluado y previsto alternativas ante el impacto negativo que estas acciones pueden tener en las economías de los departamentos de Paysandú y Lavalleja. Existe, por tanto, como es esperable, una gran preocupación en las localidades involucradas y en el personal del organismo.”
La palabra del sindicato
EL POPULAR entrevistó al presidente de FANCAP Minas, Héctor Gobbi, sobre cómo vienen desarrollando el conflicto en torno al proceso de privatización de la planta cementera, al respecto señaló que “terminado un Consejo Federal, hemos decidido, no levantar ninguna medida. Vamos a seguir con todas las medidas que hemos llevado adelante en este conflicto, van a seguir habiendo medidas sorpresivas, van a seguir incrementándose todo tipo de medidas hasta que el Directorio y el gobierno entiendan que es necesario levantar el pliego como nosotros pedimos, que esto debe tener una discusión parlamentaria y que no puede pasar por una votación de un Directorio de tres votos a uno. Es grave, para nosotros, la entrega que están haciendo del patrimonio y de los recursos naturales de todas y todos”.
La licitación que era inminente sufrió un aplazamiento a solicitud de una de las empresas que se presentaron para poder realizar una oferta. Al respecto, Gobbi señaló que se enteraron por la prensa ya que actualmente no tienen diálogo con el directorio. Y denunció que “el jueves pasado el directorio nos hizo una amenaza de decretar la esencialidad por una medida que todavía no se había tomado y por el otro lado nos pidió que levantáramos todas las medidas por sesenta días y que ellos no iban a innovar en este proceso licitatorio por ese mismo período de tiempo” a lo cual el sindicato resolvió no tomar la medida para evitar el decreto de esencialidad, pero rechazó la solicitud de deponer las medidas por sesenta días.
La comunidad se organiza
Rodeando el conflicto que lleva adelante FANCAP, en la ciudad de Minas, se creó la “Comisión de vecinos en defensa de la industria cementera estatal y pública”. Una comisión que inicia cuando se abre el llamado a licitación y que es fundamental para informar, movilizar y empujar una voluntad popular que logre el objetivo de que esta privatización se discuta en el Parlamento, tal como establece la Constitución de la República.
Cecilia Rodríguez es una de sus integrantes y en diálogo con EL POPULAR explicó que
la fábrica de ANCAP es la segunda fuente laboral del departamento que, junto con Paysandú, tienen los mayores índices de desempleo, por encima del 10% y donde el incremento en relación con el año anterior también fue mayor.
“Esto no solamente era un tema que afectaba a los trabajadores de ANCAP, sino que afecta a toda Lavalleja por el hecho de que son casi trescientas familias, trescientos puestos de trabajo directos de ANCAP que invertimos nuestros ingresos acá. Entonces, no solo se van a ver afectadas esas familias sino los locales comerciales, los almacenes, las empresas que brindan servicios, las personas que viven de dar servicios personales como cuidado de niños, etc.”, explicó.
Desde la Comisión se realizaron varias actividades para dar a conocer la situación, una enorme caravana recorrió la ciudad el 19 de junio que culminó con un acto en la Plaza principal. Se reparten volantes en ferias, se realizan barriadas. En estas actividades se detectó que la gente no está informada.
Consultada sobre la respuesta de los vecinos y las vecinas al tomar contacto con la información que brinda la comisión, Rodríguez mencionó que “al principio no lo pueden creer y tampoco que el plazo sea tan poco. En segundo lugar, mucha gente no cree que pueda llegar a pasar y cuando logran entender hasta dónde puede llegar a tener la repercusión encontramos apoyo, los que se van enterando de lo grave de la situación se empiezan a mostrar preocupados”.
“Por supuesto también encontramos alguna gente, muy minoritaria, que nos insulta, que no está de acuerdo con que hagamos esto, pero la gran mayoría agradece la información y se muestra preocupada”, aclaró.
En cuanto a lo que implica esta “asociación” que, según la información disponible, no es más que una privatización maquillada, Rodríguez expresa el sentir de una comunidad al manifestar que “tenemos el honor de poder tener una cantera que vale millones de dólares, que tiene ochenta años para dar producción; que se entregue, para nosotros, es sacarnos algo que es nuestro, de todos”.
Rodríguez reconoce que por más que se movilicen en Minas, por más que la ciudadanía del lugar tome conocimiento y entienda la importancia de la defensa de la industria cementera estatal y pública, es necesario que el debate tenga un alcance nacional y para eso se requiere que “nuestros representantes” actúen en el Parlamento.
Como vimos, hay acciones parlamentarias por parte de la bancada del FA, hay acciones sindicales a través de FANCAP y hay movilización popular desde la comisión de vecinos, falta ver si habrá, esta vez, respeto, por parte del gobierno, por las instituciones democráticas y por la soberanía popular.
Foto de portada:
División Portland, Ancap, Lavalleja. Foto: Ricardo Antúnez / adhocfotos.
