Represión en Perú: dispone Fiscalía inicio de investigaciones contra Dina Boluarte y miembros de su gabinete

Desde este martes la Fiscalía de Perú dispuso una investigación por presuntos delitos de genocidio contra la presidenta Dina Boluarte y varios miembros del actual gabinete.

De acuerdo a lo informado, serán investigados además por presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves, todos ellos como resultado de las acciones realizadas durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023.

Además de Boluarte, se informó serían investigados el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.

De igual forma, el órgano anunció el inicio de una investigación contra Pedro Ángulo como expresidente del Consejo de Ministros y de César Cervantes como exministro del Interior.

La medida se aplica debido a «los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho», informó el medio de prensa digital El Público.es.

Desde el inicio de las protestas nacionales en diciembre pasado y como resultado de la represión emprendida contra ellas, se siuen verificando en el país un ascenso de las muertes.

«La represión contra las protestas populares sigue sumando muertes», consigna el medio de prensa que agrega que ya «se ha elevado a 18 los fallecidos en la ciudad de Juliaca, en la región altiplánica de Puno».

Desde que hace un mes se produjera el nombramiento de Dina Boluarte como presidenta se han reportado 46 fallecidos, de los cuales, 39 murieron como resultado de los disparos de las fuerzas policiales.

Para el gobierno peruano, «la Policía abrió fuego contra la multitud cuando unas dos mil personas intentaron tomar en la tarde del lunes el aeropuerto de Juliaca», en dicha instancia se contabilizaron 17 muertes y más de un centenar de heridos.

Organizaciones sociales vinculaas a las protestas han desmentido la versión oficial y señalaron que «no es cierto que todos los muertos se produjeran cuando intentaban tomar el aeropuerto»

Como resultado de la represión, se conoció que uno de los últimos asesinados por las fuerzas policiales fue un menor de 17 años.

El joven asesinado, reseña el medio de prensa, era estudiante del último año de medicina y fue «asesinado por una bala disparada por la Policía cuando estaba auxiliando a los heridos».

«Todos los fallecidos recibieron impactos de balas o perdigones. Fue una masacre», se señala con relación a los sucesos de Puno.

Las muertes verificadas en Juliaca, derivó en que oOrganizaciones como la Conferencia Episcopal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Unión Europea, las agencias de las Naciones Unidas en el Perú, expresaran su condena, al tiempo que exigieron al Gobierno detenga las muertes e inicie una investigación que permita sancionar a los culpables por la cruenta represión.

A pesar de ello, el gobierno se aferra a su versión de los hechos e incluso ha llegado a afirmar que los manifestantes son «terroristas» financiados «por el narcotráfico e intereses extranjeros».

La posición gubernamental respecto a los supuestos «intereses extranjeros» en las protestas, ha señalado al ex presidente boliviano Evo Morales a quien se le negó el ingreso al país.

Estas declaraciones fueron firmemente rechazadas por Morales que demandó «en nombre de la paz y la justicia social», el cese de «la masacre de nuestros hermanos del Perú».

En contraposición a estos pedidos de cese de la represión, el jefe del Gabinete ministerial, Alberto Otárola, amenazó con aumentar la misma.

«No vamos a cesar en nuestro empeño de recuperar el orden interno», anunció en un mensaje emitido el pasado lunes por la noche, cuando todo el país se hallaba conmovido por las muertes en Juliaca.

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