Río Negro: la disputa por las «fotomultas» de tránsito no concluye

El funcionamiento de los dispositivos que usa la intendencia de Rio Negro para el control de infracciones de tránsito fue nuevamente defendido por el intendente Omar Lafluf.

Desde hace semanas la intendencia ha recibido numerosas protestas y denuncias con relación a las llamadas “fotomultas” que realiza la empresa argentina Teslights.

Las denuncias derivaron en que el jerarca fuera llamado a comparecer ante la Junta Departamental, para que diera explicaciones, la comparecencia celebrada hace un mes tuvo una serie de repercusiones que dieron lugar a que se perdonaran 24.000, hecho que, de acuerdo al edil frenteamplista y exsecretario general de la intendencia,Álvaro Debali, era lo que había que hacer.

Sin embargo, añadió el edil, al ser consultado por la diaria, ello no significa que el tema haya muerto con dicha resolución y “seguramente”, consideró, el tema “tenga algunas derivaciones”, ya que, se espera por parte de la bancada del Frente Amplio “una serie de pedidos de informes que les permitan precisar una serie de detalles detrás de los hechos”, algo que estimó, pasaría en marzo.

De acuerdo a la diaria “la Intendencia de Río Negro recibió 18 millones de pesos por las infracciones registradas por los radares de Teslights”, sin embargo no indemnizará “a quienes ya abonaron”.

Para la comuna, las acusaciones “sobre el funcionamiento de los dispositivos son infundadas”.

Lo anterior, reseña el medio de prensa, fue confirmado por el propio intendente “quien explicó que una vez que se constataron denuncias vinculadas a una supuesta emisión de multas incorrectas” se “solicitó la asistencia de técnicos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev)”, que aseguraron “que el equipamiento operaba de acuerdo a lo esperado”.

“Las multas no cobradas”, dijo Lafluf, “se dividen entre 13.476 impagas, que no fueron ingresadas al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), y 10.739 que sí se registraron”.

Como resultado de ello, se aclara en el portal web de la intendencia, esta “no recaudará 66.521.486 pesos por estas infracciones.

En sus declaraciones a la diaria Lafluf, confirmó que la intendencia no cobrará este dinero y explicó que se decidió “finalizar la licitación acordada con Teslights porque se agotó el objeto del contrato”.

Esas multas dijo el intendente, “estaban bien cobradas, pero se venció la licitación abreviada” por lo que resolvió dar de baja a las multas no cobradas.

El jerarca detalló que la comuna pretende instalar nuevamente “cámaras de control de velocidad en el departamento, aunque esta vez puedan ser menos”.

Lafluf no descartó, informó el medio de prensa, que sean revisadas “las velocidades que la administración departamental utiliza para efectivizar las multas”.

Al referirse a las acusaciones por las fotomultas, el intendente aseguró que se había hecho “todo lo que que había que hacer”.

El intendente, reconoció, además la necesidad de “trabajar en otras áreas complementarias, como la cantidad de inspectores de tránsito disponibles” y agregó que estaba “dispuesto a dialogar con la Junta Departamental antes de proceder con la instalación del nuevo sistema”.

“No quiero volver a vivir esto, tampoco”, dijo Lafluf que valoró como positiva la forma en que se saldó la situación.

Consultado por el medio de prensa, Debali, dijo que lo resuelto no pone fin al problema ya que es necesario esperar a “ver qué va a pasar con las multas pagas” si se comprueba que “el equipamiento utilizado ingresó como contrabando”, algo que está siendo investigado por la Fiscalía, tras una denuncia presentada por un vecino.

Actualmente, añadió, se recopila la información pública sobre “todos los siniestros que ha habido en el departamento durante los últimos cinco años”, ya que se presume “que no hay ninguna relación general entre “los lugares donde hay siniestros y los lugares donde hay cámaras”.

“Lo que hay en aquellos lugares donde la comuna colocó cámaras en el pasado es tránsito” y, “por lo tanto, posibles infractores”, para Debali, lo que hizo el ejecutivo departamental fue “generar ingresos en sitios donde no había siniestros”.

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