Desde aportar más y jubilarse más viejo a ganar menos mediante un cálculo regresivo mientras crecen las AFAP.
Pablo Silva Galván
Trabajar más para jubilarse más tarde y con menos plata. Esa es la filosofía que subyace en el proyecto de reforma de la seguridad social que el poder Ejecutivo, con la firma de todos los partidos de la coalición multicolor, remitió esta semana al Parlamento. Dicha iniciativa recoge, en lo fundamental, las recomendaciones de la “Comisión de Expertos” que fueran respaldadas por los socios del gobierno pero expresamente rechazadas por el Frente Amplio (FA), el PIT-CNT y la Organización Nacional de Jubilados (Onajpu).
La reforma propone el aumento de la edad jubilatoria, la reducción de la tasa de reemplazo -el porcentaje de los mejores años para jubilarse- la que pasa de 56% a 45%, el aumento de años de aportes, extiende el sistema de ahorro individual. Además deja casi incambiada la situación de la Caja Militar ya que los cambios en el Servicio de Retiros y Pensiones Militares son mínimos.
En opinión del representante de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruíz, “estos factores provocan que en 2043 (primer año de aplicación plena del sistema propuesto), alguien que bajo el régimen actual se jubila con $ 36.000, con esta reforma se jubilará 5 años más tarde con $ 28.000 (unos $ 8.000 menos)”.
Tanto para la central de trabajadores como para las organizaciones sociales esta reforma no es integral y no es justa. No es integral porque no abarca a todo el sistema, es solo jubilatoria, y no es justa porque propone más años de trabajo y más aportes para terminar cobrando una jubilación menor. Además se elaboró sin dialogo.
Precisamente el PIT-CNT volvió a pronunciarse en contra del proyecto. En su reunión semanal el Secretariado Ejecutivo dejó en claro el carácter de la reforma al afirmar que el gobierno “beneficia a las AFAP; fomenta el lucro en la Seguridad Social al extender el sistema de ahorro individual privado a todas las Cajas y de forma obligatoria para todas y todos los trabajadores. Un sistema que ha demostrado ser un gran fracaso, perjudicando al Estado y a los trabajadores/as”.
Advierte que el proyecto contiene más de 50 artículos sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo, entre ellos uno que lo faculta a incrementar el IVA a los trabajadores que paguen con medios electrónicos.
Mantiene las mismas formas de financiación haciendo recaer el peso de esta en los trabajadores. No propone, como si lo hace el PIT-CNT, nuevas formas de financiación y mucho menos grabar al capital. En este sentido hay que recordar que los aportes patronales han bajado considerablemente en los últimos años y que un volumen importante de recursos se evade a través de las exoneraciones tributarias a las empresas, que pueden ir desde patrocinar un colegio, privado, o alguna fundación supuestamente altruista.
Hay que recordar que los trabajadores en actividad aportan un promedio del 15% de sus ingresos, mientras que los patrones lo hacen por el 7,5%, generando una situación contraria a lo que sucede en gran parte del mundo.
Por su parte Ramón Ruiz, fue claro al afirmar durante una entrevista, que se trata de una reforma que no solo es injusta, sino que constituye “un parche, porque es una reforma jubilatoria, no es una reforma de la seguridad social».
En este sentido recordó que el concepto de seguridad social va más allá del simple pago de jubilaciones y pensiones ya que abarca a la atención de salud, a personas con discapacidad, a niños, entre otras cosas.
Para Ruiz es una reforma “de recortes, porque los futuros jubilados, actuales trabajadores, van a cobrar menos jubilación. Lo que motivó esta discusión fue la sostenibilidad económica y financiera del sistema, pero esta propuesta no resuelve los desafíos de la seguridad social”.
A su juicio “no analiza adecuadamente lo que está pasando en el mundo del trabajo, la informalidad, el salario. Hay que analizar integralmente la seguridad social, no hay que ver solamente el aspecto jubilatorio. Esto es un parche y no se arreglan los problemas importantes de la seguridad social”.
Es por esta razón que entiende que en pocos años más “vamos a estar discutiendo otra reforma, donde seguramente, si seguimos con la misma receta, le van a pedir a la gente que trabaje más, que aporte más y que cobre menos”.
Argumentos similares a los usados ahora por los representantes del gobierno fueron usados en los 90 en ocasión de la reforma que introdujo el lucro privado mediante la creación de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP). En esa ocasión se mencionaba la necesidad de sostener financieramente el sistema, de aumentar la edad jubilatoria, de mirar al futuro. Curiosamente, uno de los impulsores de aquella reforma fue Rodolfo Saldain, quien fuera presidente del BPS durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), y que ahora encabezó la “Comisión de Notables”.
Ya en el Parlamento el proyecto tendrá un tratamiento que a juicio del Ejecutivo no debe ser largo. Tienen los votos para aprobarla. Pero al cierre de nuestra edición la Intersocial realizaba una movilización que, entre los puntos de su plataforma, tenía el rechazo a la reforma jubilatoria. El PIT-CNT anunció una movilización para mediados de noviembre. El FA discute hoy viernes el tema en la Mesa Política y anunciará su posición el lunes en un acto en La Teja.
