Pablo Da Rocha
El pasado martes, luego de agotarse prácticamente los plazos constitucionales, fue aprobado el Proyecto de Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2021. Como era de esperar, resultó ser absolutamente insuficiente para el panorama social que atraviesa nuestro país. Lo curioso, es que fue debatido en el marco de un desempeño económico positivo, muy por encima de las expectativas y estimaciones realizadas.
En efecto, si bien el Proyecto en la Cámara de Senadores sufrió algunas modificaciones, ninguna resultó ser significativa, más bien, las asignaciones adicionales obtenidas en Diputados, apenas reducen la brecha de caída en términos reales de las asignaciones presupuestales, recortadas bajo estos dos años de gobierno de coalición.
Lo más destacado de los cambios introducidos, está referido a la Universidad de la República, y a la denominada Ley de Medios (Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual), sin perjuicio, de otras modificaciones, que preocupan y oscurecen el cometido parlamentario, impidiendo un debate serio y responsable, que detallaremos más adelante.
En primer lugar, lo referido a la Universidad de la República (UdelaR). Hay que recordar que el Poder Ejecutivo, al principio, en el proyecto original, no destinó recursos para la principal casa de estudios de nuestro país. El debate político y las acciones emprendidas desde los distintos gremios, permitió que se contemplara -aunque levemente en virtud a lo solicitado- otorgándole una partida de 160 millones de pesos, con destino a horas docentes (para nuevas carreras y apoyo a la descentralización de la oferta educativa), esto tiene especial valor, teniendo en cuenta el peso de los grados 1 y grados 2 y sus bajos niveles salariales. Recuérdese, que en el año 2021, la UdelaR recibió más de 22 mil estudiantes más que el año anterior, mientras, el plantel de docentes se ha mantenido constante por falta de presupuesto; y con ello la dedicación docente se enfrenta a mayores exigencias, que lamentablemente atentan contra la calidad pedagógica, pues el fuerte incremento de la matrícula, frente a un cuerpo docente que no crece, provoca que la relación de horas docente por estudiante siga cayendo por cuarto año consecutivo (pasando de 1,77 a 1,54).
La Universidad aún se encuentra en negociaciones en materia salarial, cabe recordar que el IPC durante el año 2021 totalizó 7,96%, no habiendo los funcionarios públicos -incluidos por supuesto los docentes- recibido ningún ajuste por concepto de inflación esperada. El cambio de metodología incorporado en la Ley de Presupuesto afectó fuertemente la pauta salarial, provocando que el gobierno proponga una recuperación de apenas 2,9%.
En segundo lugar, en lo que refiera a la Ley de Medios, hay una modificación del artículo 56, que claramente atenta contra el interés público. Para entender, es necesario saber que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) modificó el criterio de ajuste para la prohibición de la propiedad cruzada de medios. Esta resolución, reduce -más bien, no obliga- al gobierno a otorgar permisos a los operadores de servicios de telecomunicaciones; cuando lo que se entiende -debiera ser- es la obligación del Estado por regular o buscar equilibrios entre operadores, sobre todo cuando presentan asimetrías en sus giros de negocio, pues de lo que se trata, es de asegurar y promover la libertad de expresión o «pluralidad de voces». Lamentablemente el resultado alienta y genera incentivos para la concentración de los medios de comunicación. Y, sobre todo, abre a los privados el estratégico rubro de la transmisión de datos golpeando duramente a ANTEL.
En tercer lugar, uno de los aspectos transversales que limitan, o eluden un requisito necesario para la discusión parlamentaria y aportes, es la transparencia de las fuentes y recursos. En otras palabras, un factor determinante para las asignaciones de recursos, es determinar, de dónde provienen, dicho de otro modo, cómo se financian (sobre todo para poder sostenerlos en el tiempo). Los recursos en general tienen distintas fuentes, algunas provienen de los tributos, otros de rentas generales. Esta información es relevante, no solo para determinar la suficiencia de los recursos (costos), sino también, sus flujos en el tiempo.
Lamentablemente -tanto desde el punto de vista político como técnico- el gobierno no solo no presentó «costeo» en las asignaciones, sino que además, en muchos casos, el gasto previsto no establece una fuente de financiamiento clara o sostenida en el transcurso del tiempo, tal es el caso de la compensación prevista para la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad, con un peso importante de los recursos para la UdelaR, donde se asigna una partida fija en función de la recaudación efectiva del año 2023, que como no se va a ajustar por tanto en el futuro, ni siquiera por la inflación, lejos de brindar certezas genera incertidumbre.
Desde la oposición se duda de la legalidad de esta «metodología», señalando que se vulnera el principio de constitucionalidad, ante el hecho que el Parlamento no incremente el gasto presupuestal, más bien aumenta créditos sin establecer origen o fuente de financiamiento. De acuerdo al informe presentado por la bancada del Frente Amplio, hay que «rastrear» para saber, cuando se trata de algo imprescindible para la transparencia. Prueba de ello, se sostiene, es la «partida mágica» que permitió el aumento salarial para policías y militares, es más, hay dudas de su financiamiento.
No parecen haber dudas que el gobierno especuló en esta Rendición en materia de recursos, aprovechando un «bolsón» de dinero para «negociar». Es al menos llamativo el uso elástico que tienen los recursos previstos para el pago de cánones por proyectos de Proyectos de Participación Pública Privada (PPP); o bien, estuvieron mal calculados, o bien se emplean para eventuales «contingencias». En cualquier caso, es al menos vidrioso, sin dudas poco transparente. Cabe consignar que dicho «inciso» cuenta con más de U$S 220 millones.
Así pues, esta Rendición no aprovechó el buen momento económico para mitigar los efectos de la pandemia, siendo más de lo mismo, insuficiente y por debajo de las necesidades. Seguimos con más de 70 mil pobres más respecto a 2019 (prepandemia), siendo uno de cada cinco, infantes. Se vuelve a desaprovechar el crecimiento económico para priorizar las metas fiscales, en lugar de preocuparse (y ocuparse) de las metas sociales. En ese marco de registros históricos de las exportaciones y depósitos en dólares en el exterior, en lo que va de 2022, seguimos requiriendo de la solidaridad, continuamos con más de 500 ollas populares; en las que concurren centenas de miles, es decir, se sirven más de 1.800 porciones mensuales. Es decir, que, lejos de aprovechar los recursos adicionales de un PIB en ascenso para corregir y mitigar los efectos sociales de la pandemia, solo sirvió para el enriquecimiento de unos pocos.
Este gobierno agudiza la brecha social, los ricos son más ricos, siendo los pobres, cada vez más pobres. Se logran las metas fiscales, a costa de perder en lo social. Los «malla oro» siguen festejando, en tanto, las necesidades urgentes de nuestro pueblo, brillan, pero por su ausencia.
Salud.
(*) Economista del Instituto Cuesta Duarte e integrante del equipo de “Valor!!”
Foto de portada:
Marcha desde la Explanada de la Universidad hacia el Palacio Legislativo, por mayor presupuesto en la UDELAR, en Montevideo. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS.
