Mientras los trabajadores pasaron de recibir un 41,5% del (Producto Bruto Interno) PBI en 2019 a un 40,3% en 2022, el capital aumentó su participación del 37,8% al 39,3%.
Pablo Da Rocha (*)
El pasado miércoles 15 de febrero las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizaron una presentación sobre la situación fiscal y perspectivas macroeconómicas de nuestro país.
La exposición estuvo a cargo de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la cual estuvo acompañada por el subsecretario, Alejandro Irastorza, la directora de Política Económica, Marcela Bensión y el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco.
La idea central de la presentación fue brindar un panorama general de cómo fue el desempeño económico de nuestro país durante el año 2022, poniendo especial énfasis en el resultado fiscal post-covid. En términos generales, adelantaron un fuerte crecimiento económico para el año 2022 -a pesar de la sequía de los últimos meses- y dieron cuenta del cumplimiento de las metas fiscales fijadas en el marco de la nueva institucionalidad que les dio la LUC, lo cual, permitiría avanzar en la actual agenda de reformas ya iniciadas, destinando mayores recursos para “áreas prioritarias”.
El ajuste de siempre
En esta nota intentaremos mostrar; por un lado, que haber alcanzado los objetivos de reducción del resultado fiscal, tuvo como contrapartida, un “ajuste” por el lado del gasto, principalmente explicado por una caída en los salarios y las jubilaciones. Por otro lado, mostrar que la prioridad del gobierno, por alcanzar resultados fiscales tiene un correlato negativo en términos distributivos, es decir, un deterioro social en aras de un mejor desempeño económico. Dicho de otra manera, la sociedad “al servicio” de la economía.
Empecemos –dada su relevancia- por el final. De acuerdo con un trabajo publicado en enero de este año por el Centro de Estudios “Etcétera” a cargo de Fernando Isabella denominado “Aproximación a los cambios en la distribución funcional del ingreso en Uruguay 2019-2022” queda evidenciada la pérdida de participación del conjunto de trabajadores (asalariados y autónomos) frente al capital en el PBI, en el orden de los 1.000 millones de dólares en el año 2022 en relación con 2019. Nos referimos a la masa salarial frente al capital, es decir, que mientras los trabajadores pasaron de percibir 41,5% del PBI en 2019 a 40,3% el PBI en 2022; la participación del capital pasó de 37,8% a 39,3%.
Cuando hablamos de distribución “funcional” del ingreso, nos referimos concretamente a cómo se “reparte” y se “apropian” las diferentes clases sociales del ingreso derivado de la producción.
Expresado con más sencillez, el resultado da cuenta de cómo, el capital creció mientras que el salario cayó, o sea, hubo una “transferencia” desde los sectores más pobres a los más ricos. El documento es más claro aún al afirmar que: “… se observa que, si bien para 2020 hubo una pequeña ganancia en la participación de las remuneraciones del trabajo, fruto de una caída del PBI más fuerte que éstas, a partir de 2021 la situación se invierte con creces. En particular para 2022, se observa que la pérdida expresada en dólares asciende a 827 millones para las remuneraciones de asalariados, mientras que, para el ingreso mixto, suma otros 178 millones, superando entonces, para el conjunto de los trabajadores, los 1.000 millones de dólares”.
Es indudable que esta (re)-distribución tiene implicancias en términos de bienestar, pues impacta directamente en las posibilidades de consumo de los individuos. De este modo, se hace mucho más sencillo, entender cómo operó el ajuste que permitió al gobierno cumplir con sus metas fiscales, pues se apoyan en la premisa que lo económico está por encima de lo social. Es la esencia misma del pensamiento liberal. Pero analicemos los datos que brindó el MEF al respecto para poder sacar algunas conclusiones.
Por supuesto que la presentación inicia con buenas noticias: el crecimiento del PBI en línea con lo estimado en la Rendición de Cuentas (RC), con una previsión de crecimiento para el año 2022 de 5,0%, resulta evidente que se explica en primer término por un sorprendente desempeño de las exportaciones, lo cual en palabras de la ministra permitió, continuar incentivando la inversión desde las políticas públicas y la generación de nuevos puestos de trabajo de calidad.
Los perdedores de siempre
No obstante, los claros y oscuros llegan cuando se refiere a los salarios. No solo surgen dudas en el uso de metodologías, sino y especialmente a sus conclusiones. Los trabajadores y jubilados vieron sin lugar a duda, caer su capacidad de compra durante los años de gobierno de coalición, recién experimentando levemente a partir del tercero una mejora, es decir, como señala el ministro de trabajo Pablo Mieres, recién se inicia el proceso de “recuperación” aunque cabe aclarar, que lo perdido no se recupera. Sin embargo, esta nota sin perjuicio a otras dedicadas al tema “salario” pretende enfocarse en el tema fiscal y revelar que el ajuste estuvo en sintonía con el pensamiento liberal de este gobierno.
Efectivamente la ministra Arbeleche aprovechó la oportunidad para jactarse de haber logrado los objetivos propuestos en materia de resultado fiscal sobre la base de una nueva institucionalidad que le fue conferida con la LUC, la recientemente creada “regla fiscal”.
El gobierno se propuso reducir significativamente el déficit fiscal (la diferencia entre ingresos y egresos públicos) a partir del cumplimiento de “tres pilares”: (1) el resultado fiscal estructural –sin efectos extraordinarios y corregido por el ciclo económico– que fue de un 2,6% del PBI, (cuando había un compromiso de -3,2%); (2) el crecimiento del gasto sin contar los intereses primarios que se había topeado en 2,3% y fue del 1,7%; y (3) el endeudamiento neto que fue de un poco más de 2.500 millones de dólares cuando se había permitido hasta 2.990 millones –el tope era menor- pero como suele ser habitual se pidió una autorización a la Asamblea General.
No hay dudas que reducir el déficit fiscal permite reducir los niveles de endeudamiento público, del mismo modo, que habilita liberar más recursos que pueden ser destinados para políticas sociales o “áreas prioritarias”. Justamente el tema no pasa por si está bien o mal endeudarse, en todo caso, para qué. Dicho de otro modo, si bien reducir el déficit parece significar un mejor uso de los recursos, no necesariamente lo es. Un déficit mayor puede ser resultado de mayores necesidades de recursos –aun siendo totalmente eficiente en su uso- en tiempos que la coyuntura económica no permite financiarlos por la vía de ingresos tributarios, como lo fue, por ejemplo, la pandemia.
Déficit social
Por lo tanto, reducir el déficit per se no es una gran noticia. Es más, destinar menos recursos, cuando más se requieren, puede significar lo contrario. Por eso de lo que se trata es de “desentrañar” cómo se logró reducir el déficit, dicho de otra manera, fue simplemente una mejora de la gestión, ¿o fue a costa de algún perjuicio social lograrlo?
Pues la respuesta es obvia: la mejora del resultado fiscal se logró por la baja del gasto público, y éste, fundamentalmente se debió, a la caída de salarios y jubilaciones y gastos no personales. No solo que hubo sobre cumplimiento en las metas fiscales, es decir, se liberaron más recursos de los previstos, sino que se hizo a costa de los trabajadores y jubilados. Es decir, hubo un ajuste.
Es decir, como de costumbre el gobierno brindo cifras macroeconómicas, o sea “grandes números” sin brindar cómo fue posible lograrlo. Anuncia el crecimiento del PBI, el aumento de las exportaciones o los ratios de inversión privada (proyectos presentados más bien) que auspician un crecimiento sostenido de la economía, pero nada, de cómo se traducen a mejoras en el bienestar.
De hecho, la ministra destino largos minutos para hablar del empleo, de la inversión o del déficit; pero prácticamente nada, en materia de pobreza o de distribución del ingreso. Otra vez la sociedad al servicio de la economía.
Por lo tanto, si tenemos en cuenta los datos oficiales publicados por el MEF, podemos observar una caída de más de 350 millones de dólares en remuneraciones, jubilaciones y gastos no personales. Si agregamos el estudio realizado por el centro de estudios “Etcétera” parece más que significativo que la explicación en la reducción del déficit recayó sobre las espaldas de los trabajadores (y jubilados), lo cual supuso una transferencia de estos sectores a los de mayores ingresos, lo que supone un deterioro en términos distributivos y, por ende, un empeoramiento en los indicadores sociales y de bienestar.
Nuevamente el ajuste operó sobre los sectores más vulnerables, sobre la clase trabajadora. Parece insólito, que se haya aprovechado la instancia de la presentación, para reforzar la misma idea, que esto permitiría la rebaja impositiva (IRPF y IASS) que anunciaría el presidente los primeros días de marzo en su discurso; cuando se sabe, que el 70% de los asalariados no pagan IRPF, por lo tanto, la rebaja es regresiva, porque sigue favoreciendo a los sectores de mayores ingresos.
Si te gusta el pensamiento liberal, dos platos.
(*) Economista.
Foto de portada:
Cosecha de soja en Florida- Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS.
