Este martes decenas de miles de trabajadoras y trabajadores se movilizaron en todo el país para expresar su rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno y los partidos que integran la coalición de derecha que lo sostiene.
En Montevideo se desarrolló una enorme marcha que ocupó más de 10 cuadras de Fernández Crespo y culminó con un acto con más de 40 mil personas frente al Parlamento. Hubo movilizaciones en todos los departamentos del país, con manifestaciones y actos, en ciudades y localidades de todo el territorio nacional.
La enorme demostración popular mostró en la calle lo que se había expresado en pronunciamientos hasta ahora: la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno no tiene consenso social. Hay una parte muy importante de la población, en particular las y los trabajadores, que la rechaza.
Esta es una constatación de gran relevancia. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece, como principio, que además no tiene nada de teórico, sino que se basa en la experiencia práctica acumulada por la humanidad toda, que cualquier reforma o propuesta referida a la Seguridad Social debe construirse en el marco de un diálogo social lo más amplio posible.
La razón es muy simple y fue destacada por Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, tanto en la oratoria del acto del martes como en la comparecencia en la Comisión del Senado un día después: la seguridad social involucra, casi como ningún otro tema, a toda la sociedad, a quienes trabajan y a quienes no; a todas las franjas etarias, desde las y los niños, hasta las y los adultos mayores; incluye desde la calidad del trabajo, hasta la atención de la salud, pasando por la maternidad, la atención a la primera infancia, los cuidados y un largo etc.
Un tema de esta magnitud y de este impacto, sobre la sociedad toda y sobre las condiciones de vida de toda la población, necesita, parece una obviedad decirlo, un grado de consenso social importante para cualquier medida que la afecte. Para lograrlo es imprescindible que en su elaboración y definición posibilite la más amplia discusión, contemple las diversas opiniones.
Y hay un elemento más: el propio concepto de seguridad social no es socialmente neutral. Los sistemas de seguridad social son una construcción política que buscan, conscientemente, corregir o al menos disminuir las denominadas asimetrías que genera el mercado, dicho de una forma más clara y sin remilgos, son un instrumento para disminuir la injusticia social y avanzar en derechos, deben apuntar a privilegiar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Los sistemas de seguridad social no tienen como objetivo dar ganancia o proteger a los sectores poderosos que concentran la riqueza. La seguridad social es universal por su concepción y su impacto, pero tiene como objetivo beneficiar, si beneficiar, a quienes menos tienen.
La lógica de mercado, de la competencia, de la ganancia y el lucro, es ajena, debe ser ajena, a la concepción de la seguridad social, porque esta nace para hacer frente a las injusticias que aquella genera.
Hay otro aspecto sustantivo. Los avances en materia de seguridad social, es decir los derechos reconocidos y afirmados para la mayor cantidad de gente posible, siempre surgieron de la lucha popular y enfrentaron la resistencia de los sectores poderosos.
Los derechos que la seguridad social reconoce y hace efectivos, son fruto de la lucha popular, de una larga acumulación histórica. En nuestro país abundan ejemplos como las asignaciones familiares, las pensiones por discapacidad, enfermedad o viudez, el seguro de paro.
Lo mismo vale para conquistas más recientes como la licencia por maternidad y paternidad, las medidas especiales para hacer posibles los derechos jubilatorios para quienes trabajan en condiciones de precariedad, como las trabajadoras domésticas o los trabajadores rurales. O la computación de un período de tiempo por hijo a las mujeres. O tantos otros avances que se consiguieron en estos últimos tiempos, fruto de la lucha del movimiento popular, y, en estos últimos casos, de la confluencia con la acción de los gobiernos del Frente Amplio.
Hemos hecho consideraciones del contenido de la reforma, en el editorial anterior y en otras notas, lo seguiremos haciendo, pero las formas hacen al contenido y es necesario señalar con fuerza esta conclusión, que miles de trabajadores y trabajadoras refrendaron en la calle: la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno y la coalición de derecha tiene un alto nivel de rechazo.
Hay algunos elementos más que abonan esta conclusión. Diálogo Social no hubo, ninguno, solo una Comisión de Expertos, que, además, en sus conclusiones y recomendaciones solo reflejó lo que propusieron los expertos afines al gobierno. Una barbaridad.
Se han pronunciado en contra de la reforma el PIT-CNT, ONAJPU, todas las organizaciones que integran la Intersocial, pero también gremiales empresariales, asociaciones profesionales, de hecho, los tres representantes sociales en el Directorio del BPS, el de las y los trabajadores, el de las y los jubilados y pensionistas y el de las y los empresarios, se pronunciaron en contra.
Es indefendible que el gobierno siga impulsando “su” reforma, hecha a medida de algunos empresarios, los grandes, en particular de las AFAP, que ven generalizada su presencia a todos los ámbitos de la seguridad social y que consiguen que la afiliación a ellas sea obligatoria para todas y todos los trabajadores, ganen lo que ganen. Insólito, y después hablan de libertad individual y competencia, cuando legislan para fortalecer un oligopolio privado y especulativo, que se beneficia con el acceso a cientos de millones de dólares, fruto del trabajo y el esfuerzo de cientos de miles, durante décadas, para especular con ellos.
Se puede intentar disfrazar con relatos y avisos publicitarios esta reforma, como si fuera beneficiosa para alguien más que para los poderosos, pero la verdad es otra. Como si el propio contenido de la reforma no alcanzara es imprescindible señalar que esta es parte de la política general del gobierno de derecha para beneficiar a los “malla oro”. Esta reforma jubilatoria, viene con el ajuste salarial, el recorte presupuestal a salud, educación y vivienda, el retroceso de décadas en las relaciones laborales con la ley que modifica la negociación colectiva, la privatización del agua con el proyecto Neptuno y el beneficio a un reducido oligopolio de empresarios mediáticos y el golpe a ANTEL de la nueva Ley de Medios. Es todo eso.
La necesidad que tiene la sociedad de ser escuchada, no lo ha sido hasta ahora, quedó demostrada con las decenas de solicitudes de organizaciones de todo tipo para ser recibidas por la Comisión Especial del Senado que analizará la reforma jubilatoria.
Por eso es tan importante la enorme movilización de este martes. Porque demostró el grado de rechazo social que tiene esta reforma jubilatoria. El PIT-CNT planteó la necesidad de un diálogo social en serio; que la reforma a plantearse sea integral, es decir aborde todos los múltiples aspectos de la seguridad social y garantice derechos, no los recorte; y, además, que plantee medidas para resolver el problema de financiamiento del sistema, que aporten más lo que tienen más, que se termine con la situación, de las pocas en el mundo, en que los trabajadores aportan el doble que los empresarios, 15% contra 7.5%.
El PIT-CNT también planteó un desafío al gobierno. La central sindical, el Instituto Cuesta-Duarte y el Equipo de Representación de los Trabajadores en el Directorio del BPS, basándose en datos del propio BPS y estudios muy serios, afirman que en cualquiera de las franjas salariales actuales el proyecto de reforma jubilatoria implica trabajar más, aportar más años y cobrar menos jubilación. El gobierno dice que es mentira, pero no aporta ningún estudio ni cifra.
El PIT-CNT desafió al gobierno a que demuestre que no es así. Hasta que ello no ocurra, diremos con convicción, esta reforma es regresiva, recorta derechos, no resuelve los problemas de financiamiento del sistema, fue hecha de espaldas a la sociedad, beneficia el lucro y la especulación de las AFAP y su consecuencia práctica es que las y los trabajadores tendremos que trabajar más años para cobrar menos jubilación. Hay que construir la acumulación social y política que impida este retroceso.
