Según consignó Montevideo Portal dos coroneles, que fueron directores del Servicio de Parques del Ejército (Sepae), firmaron contratos irregulares con una empresa privada.
Los contratos, tuvieron como concepto, explica el medio de prensa, el “manejo silvicultural en el Parque Nacional de Santa Teresa”.
En la maniobra estaría involucrado, además, quien fuera jefe de la División Forestal del Sepae, Paul Romero. Los contratos, detalla Montevideo Portal, fueron firmados “el 1º de julio de 2020 y el 10 de mayo de 2021”.
Dichos contratos tiene carácter de irregular ya que no contaron con los controles existentes y previstos para su aprobación. Ello significa, que nunca fueron comunicados al “Ministerio de Defensa y al Tribunal de Cuentas para la aprobación del negocio entre las partes”.
Los documentos, a los que accedió el medio, establecen “que la empresa privada se comprometía a cortar trozas de eucalyptus selectiva, limpieza de alambrados, de líneas de alta tensión y extracción de árboles secos, mejorar los caminos para transitar y evitar riesgos de propagación de incendios, limpieza y ampliación de cortafuegos y la correspondiente regeneración natural”.
Como contraparte, “el Sepae, que depende del Ejército a través del Comando de Apoyo Logístico, debía permitir la entrada al Parque de Santa Teresa tanto al personal como la maquinaria de la empresa privada para poder hacer la tala selectiva y poda de árboles”.
Al finalizar dicho proceso, se permitía que la empresa cortara la leña y negociara “con los coroneles a cargo del Sepae un precio a pagar por esta”.
La documentación permite afirmar que “en la mayoría de los casos (…) se pagó US$ 400 por las 25 toneladas, lo que equivale a un camión de dos acoplados”. Fueron transacionados, se detalla, “21 camiones entre mayo de 2021 y setiembre del mismo año”.
Ello significa que la mencionada empresa “pagó al Sepae alrededor de US$ 10.000, suma que fue recibida por Paul Romero en representación del organismo del Ejército”.
La maniobra fue informada al ministerio de Defensa sobre finales del 2021, por lo que, desde la cartera se dispuso “una investigación administrativa, que estableció que era necesario cambiar las autoridades del Sepae con el fin de evitar que la situación continuara”.
A partir de los resultados de la investigación se dispusieron “las sanciones correspondientes”. La intervención de las autoridades de Defensa, determinó que “la leña que estaba cortada y que el privado esperaba llevarse quedó apilada en el Parque Santa Teresa”.
“En total”, se subraya, “hay 2.500 toneladas”, en el predio.
En función de la situación, la empresa inició “una demanda por rescisión de contrato y daños y perjuicios por una suma mayor a los US$ 500.000”.
