El exrepresentante del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos (ONU), Denis Racicot afirmó que el juicio que se seguirá por la causa Golpe de Estado II contra la exsenadora Jeanine Áñez “se caracterizará por las tensiones sociales y políticas”, pero a pesar de ello afirmó, es importante realizarlo.
“No estará libre de tensiones sociales ni políticas, pero es urgente realizarlo y generar justicia para las víctimas provocadas durante la administración de facto”, enfatizó el exrepresentante de Naciones Unidas
El juicio contra la usurpadora Áñez que debió comenzar ayer, fue suspendido por el Tribunal de Sentencia Primero de La Paz y determinó que el mismo se realizará el próximo lunes 4 de abril.
De acuerdo a Prensa Latina (PL) la determinación judicial se produjo “debido a que la imputada sufrió una crisis de ansiedad” por lo que fue atendida por personal médico en el reclusorio femenino de Miraflores, donde se encuentra detenida preventivamente.
En declaraciones al canal estatal Bolivia TV, Racicot “subrayó que en el país altiplánico se sigue la tendencia en los diferendos judiciales de provocar incidentes con el objetivo de ganar tiempo”, algo que, agregó “parece ser lo que está ocurriendo en el caso Golpe de Estado II”.
Para el experto “es imprescindible cumplir el debido proceso”, a pesar de lo cual, añadió “el inicio del juicio no puede tardar más (…), es histórico, se da en condiciones nuevas, porque Bolivia fue escenario de un experimento, de una nueva forma de golpe”.
La necesidad del juicio subrayó, está avalado por la conclusión de diversas instituciones internacionales, entre las que mencionó “a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinarito de Expertos Independientes, la Oficina del Alto Comisionado, el Comité para la Prevención de la Tortura y el relator especial para la independencia judicial”, así como por otras “estructuras de la Organización de Estados Americanos y de la ONU”, quienes consideran que la justicia debe prestar urgente atención a las víctimas de las masacres y otras acciones represivas violatorias de los derechos humanos ocurridas durante la usurpación del poder por Áñez y sus secuaces en Bolivia.
