Gastón Grisoni (*)
Aunque les dé vergüenza reconocerlo públicamente, el proyecto de ley presentado por la senadora Carmen Asiaín, está hecho a medida para beneficiar a los terroristas de Estado encarcelados, para contentar a Cabildo Abierto y a los nostálgicos de la dictadura que integran la coalición gubernamental. La iniciativa ya había sido planteada, de una manera más grosera y abierta, al comienzo de la legislatura, por los senadores de Cabildo Abierto. En su momento supo levantar enormes resistencias, incluso entre integrantes de la coalición gubernamental.
Además de plantear otras cuestiones, subsanando gruesos errores gubernamentales cometidos cuando se aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC), el actual proyecto a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado permite que los terroristas de la dictadura encarcelados, de oficio y sin más trámite puedan pasar a gozar de prisión domiciliaria evadiendo los castigos judiciales establecidos por las leyes.
Un proyecto vital para Cabildo Abierto
Al comienzo de la legislatura, la coalición gubernamental le mantuvo los fueros al senador Guido Manini Ríos para evitar que fuera procesado o formalizado por la justicia, como correspondía. Seis generales declararon en su contra. Quedó en evidencia que siendo comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos encubrió a José Nino Gavazzo al no denunciarlo ante la Justicia cuando reconoció el crimen de Roberto Gomensoro Josman en marzo de 1973. Desde ese momento, éste se ha consagrado a satisfacer las necesidades apremiantes de sus apoyos primarios, y, también, a regar su propia candidatura presidencial de cara a las elecciones del próximo año.
La constante movilización popular contra la Impunidad desplegada por las organizaciones de DDHH, sociales, sindicales y buena parte del sistema político, permitió horadar en primera instancia la muralla erguida en torno a los terroristas de Estado, hasta terminar agrietándola definitivamente. Con el aporte indudable de una Fiscalía especializada en crímenes de Lesa Humanidad, con un equipo solvente y muy capaz desde el punto de vista profesional y comprometido con la causa de la justicia, en los últimos tres años, unos 60 represores de primer nivel han sido procesados y formalizados. En todos los casos lo fueron por su participación directa, personal y comprobada en números episodios de graves violaciones a los derechos humanos mientras eran parte de los servicios represivos y que no han sido tipificados como tales por los jueces actuantes.
La impunidad para los golpistas y los integrantes de los cuerpos represivos, consagrada en diciembre de 1986 mediante la Ley de Caducidad, a golpes movilización popular, se ha venido desmoronando. Ante la imposibilidad de reimplantar la Caducidad, ante el inevitable desenlace de nuevos pronunciamientos judiciales, Cabildo Abierto ha apostado todas sus fichas, presionando a algunos de sus aliados, incluso, para aliviar al máximo sus condiciones de reclusión.
Nada de pobres viejitos
El proyecto señala expresamente que no podrán beneficiarse de la ley quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, para hacerlo más presentable ante los ojos de la ciudadanía. En nuestro país, debido a circunstancias históricas muy lamentables, no existen represores de la dictadura a los cuales se les haya tipificado dichos delitos. Todos los procesados lo han sido con delitos propios del Código Penal.
Si se llega a aprobar, el beneficio de la prisión domiciliaria obligatoria beneficiará a los represores que se encuentran recluidos en Domingo Arena y en la Guardia de Coraceros en la actualidad. También a los que sean procesados o formalizados en el futuro.
Los delitos que se les han imputado y por los cuales permanecen detenidos son el secuestro, la detención y la desaparición forzada de decenas de ciudadanos, el asesinato de diferentes maneras de más de doscientas personas, la tortura aberrante a miles de uruguayos, tratos crueles e inhumanos, violaciones y abusos sexuales a centenares de prisioneras, el secuestro y apropiación de niños, entre otros delitos.
Ningún beneficio para los peores criminales
La experiencia internacional ha puesto de manifiesto que la investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos es el camino indicado a recorrer si se pretende que las mismas no vuelven a repetirse. El enjuiciamiento y la sanción penal es una necesidad de la sociedad apostando al futuro, al afianzamiento de la institucionalidad democrática. Pero es también un derecho de las propias víctimas y de sus familiares sobrevivientes.
Otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria de una manera obligatoria es una manera evidente y notoria de aliviar el castigo que las leyes vigentes imponen a las personas halladas culpables por la justicia. Aunque se invoquen razones humanitarias o se pretenda encubrir en frases tales como evitar el incremento del punitivismo, Germán Aller dixit, se está interfiriendo con la justicia penal y modificando, de manera sustancial, aliviando al máximo, el castigo penal.
En el caso uruguayo, además, los represores del terrorismo de Estado se encuentran recluidos en condiciones que son la envidia de los miles de personas que también están privadas de su libertad en nuestro país, con cárceles hiperpobladas, con hacinamiento y múltiples carencias en todos los planos. Versiones de prensa nunca desmentidas han señalado que los detenidos en Domingo Arena cuentan con un coronel en actividad que concurre diariamente al establecimiento a los efectos de conocer sus necesidades.
Si el actual proyecto de ley llegara a ser aprobado por el Parlamento, será un importante retroceso en la calidad de la democracia. Se estará legislando para aliviar la situación carcelaria de los terroristas de Estado. La movilización por desarrollar de cara a este próximo 20 de mayo junto a Madres y Familiares será un jalón importante para detener este atropello a la razón.
—————
(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
Foto de portada:
Guido Manini Ríos en la Plaza de Armas del Comando General del Ejército. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS.
