El aumento del capital uruguayo en el exterior.
Por Rodrigo Gorga (*)
El pasado 27 de mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió a un pedido de informes presentado por el diputado del Espacio 1001, el economista Bruno Giometti. La solicitud apuntaba a dos temas clave: el gasto tributario —es decir, las renuncias del Estado a recaudar impuestos mediante exoneraciones y deducciones— y el volumen de depósitos e inversiones financieras en el exterior por parte de agentes residentes en Uruguay, es decir, los pertenecientes a personas físicas o jurídicas que desarrollan sus actividades económicas en nuestro país.
Los datos proporcionados completan el cuadro de situación actual. Y lejos de contradecir —o siquiera matizar— las preocupaciones que diversos actores han planteado sobre un escenario de estancamiento, refuerzan la sensación de que se avecinan debates profundos sobre el rumbo estructural de la economía uruguaya.
Prendan los motores
Como mencionábamos la semana pasada, el escenario económico actual es definido por las autoridades como “desafiante”, no solo por el complejo contexto internacional, sino también por causas internas: un crecimiento económico débil y sostenido en la última década. Los motores del crecimiento parecen estar sin gasolina. Los datos que presentamos hoy no son para nada ajenos a esta discusión.
El análisis de la evolución del capital uruguayo radicado en el exterior es clave por múltiples razones. Una de ellas es su vínculo con el crecimiento económico. De forma simplificada —pero fiel al espíritu de la teoría—, el dinamismo de una economía depende de tres factores: el capital físico (maquinaria, infraestructura, edificios), la fuerza de trabajo (tanto en cantidad como en capacidades) y la tecnología. Este último elemento refiere a cómo se combinan los anteriores y suele impulsarse a través de la inversión en ciencia, investigación e innovación.
En este marco, la existencia de capital financiero acumulado no garantiza crecimiento. Lo que importa es hacia dónde se canaliza: si se invierte en capital físico, en educación o en tecnología, entonces puede motorizar el desarrollo. Pero si ese capital se fuga o se inmoviliza fuera del circuito productivo, pierde capacidad dinamizadora.
Por eso resulta relevante observar la evolución de los depósitos y otras inversiones de agentes residentes en el exterior: se trata de ahorro —excedente— que no se reinvierte en el país, sino que se coloca en forma de activos externos. Estos pueden ser depósitos bancarios, bonos soberanos o participaciones en fondos de pensión extranjeros.
El siguiente cuadro muestra el saldo de estos activos, tal como fue reportado en la respuesta oficial del MEF al diputado Giometti:
| Período | Saldo en U$S |
| 2019 | 27.170.961.279 |
| 2020 | 49.435.654.379 |
| 2021 | 54.792.681.662 |
| 2022 | 46.433.093.631 |
| 2023 | 61.862.093.952 |
Fuente: Respuesta del MEF al pedido de informes de Bruno Giometti
Como se observa, a partir de 2019 el capital acumulado en el exterior da un salto significativo: se duplica, pasando de 27 mil millones a cerca de 50 mil millones de dólares. La cifra de 2023 —que supera los 60 mil millones— carece de mayores desagregaciones, la igual que toda la información del cuadro, lo que obliga a interpretarla con cautela. Aun así, las magnitudes son contundentes. Para un Producto Bruto Interno de unos 80 mil millones de dólares, el capital colocado fuera de fronteras equivale a más del 63% del PBI. Una cifra enorme para una economía como la nuestra. Cabe, claro, recordar que se trata de un stock acumulado, mientras que el PBI representa un flujo anual.
Mientras el país enfrenta estancamiento productivo y bajo dinamismo inversor, una porción creciente del ahorro —particularmente de los sectores de mayores ingresos— se canaliza hacia el exterior. No encuentran oportunidades, ni confianza, ni incentivos para reinvertir en el país.
Ahora bien, la política económica del anterior gobierno no fue indiferente a esta problemática, aunque como hemos visto bastante ineficaz en conseguir sus objetivos. Según los mismos datos del pedido de informe, el gasto tributario (exoneraciones, deducciones, etc) ascendió al 6,8% del PBI en 2023, un aumento del 23% respecto a 2019. Aunque la actual administración prevé actualizarlo durante este año, reconoce que única evaluación oficial del régimen de incentivos fiscales a la inversión data de hace más de una década. Evaluando así, los resultados no deberían sorprender.
(*) Economista.
