Van 13 fallecidos por siniestros laborales en 2025; el SUNCA paró y reclama una Ley Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El SUNCA paró y se movilizó en todo el país el miércoles denunciando el incremento “inaceptable” de los siniestros laborales y levantando la propuesta de una nueva normativa que recoja todos los avances logrados y termine “con la cultura de la impunidad en el trabajo”.
El SUNCA se movilizó en todo el país, hubo actividades en los 19 departamentos. En Montevideo se instaló una carpa en la Plaza 1º de Mayo donde, durante toda la jornada, se llevaron adelante talleres y debates.
En diálogo con EL POPULAR, Javier Díaz, secretario general del SUNCA y vicepresidente del PIT-CNT afirmó: “El crecimiento de los accidentes laborales en Uruguay es inaceptable. Para nosotros, Uruguay lo que debe resolver hoy es si se para del lado de la impunidad o si consolida un marco normativo orientado, principalmente, a la protección de las y los trabajadores. Hoy las condiciones laborales en el Uruguay presentan riesgos que son significativos, con un nivel de siniestralidad laboral preocupante, especialmente en la construcción, a esto se suma una preocupación creciente especialmente en los aspectos de la salud mental”.
“Por eso consideramos prioritario que Uruguay construya una Ley Nacional Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una normativa que recoja todos los avances conquistados a lo largo de la historia para combatir la siniestralidad laboral en el Uruguay, esto es desde principios del Siglo XX, con la construcción del Banco de Seguros del Estado (BSE); con la primera ley, hace más de 100 años, la 5.032; más los avances como la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial y otros instrumentos de los últimos años”, indicó.
El dirigente sindical explicó que “en Uruguay entre el 2014 y el 2019 la tasa de lesiones no mortales por accidentes de trabajo disminuyó en un 20.8% y los siniestros mortales se redujeron en un 37.3%. Eso es inmediatamente después de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, de las movilizaciones, de la creación de otros instrumentos y de colocar el tema de la siniestralidad en el trabajo en el centro de la discusión pública. Esa es la lógica en la que se debería continuar. ¿Cuál es el problema?: Que Uruguay venía de un proceso de avances, fruto de la movilización de la lucha, de las propuestas de las y los trabajadores, se construyeron leyes y otras normas, también el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASSAT), que es el ámbito de negociación en materia de seguridad y salud laboral, pero claramente eso cambia a partir de la pandemia. A partir de 2021, en una lógica donde el Estado no solo se retiró de atender los problemas de la gente, sino que también de los temas de seguridad y salud en el trabajo, comienzan nuevamente a crecer los accidentes de trabajo, tanto no mortales como mortales”.
“Hoy los números son alarmantes y requieren de medidas un tanto más duras. Por ejemplo, en el 2023 quedaron 838 trabajadores y trabajadoras con discapacidad permanente, producto de accidentes en el trabajo. En el año 2024, según los números registrados del BSE, hubo 40 mil accidentes, pero si le sumas los no registrados estás arriba de 50 mil, un 15% fueron en la construcción, estos es que en el 2024 estuvimos en el entorno de 6 mil accidentes de trabajo en la industria de la construcción. En lo que va del 2025, solamente en la industria de la construcción, llevamos ya 13 accidentes mortales”, insistió.
“Pensamos que estamos en un momento donde es muy oportuno, y necesario, poner estos temas en el debate público. Estuvimos la semana pasada en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado y el 1º de octubre vamos a ser recibidos por la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. También hay senadores y diputados que están trabando en este sentido, en el de poner en debate de la sociedad y del Parlamento una Ley Nacional Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo” afirmó Díaz.
Consultado sobre cuáles son los puntos más importantes que debería recoger esta ley, señaló: 1) Las campañas de sensibilización, tiene que haber una política específica, planes por rama de actividad. Esta discusión se debe dar en el marco del Derecho a la Información, porque tienen que ser campañas de alcance nacional y no tienen que estar limitadas por la capacidad de cada gremio o sector para hacerlas. 2) La formación, todo el mundo está de acuerdo en que exista formación en materia de salud laboral, pero ni siquiera tenemos un registro de lo que se ha hecho o hacemos; ¿en cuántos centros de trabajo se recibió capacitación sobre salud laboral en este año? Hay que revisar, sistematizar y ampliar. Debe haber programas concretos, donde participen el INEFOP, la Cátedra de Salud Laboral, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y la formación en esto no puede ser opcional, no puede dar lo mismo si se hace o no se hace. Debe haber una concentración del esfuerzo en formación en los lugares donde más siniestralidad haya. 3) La fiscalización, hoy Uruguay tiene menos de 90 inspectores de trabajo, incluso en el 2019 tenía más, eso da 0,62 inspectores cada 10 mil cotizantes a la Seguridad Social y tenemos 1 médico especializado en salud laboral cada 22 mil trabajadores. Estos números son claramente insuficientes, no solo para atender las denuncias, sino para poder trabajar en la prevención. Esto es clave, por eso planteamos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados la posibilidad de una reasignación de recursos, para poder contratar más inspectores y para que estos tengan posibilidades de movilizarse, de recorrer. 4) Integrar o generalizar normas de seguridad laboral que son conquistas en algunos gremios o ramas y que han demostrado su eficacia. Por ejemplo, en la industria de la construcción tenemos el Decreto 125/14, que acaba de cumplir 11 años, y determina que el delegado de Seguridad tiene potestades para detener la tarea o un sector de la obra en caso de riesgo y hay todo un procedimiento para esa actuación. 5) Revisar el Servicio de salud ocupacional. A partir del año 2014 cuando se aprueba la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, claramente una herramienta que ayudó a reducir la siniestralidad laboral hubo otro efecto que fue se contrataron más técnicos prevencionistas, hubo más consultas al MTSS, etc., pero hay cosas a mejorar. Hay que trabajar sobre el régimen de presencia, los técnicos prevencionistas en los centros de salud deberían tener más carga horaria. Hay que revisar su independencia laboral, es decir, que ya no sean contratados por la empresa, sino por el Estado o alguna otra forma. 6) Hay que abordar los riesgos psicosociales y de salud mental en el mundo del trabajo. 7) Revisar el papel del BSE, la ley prevé que se tienen que investigar los accidentes. Cuando hay un accidente de tránsito se cerca la zona, viene la Policía Científica, se hace una investigación en profundidad, lo que está muy bien, pero eso no pasa en el mundo del trabajo. Decíamos que en el 2023 hubo más de 800 trabajadores que quedaron incapacitados de por vida por accidentes de trabajo, el resultado de esas investigaciones terminó siendo un número estadístico. Si no hay investigación en profundidad del siniestro, que se pueda constatar si hubo dolo o negligencia, violación a la normativa o a los convenios colectivos, a la Inspección General de Trabajo le llega un número. Ante la falta de esta investigación, que permita luego hacer la denuncia si corresponde, lo que empieza a crecer es la cultura de la impunidad. 8) Creemos que es necesaria la creación de una Fiscalía Especializada o que se instruya a los fiscales sobre el tema de la seguridad en el trabajo y las normas vigentes. 9) Vincular el registro de empresas infractoras con la posibilidad de exoneraciones fiscales y participación en licitaciones. Tenemos desde 2005 un registro de empresas infractoras, lo tenemos que revisar, ni siquiera se registran las empresas se pone la razón social, alcanza con que paguen la multa y salen del registro. Debería considerarse cuando piden exoneraciones fiscales, no puede ser lo mismo violar la normativa de seguridad laboral o no. Lo mismo para participar en licitaciones para obras con el Estado o de compras públicas, no se puede considerar igual a una empresa que cumple las normas que una que no. Pensamos que sería bueno que el registro de empresas infractoras tengo un control social.
“En el 2014 en nuestro país poner la vida de un trabajador en peligro no era delito, Uruguay resolvió, a través de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que poner la vida de un trabajador en peligro pasaba a ser delito. Uruguay en ese momento dejó de pararse del lado de la impunidad y se paró entre los países más avanzados. Hoy se trata de lo mismo, está creciendo una cultura de la impunidad en el mundo del trabajo que hay que enfrentar. Por eso creemos que es imprescindible este nuevo marco normativo que proteja a los trabajadores, que dignifique el trabajo y que quienes violen las normas no queden impunes”, concluyó Díaz.
Preocupación
El diputado del MPP y el Frente Amplio, Gabriel Otero fue uno de los invitados a debatir sobre la situación denunciada y las propuestas del SUNCA, durante el paro en la carpa instalada en la Palza 1ª de Mayo y en el inicio de su alocución saludó la iniciativa del sindicato de la construcción. “Estamos ante cifras terribles, toda muerte nos debe sensibilizar y preocupar. En el quinquenio pasado aumentaron de manera horrorosa las muertes de los trabajadores rurales, donde hablamos de situaciones cuasi de explotación en el interior del país, que superaron las 20 muertes en el quinquenio pasado. Por eso deberíamos tener un protocolo de acuerdo a las condiciones del trabajador rural”, apuntó.
“Tenemos un déficit de más de 50 inspectores generales, el objetivo es aumentar la inspección general. En el interior es peor. Aspectos que van de la mano de la seguridad de los trabajadores, de la seguridad de sus vidas, pero también de la garantía para estar sindicalizados. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores del transporte cuando sacaron el SITRAC, comenzaron a haber accidentes de tránsito y trabajadores que se dormían al volante. Vaya si será importante tener una legislación vigente que apunte al control”, opinó el legislador.
“El Estado tiene que estar comprometido desde todas las áreas. En este presupuesto el Ministerio del Interior planteaba el compromiso que hay de trabajar sobre las escenas de los accidentes, las escenas son importantes sino como aprendemos, dónde estuvo el error, qué falto ¿Hubo algún error en el cuidado en el armado del andamio? ¿El camión había pasado por los controles necesarios?
No me quiero olvidar de los accidentes mortales que tuvieron los trabajadores en los tambos, en empresas cuasi multinacionales con descuidos tremendos en temas de seguridad”, recordó.
“Hoy en día hay un pedido y comparto de una Fiscalía específica en este tema. En el mientras tanto podemos empezar a formar a los trabajadores del sistema judicial, de la Fiscalía para que no sea un trámite. Para que haya una investigación profunda y un seguimiento. El camino está más que claro, hay que profundizar”, agregó Otero. Hay que sancionar a la empresa, penalizar a los dueños de las empresas si hay responsabilidad en el accidente. Creo que, además de penalizar a las empresas hay que ir al hueso, porque somos hijos del rigor y hacia ahí hay que avanzar y quédense tranquilos que nadie se va a ir. Hay margen para mejorar”, finalizó el legislador del Frente Amplio.
Capacitación
Pablo Elizalde, responsable de salud laboral del PIT-CNT fue otro de los oradores de una de las mesas de debate y afirmó que “cuanto más Estado hay más garantías para los trabajadores y para eso son necesarios los recursos, la fiscalización es esencial para bajar la siniestralidad en el ámbito del trabajo. Es importante la necesidad de la capacitación de los trabajadores y los empleadores para mejorar las condiciones de trabajo”, apuntó.
“La formación es otro tema planteado, es necesario sobre todo en lugares donde el cuidado personal es fundamental. Estamos hablando de los accidentes laborales que son registrados por el BSE que quizás deberemos revisarlo, porque ahí hay muchas cosas que quedan por fuera, por ejemplo, el trabajo informal entre otros aspectos”, denunció.
“Trabajo en el Poder Judicial y conversando con los compañeros forenses decían que hay un promedio de doce autopsias por día de compañeros que hacen delivery y como están indocumentados o con trabajo informal quedan registrados como accidentes de tránsito. Ahí tenemos una problemática importante”, denunció.
“Creo que es importante trabajar en ese sentido y tener una Fiscalía Especializada que es compleja, yo diría algo más que una fiscalía especializada porque funcionaría solo en Montevideo. Creo que lo que hay que hacer es capacitar muy bien a los fiscales que ya están en todo el país, para dirimir si hubo dolo o no”, opinó.
“Soy un convencido de profundizar cada uno de los derechos, porque los marcos normativos en primer lugar se consiguen con lucha, en segundo lugar, se defienden con lucha, porque los marcos normativos, desgraciadamente de un gobierno al otro se pueden cambiar y vaya si han sido cambiados. Por eso es importante que esto se pueda aprobar cuando se ponga arriba de la mesa. ¿Por qué es importante tener más Estado? Precisamente para garantizar los derechos adquiridos”, advirtió el dirigente sindical.
