El ministro de Trabajo y Seguridad Social Juan Castillo anunció que desde el ministerio se está elaborando un proyecto de ley que obligue a las empresas a comunicar, con antelación, el cierre de su operativa cuando este implique el despido masivo de trabajadoras y trabajadores.
Según declaró Castillo a canal 5, en los últimos tiempos se ha instalado “una moda” de informar despidos masivos por redes sociales sin posibilidades de generar instancias de negociación que posibiliten alternativas.
El ministro recordó que “2025 empezó con la retirada del país de Yazaki que dejó 1100, 1200 trabajadoras y trabajadores sin empleo de la noche a la mañana, esto nos dificulta y nos preocupa”.
Esta iniciativa legislativa ya fue anunciada en la bancada del senado y lo que se pretende es reglamentar el convenio 158 de la OIT.
En el mismo se establece en su artículo 14, inciso 1, que “el empleador que prevea terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos las notificará lo antes posible a la autoridad competente, comunicándole la información pertinente, incluida una constancia por escrito de los motivos de las terminaciones previstas, el número y las categorías de los trabajadores que puedan verse afectados y el período durante el cual habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones” y en su inciso 3 agrega que “el empleador notificará a las autoridades competentes las terminaciones (…) con un plazo mínimo de antelación a la fecha en que se procederá a las terminaciones, plazo que será especificado por la legislación nacional”.
El objetivo, señaló Castillo, es generar los ámbitos de negociación que permitan mitigar las consecuencias de las pérdidas de puestos de trabajo. El ministro señaló que si los “problemas” que provocan que una empresa se retire o cierre “tienen posibilidad de encontrar alternativas nosotros estamos dispuestos a buscarlas, a encontrarlas”.
“A nosotros nos preocupa esa situación. Colocar acciones concretas de protección tiene que ver con los derechos del conjunto de los trabajadores, la estabilidad laboral es un derecho. La constitución nos obliga, obligan los gobierno y los estados a garantizar el derecho al acceso al trabajo digno y a un salario decoroso. Hay que brindar las garantías para que así ocurra y no proteger para que solamente el empleador pueda despedirnos cuando quiera, en las condiciones que quiera, sea esta una empresa de comunicación, una empresa de servicios, sea esta una empresa multinacional o un partido político o un sector político, tienen que ser reglas parejas para todos y estamos concientes de eso”, aseguró en entrevista con Lado B de TV Ciudad.
El proyecto de ley sería tratado en la legislatura del próximo año.
