La lucha por una protección social integral, universal, solidaria y sin lucro.
Por Hugo Dufrechou (*)
El pasado 29 de abril se presentaron las orientaciones y propuestas que emergieron del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social.
Como podría esperarse de una instancia de diálogo social, ningún actor puede decir que consiguió la totalidad de sus aspiraciones. La protección social y la seguridad social tienen que ver con detectar problemas sociales y darles forma a soluciones que asignen derechos a las personas y las ayuden a tener una vida digna. Qué se considera un problema social, qué se considera un derecho, a quién le corresponde y qué es una vida digna son elementos que dependen de cómo cada actor interpreta el mundo en que vive, de qué valores éticos y morales lo sostienen y qué ideales de sociedad persigue.
Naturalmente, en una instancia de encuentro entre organizaciones que piensan y sienten diferente —incluso de forma antagónica— es muy difícil llegar a consensos. A pesar de ello, la gran mayoría de las orientaciones surgidas del diálogo, aunque no colman enteramente las expectativas, representan un avance importante hacia la construcción de una sociedad más justa.
Transferencias económicas a los hogares en situación de pobreza con niños, niñas y adolescentes
Existen algunos puntos de consenso entre quienes estudian las políticas de alivio a la pobreza a través de transferencias monetarias. Entre ellos, se destaca el bajo monto de las prestaciones —cada beneficiario/a recibe en promedio $ 3.042 por mes—, la fragmentación del sistema —que incluye instrumentos como AFAM, AFAM-PE, TUS, Bono Crianza y Bienvenido Bebé— y el hecho de que sus condicionalidades (asistencia escolar y controles de salud) refuerzan ciclos de pobreza y exclusión.
En función de estos y otros elementos, entre las orientaciones fruto del diálogo se propone: “Generar un sistema único de transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años en situación de vulnerabilidad, integrando al menos los actuales programas/beneficios” (…) “Establecer montos per cápita progresivos (crecientes con el nivel de vulnerabilidad y sin escalas de equivalencia), tomando como referencia el valor de una Canasta Básica Alimentaria de Montevideo ($ 6.678) para el nivel de vulnerabilidad más alto”.
Asimismo, se propone crear un complemento de un 50% para mujeres embarazadas y niños y niñas de 0 a 3 años, así como eliminar las condicionalidades para el acceso a la prestación. Por otro lado, se promueve “la articulación del nuevo esquema integral de transferencias con otro conjunto de políticas públicas (de empleo, cuidados, educación, salud, vivienda, entre otras) enfocadas a atender las diversas problemáticas que enfrentan los hogares con mayores carencias”.
Si bien estas propuestas no eliminarían la pobreza en los hogares con niños y niñas a cargo, ayudarían, sin duda, a mejorar y hacer más justo nuestro sistema de transferencias.
Ampliación del tiempo de educación y cuidados
En cuanto a la educación, se propone “ampliar la cobertura para niños y niñas de 0 a 3 años, ofreciendo horarios de atención de entre 4 y 8 horas diarias (…) Duplicar la cobertura de niños y niñas que asisten a jardines y escuelas de tiempo completo o extendido a 2029, y continuar planificando nuevas expansiones hacia el objetivo de cobertura universal”.
En cuanto a los cuidados, se pretende equilibrar las cargas del trabajo no remunerado entre mujeres y varones modificando el régimen de licencias paternales, de forma que su ampliación —en tiempo y personas que involucra— logre beneficiar a más personas.
De esta forma, se aspira a ampliar el Sistema Nacional de Cuidados, así como a estudiar nuevas formas de financiamiento que permitan su efectivo crecimiento.
Ampliación de la protección social a trabajadores y trabajadoras activas
A pesar de que las personas que trabajan de forma independiente están afiliadas y contribuyen a la seguridad social, carecen de mecanismos de protección frente a la pérdida de ingresos por cese de actividad. En este sentido, se propone la creación de un seguro por cese de actividad que brinde una prestación económica temporal que alcance, como mínimo, a trabajadores/as independientes en situación de mayor vulnerabilidad, y posteriormente pueda ampliarse a otros colectivos.
La lista de propuestas es muy larga e incluye: la universalización de las prestaciones a los 70 años de edad; el compromiso de no erosionar el Suplemento Solidario —que ayudaría a llevar la prestación mínima a valores cercanos al Salario Mínimo Nacional—; el compromiso de indexar las prestaciones a la infancia para que no pierdan valor; unificar los criterios de determinación de enfermedades y reconocer aspectos sociales en el BAREMO; y la eliminación del plazo para el reconocimiento de años de servicio previos a 1996.
De todas formas, quisiera concentrarme en dos medidas en particular.
Reducción de la edad de retiro
La propuesta divide a quienes tengan 30 años de aportes a la seguridad social en dos grupos, de acuerdo al monto de los aportes realizados. Si la persona está en el tercio con menores montos de aporte, puede jubilarse según la normativa de la Ley 16.713 aprobada en 1995 (60 años de edad, 30 años de aporte y 45% de tasa de reemplazo con el cumplimiento mínimo de las causales, aumentando la tasa a medida que se postergan los años de retiro y aumentan los años de aportes).
El resto de los trabajadores puede jubilarse anticipadamente —con un mínimo de 60 años de edad—, pero con una menor tasa de reemplazo.
Modificaciones al sistema AFAP
A pesar de que el sistema de AFAPs se presentó como un mercado donde cada trabajador iba a tener la posibilidad de decidir, con toda la información disponible, cuál era la AFAP que más le convenía, la práctica demostró que una vez que se ingresa a una administradora casi nunca se cambia. Lo cierto es que los trabajadores y trabajadoras no sabemos con claridad cuánto nos cobran de comisiones, en qué se invierten nuestros ahorros y cuál es la rentabilidad que estos tienen.
En realidad, las AFAPs terminan “pescando en la pecera”. Los trabajadores están obligados, a partir de la Ley 20.130 aprobada durante el gobierno pasado, a aportar a una AFAP, y estas compiten entre sí en función del marketing y a lo que se llama “fuerza de ventas” —es decir, la capacidad para comercializar sus productos—, pero no compiten por mejorar los rendimientos de los ahorros de los trabajadores.
Este diagnóstico se desprende de los insumos brindados por los especialistas Sebastián Fleitas y Manuel García Huitron, consultores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Banco Interamericano de Desarrollo, respectivamente. El resultado del sistema son rentabilidades excesivas para las AFAPs y altos costos para los trabajadores y trabajadoras.
Con el objetivo de atender este problema, se propone separar las dos funciones que hoy realizan las AFAPs. Por un lado, la captación de trabajadores y la administración de sus cuentas quedarían en manos del Estado; y, por otro, las inversiones de los ahorros.
Actualmente, el negocio de las AFAPs proviene principalmente del cobro de comisiones sobre las aportaciones de los trabajadores, una fuente de ingresos que no depende de qué tan bien manejen los fondos o de la rentabilidad que obtengan en las inversiones. La separación de estas funciones, dejando en manos del Estado la gestión de las cuentas, ayudaría a reducir los costos de administración y, por lo tanto, mejoraría las jubilaciones futuras.
Al mismo tiempo, como las AFAPs pasarían a basar sus ganancias en el rendimiento de las inversiones, esto las obligaría a mejorar sus carteras para obtener mayor rentabilidad de los ahorros que manejan.
Vale aclarar que esta propuesta de separar las funciones que hoy concentran las AFAPs no es nueva ni proviene del movimiento popular. Ya se encontraba presente en el libro del artífice de las reformas previsionales de 1996 y 2023, Rodolfo Saldain (“La era de los nuevos viejos. Longevidad, trabajo y jubilación en el siglo XXI”, págs. 312-315).
Asimismo, esta idea también estaba presente en las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Seguridad Social para la reforma previsional de 2023 (puntos 93 y 94, votados en contra por el PIT-CNT, ONAJPU y el Frente Amplio), y apareció en los insumos discutidos en uno de los seminarios del Diálogo.
Quedan abiertas muchas aristas en cuanto a los detalles de implementación. Una posibilidad es que la presión de las AFAPs privadas permita modificar el listado de instrumentos en los que pueden invertirse los ahorros. Esto abre el riesgo de habilitar inversiones más importantes en activos riesgosos.
También resta determinar cuánto será el porcentaje de cobro de las AFAPs sobre las inversiones y qué organismo estatal se hará cargo centralizadamente de captar y administrar las cuentas individuales.
Esto empieza, no termina
Las propuestas que surgen del diálogo, en mayor o menor medida y con todos los atenuantes que puedan existir, suponen una ampliación de derechos sociales. La tarea inmediata es transformarlas, pasando de “la listita a los reyes magos” a mejoras reales en la vida de nuestro pueblo.
Para ello será importante mantener y aumentar la movilización en momentos clave, como la Rendición de Cuentas, así como presionar sobre la definición de los detalles de letra chica que pueden mantener o distorsionar el espíritu de las propuestas.
Por otro lado, las conquistas obtenidas en el Diálogo Social responden a una coyuntura y a una correlación de fuerzas específicas. Será necesario profundizarlas para avanzar sobre lo conseguido, por ejemplo, definiendo nuevas formas de financiamiento de la seguridad social que permitan efectivizar nuevos derechos, así como seguir organizándose, discutiendo y movilizándose para conquistar una seguridad social universal, solidaria, integral y sin lucro.(*) Economista, asesor del Equipo de Representación de los Trabajadores en BPS.
