El lunes 8 de diciembre se presentaron los resultados de los Encuentros por Seguridad, etapa clave en la fase participativa del diseño del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, del director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, y del subdirector General de Secretaría, Ruben Amato y la presencia de integrantes de las instituciones y organizaciones que participaron de los Encuentro.
Ni ilusión ni promesas
El ministro del Interior Carlos Negro señaló, en su intervención, que la gestión de la seguridad pública se encara con “una estrategia integral que atiende el presente y construye futuro”. Resaltó los avances de la gestión en el marco de la construcción del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) que busca generar una estrategia de largo plazo para atender la problemática de seguridad.
“Venimos implementado operativos focalizados que combinan el policiamiento inteligente con el despliegue de las fuerzas policiales más entrenadas, en un trabajo siempre coordinado con la fiscalía que apunta a desarticular los grupos de crimen organizado que operan en el país”, detalló el ministro. Los resultados implican el encarcelamiento de los “principales referentes de varios de estos grupos que operaban tanto a nivel nacional como departamental”, agregó.
Como ejemplo destacó el trabajo del equipo de investigadores que ante situaciones como el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero, “logró obtener las primeras detenciones a pocas horas de cometido el hecho y en escasos días permitió el encarcelamiento de prácticamente todos los autores, tanto intelectuales como materiales del hecho. También hay avances significativos en el atentado al INR que tampoco quedará impune y del que se conocerán novedades importantes en estas horas”, anunció.
Y reafirmó que este tipo de hechos “no son episodios casuales o espontáneos” sino “la respuesta a una estrategia de desarticulación del crimen organizado que estamos realizando fuera y dentro de las cárceles».
En este sentido se refirió al aumento de la incautación de cocaína en 2025, destacando la operación “Nueva Era», la que superó las dos toneladas de cocaína. O la más reciente en Paysandú, con más de tres millones de dosis de Pasta Base de Cocaína, “la que tenía por destino el consumo de miles de jóvenes uruguayos hoy atrapados en la esclavitud de la adicción a esta sustancia” aseguró.
“En Colonia, en Salto, en Río Negro, Durazno, en Lavalleja, en San José y en Montevideo, logramos desarticular grupos familiares que se dedicaban al narcotráfico. En pocas semanas se registraron más de 100 formalizaciones y condenas vinculadas a estos operativos”, informó.
Asociadas a estas operaciones destacó el logro de que se dictaran condenas y formalizaciones que apuntan a la asistencia al narcotráfico y al lavado de activos. “Vamos detrás del dinero del crimen porque sabemos que es lo que más le duele”, afirmó.
Y sostuvo que según los indicadores se logró “una baja prácticamente de todos los delitos, presentando un descenso generalizado del 5,3 %”.
Más allá de estas acciones y resultados, aseguró que “Uruguay necesita una estrategia sostenida en el tiempo, que trascienda ciclos gubernamentales. Una política basada en evidencia, coordinada y con indicadores claros, con evaluación independiente y transparencia. Una política que fortalezca el Estado de derecho, sin concesiones a las medidas demagógicas y fáciles. Que enfrente la criminalidad sin sacrificar libertades. Que combine firmeza, inteligencia, coordinación y legitimidad democrática”.
Es posible avanzar
Emiliano Rojido, asesor en políticas de seguridad pública del MI informó que la fase participativa del diseño del PNSP tuvo tres componentes principales: los encuentros por seguridad, una plataforma de participación ciudadana que convocó a los aportes de la ciudadanía en general a través de una plataforma digital y una mesa de trabajo con autoridades de la Policía Nacional.
El 28 de julio pasado el Presidente de la República y el MI convocaron a múltiples instituciones a ser parte de la solución: al sector productivo, las empresas, los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, diversas agencias del Estado, del gobierno nacional, de los gobiernos subnacionales, sector académico y partidos políticos; todos estos sectores, estas fuerzas vivas hicieron parte de los encuentros por seguridad.
“Los encuentros funcionaron en cinco rondas de trabajo, señaló, las primeras dos fueron mesas sectoriales. Allí el objetivo fue mapear actores, quiénes son los protagonistas de este juego, mapear enfoques y recursos que cada actor pone a disposición del país y cómo se pueden movilizar para construir soluciones en materia de seguridad pública”.
Participaron de los encuentros, en carácter de “veedores de buena fe del proceso”, documentando los encuentros y brindado asesoría técnica y financiera, agencias internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el MERCOSUR, la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.
Esas mesas sectoriales y el diagnóstico empírico del que se partió permitieron identificar algunos temas estratégicos: homicidios, violencia de género y contra niños niñas y adolescentes (NNA), armas de fuego y municiones, narcotráfico, ciberdelito y fraudes informáticos.
Paralelamente se abordaron las capacidades institucionales y del Estado para hacer frente a estos y otros problemas de seguridad en dos ejes: uno vinculado al sistema de justicia criminal y su necesaria articulación entre el trabajo de la policía, de la fiscalía, el poder Judicial y el sistema penitenciario que, se entiende, deben funcionar como sistema y dar lugar a una política criminal. El otro eje es el sistema de prevención del delito y de la violencia para no activar el sistema de justicia, para llegar antes. “Esto implica tener una rectoría, una visión de política pública que alinee los esfuerzos que hoy en día ya se realizan por parte de distintas agencias para la prevención del delito y de la violencia pero que, lamentablemente, están enfocadas en lo institucional y no hay una visión transversal de política pública que haga un mejor uso de esos recursos”, dijo al respecto..
En cuanto a la participación, informó que fueron 79 las instituciones participantes, pero que si se integran las de segunda jerarquía, este número asciende a 150. Hubo una fuerte presencia de agencias del Estado, gobiernos departamentales, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial; 23 empresas y sindicatos, 15 organizaciones de la sociedad civil, 8 universidades y tanques de pensamiento y 5 partidos políticos con excepción de Identidad Soberana que declinó.
Se presentaron 92 propuestas concretas: la mayoría o buena parte de ellas estuvieron vinculadas al eje de violencia basada en género y contra NNA, también hubo un gran volumen de propuestas vinculadas al sistema de justicia criminal y en menor medida a homicidios, armas de fuego y municiones, ciber delitos y fraudes informáticos.
Rojido aclaró que se trata de “un plan en movimiento, porque si bien el plan como tal se va a presentar en marzo, ya comenzó a andar”. Como ejemplo señaló que la OEA, el BID y el MI tienen un acuerdo para trabajar en forma conjunta en control de armas de fuego y municiones. De manera inédita, la OEA y BID están trabajando como socios estratégicos, algo que no había pasado antes en nuestra región, lo hacen en Uruguay apoyando uno de los ejes estratégicos del plan. Hace un mes con el apoyo de CAF, con el protagonismo del Ministerio de Vivienda se está trabajando en el lanzamiento del programa «Más Barrio» que se va a implementar próximamente y que busca, no solo dar soluciones habitacionales sino también contribuir a la mejora de la convivencia y a la reducción de los homicidios, porque los territorios seleccionados para la implementación del plan son territorios con alta incidencia de homicidios y de alguna forma esto refleja la mirada integral sobre la seguridad pública que se está promoviendo”.
También informó que hace un mes se acordó con el BID un préstamos de 25 millones de dólares para trabajar en otras prioridades como el fortalecimiento de la educación policial, la potenciación de la inteligencia y la investigación criminal y en la mejora del sistema penitenciario.
Al cierre de su presentación Rojido aseguró que “hoy tenemos la oportunidad de avanzar juntos hacia un Uruguay más seguro y será posible si trabajamos con seriedad, transparencia y de manera conjunta”.
