Cuando se cumplen 15 años del procesamiento con prisión del ex dictador, Gregorio Álvarez, sentenciado por homicidio especialmente agravado de 37 personas desaparecidas durante la dictadura, el abogado querellante Óscar López Godaracena habló con el Portal del PIT-CNT sobre el hecho que marcó la historia contemporánea del país. Manifestó su certeza que «en Uruguay no volveremos a vivir una Dictadura porque los dictadores terminan presos» y dijo que «aún está pendiente encontrar a nuestros desaparecidos».
Fue el 17 de diciembre de 2007 que la Justicia uruguaya procesó al ex dictador Gregorio Álvarez por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, que gobernó el país desde el Golpe de Estado y disolución de las cámaras resuelta por el colorado Juan María Bordaberry. Aquella jornada histórica, el juez Luis Charles emitió la solicitud de captura y dictó el auto de procesamiento como coautor de delitos de desaparición forzada en 1978 por traslados clandestinos desde Buenos Aires a Montevideo de presos políticos, que luego habrían sido ejecutados. La solicitud de la entonces fiscal Mirtha Guianze también abarcó a los capitanes de navío Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebau. Tal como consignaron los medios de prensa en aquella oportunidad, la policía fue a buscar al ex dictador a su casa, le hizo el fichaje en Cárcel Central y lo trasladó luego a la cárcel de Domingo Arena.
«Fue un punto de inflexión en la historia uruguaya. Creo que hay que rescatarlo para la sociedad y hacerlo desde la memoria porque se trató del dictador militar que terminó preso. Quien atormentó la vida de los uruguayos y de la sociedad tuvo -como decimos los abogados- ‘el dominio del hecho’ en la represión sistemática de torturas, desapariciones forzadas, prisiones ilegítimas y fue responsable de los exilios. Pero el dictador militar terminó preso».
El abogado especializado en derechos humanos recordó, en diálogo con el Portal sindical, lo vivido aquella jornada histórica cuando le tocó participar de un acto convocado de manera espontánea por la gente en la Plaza Libertad, luego que se conoció la noticia. «Me hicieron subir al escenario para dar una primera reflexión en caliente y recuerdo que esa noche dije que en Uruguay no iba a haber nunca más dictadura, porque los dictadores terminan presos. Fue el fin de una etapa de una denuncia judicial que presentamos por mayo del 2007 y que intuíamos que podía terminar en la forma que terminó, pero a medida que se fue avanzando en la causa y semanalmente presentábamos una y otra prueba veíamos que cada vez las responsabilidades apuntaban al ex dictador. Así fue que el 17 de diciembre el Juez Luis Charles procesó con prisión por reiterados delitos de desaparición forzada de personas y ese procesamiento con prisión dio lugar posteriormente a la condena judicial de Gregorio Álvarez, como responsable de 37 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real a la pena de 25 años de penitenciaría. Se trata familias uruguayas que fueron desaparecidas en la República Argentina a fines de 1977 y veníamos trabajando en la hipótesis de que estas personas habían sido secuestradas por la dictadura uruguaya coordinada con la dictadura argentina, pero que los responsables eran los militares uruguayos. Eran torturados en los centros de detención clandestinos de la Argentina y luego desaparecidos. La hipótesis fue -y de alguna manera se pudo probar- que habían sido trasladados al Uruguay por distintas vías, probablemente por vía fluvial. Hay cantidad de pruebas por toda la causa de los traslados de los presos uruguayos de Argentina al Uruguay y finalmente todo apuntó a quien tenía el dominio del hecho, que era Gregorio Álvarez».
El abogado repasó los hechos históricos y apuntó que el proceso culminó con la prisión de Gregorio Álvarez el 17 de diciembre del 2007. A partir de allí, se concretó la condena y prisión, pero «quedó pendiente saber dónde están los desaparecidos».
Emoción y deuda
López Goldaracena sostuvo que si bien «para la sociedad uruguaya y en lo personal, como abogado denunciante y patrocinante de las familias, recordar ese momento 15 años atrás es removedor, tengo que advertir que está pendiente encontrar a nuestros desaparecidos».
Consultado sobre el avance de la derecha y la ultraderecha en distintas partes del mundo, que ha llegado a expresarse en nuestro país con reivindicaciones del Golpe de Estado, el abogado remarcó que sigue creyendo en que en Uruguay no habrá nunca más una dictadura. «Nuestra norma de convivencia obligatoria, que es el derecho, como norma y como regla de convivencia obligatoria en esta materia es contundente. Se establece de manera absolutamente clara que cualquier desviación de poder -en el sentido de violación sistemática de DDHH- implica un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, si en el futuro -auguro no va a ocurrir- alguien se toma el camino del revés en lugar del camino del derecho, tarde o temprano va a existir justicia y esa persona va a terminar presa. Mantengo lo mismo que sostuve aquel 17 de diciembre hace 15 años», subrayó.
Vida y memoria
Para el abogado que logró lo que parecía imposible, la fecha del 17 de diciembre marca un mojón sensible, jurídico, político y humano en su propia vida. «Se mueven muchos resortes por todo lo que se pasó en ese momento al punto que resolví que este sábado 17 de diciembre, voy a concurrir al Museo de la Memoria a donar y dejar allí todo el material de trabajo de entonces, lo que se llama ‘el falso expediente’, compuesto por los escritos y los documentos de trabajo que se manejaron durante el juicio. Me parece que esos documentos, esos papeles que tengo en una caja, es importante que puedan ser compartidos por la sociedad y que estén en el Museo de la Memoria. Siento que tengo que donarlo. Son momentos especiales de la vida. Hace 40 años que ejerzo la profesión y no sé cuánto tiempo más podré seguir ejerciéndola. Por tanto siento que es un punto de inflexión. Este año pude editar el Diccionario Jurídico Popular, un libro que me llevó más de 20 años de trabajo para terminarlo, que lo realicé para difundir el Derecho a nivel popular. Siento que son cierres de etapas de la vida. El ejercicio de la abogacía ha sido mi vida, lo hice siempre con toda dedicación por el bien común, lo he sentido así y me parece que recordar esa fecha es repasar una parte muy removedora de mi vida y de nuestras vidas. Cuando recuerdo a aquellas 30 familias y el grupo de trabajo que formamos para conseguir los elementos probatorios que necesitábamos, me vuelvo a emocionar. Fue el caso más importante de mi vida y es bueno compartir con la sociedad que logramos aquello y que las nuevas generaciones sepan que el dictador militar, acá en nuestro país, terminó preso».
