En el día de hoy, los trabajadores tercerizados del Programa Calle, nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines,
(SUTIGA) realizan una movilización frente al Ministerio de Desarrollo Social para denunciar la situación que viven trabajadores, trabajadoras y usuarios de refugios de 24 horas y centros nocturnos desde hace más de dos años.
EL POPULAR conversó con Fátima Vázquez, representante de los trabajadores tercerizados del Mides, quien explicó que “desde 2020 los trabajadores tercerizados denuncian el atraso en la entrega de las partidas que corresponden a los refugios, lo que implica no solamente un atraso de pago salarial y de liquidaciones a las trabajadoras sino también que no hay recursos para el funcionamiento de los refugios”.
“La partida es un acto administrativo que debe estar firmado por integrantes de diferentes oficinas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), si no sale en tiempo y forma, no solo afecta a los trabajadores que no pueden cobrar su salario sino que hacen que no haya jabón ni lavandina y no se puedan pagar los servicios básicos ni el gas. Afecta directamente el funcionamiento de los centros, lo que los convierte en ‘aguantaderos’, en algún momento hasta los propios trabajadores han hecho colectas para poder pagar el gas, por ejemplo”, afirmó Vázquez.
Asimismo, advirtió que han habido situaciones con las licitaciones públicas de los centros nocturnos y de los centros que funcionan las 24 horas. En el caso de los centros nocturnos, en los que hay una licitación vigente, que en principio iba hasta el 25 de enero, se presentaron 17 organizaciones, de las cuales 10 se presentaron para Proyectos Colmena.
“Cada Colmena agrupa tres centros, por lo que se abarcaría a 30 centros, a los cuales en una primera instancia no se les adjudicó una licitación, hubo que presentar un recurso porque el motivo por el cual desestimaron a las organizaciones era un mero hecho administrativo”.
Vázquez denunció que a “muchas directivas de ONGs, fundaciones o cooperativas les habían dicho de manera informal que se iba a hacer una compra directa”, lo que implica que “no hay estabilidad laboral ni en el funcionamiento de los centros, a su vez, no hay nada que asegure que se respeten los pliegos de licitación, pueden cambiar las condiciones contractuales, puede cambiar la cantidad de gente dentro de los refugios, el lapso de tiempo, etc. Una compra directa no va más allá de los seis meses, por lo que se dificulta el trabajo con los usuarios y en el caso de los centros de 24 horas, el trabajo con las familias”
Por otro lado, desde SUTIGA advierten que “hay organizaciones sin experiencia en el abordaje a personas en situación de calle, lo que nos parece muy grave, nos preocupa que no haya personas formadas para poder desempeñar la tarea en un centro de 24 horas o un refugio y que eso derive en colapsos del sistema o maltrato hacia las personas en situación de calle, o cuestiones cotidianas que suceden en los centros, hechos de violencia que no tengan una solución”.
“En los centros 24 horas se presentó la licitación el 28 de diciembre, había que entregar la documentación el 27 de enero, lo que llevó a que fundaciones tuvieran poco plazo para presentar proyectos para los centros Colmena, se pedían Fórmulas 69A y B que se expiden exclusivamente en liceos, que todos sabemos, cierran el 31 de diciembre y no abren hasta los primeros días de febrero”, detalló Vázquez.
Por otro lado, “se le bajan las horas a los equipos técnicos y hay una baja la cantidad de educadores por turno”.
A su vez, Vázquez explicó que “antes las licitaciones eran por dos años, con posibilidad de renovación dos veces más, mediante evaluación, y ahora es por un año, luego hay dos años más por evaluación pero antes se podía proyectar un trabajo con los núcleos familiares a dos años, ahora no se puede”.
“Lo que más nos preocupa es el cambio de condiciones entre las licitaciones y las compras directas, porque no queda claro qué es lo que continúa y qué es lo que no, en algún momento se planteó la figura del cuidador, lo que implicaría claramente una baja en la calidad de los servicios de los centros, porque se impone una figura que no está para el proceso que necesita una persona en situación de calle sino simplemente para vigilar”, afirmó.
Asimismo, señaló que no han recibido “ninguna directiva ni lineamiento para sostener la atención en invierno, no se ha hablado del Plan Invierno, nos preocupa que hay centros que no han sido adjudicados en licitaciones de centros nocturnos, actualmente hay un promedio de entre 50 y 60 personas que quedan en la calle porque no hay cupo en los centros para poder aceptarlos”.
“Los meses de invierno son los más complicados para la población en situación de calle, a su vez, sabemos que esta población ha aumentado en los últimos meses, nos preocupa que no haya un plan que especifique de qué forma vamos a trabajar durante estos 3 o cuatro meses”, afirmó Vázquez.
Asimismo, explicó que les ha afectado “la cantidad de programas que han dejado de funcionar y de existir a nivel territorial, como es el caso de SOCAT, donde en los refugios trabajábamos en red, por lo que se dificultan las posibilidades de trabajar en conjunto.
La problemática que existe en los refugios nocturnos es que al no existir los centros diurnos o que los que existan no tengan las condiciones necesarias para albergar a las personas, hacen que no funcionen, por lo que hay mucha gente que durante el día no puede siquiera ir a un baño”.
“En el sindicato hemos recibido denuncias sobre situaciones de plagas de cucarachas, chinches y ratones. Al no haber pasado la plata de las partidas que regulan el funcionamiento de los centros, no había plata para hacer las fumigaciones correspondientes ni el Ministerio se hizo cargo de mandar una fumigación a los centros, la situación fue denunciada por usuarios del programa, y se han recibido viandas en muy malas condiciones, con comida podrida o vencida, han mandado menos comida que la requerida para la gente que había en el centro, lo que dificulta el trabajo”, sostuvo Vázquez.
“Pedimos una reunión con el ministro Martín Lema o Gabriel Cunha, que es el director del programa Calle, el año pasado nos contestaron que iba a haber una y el sindicato asistió, y fue una reunión con asesoras jurídicas, las autoridades no se presentaron, las asesoras solamente nos escucharon y recibieron los reclamos que teníamos como trabajadores, luego de eso no hubo respuesta a las problemáticas que presentamos como sindicato”.
“Las situaciones se reiteran desde hace dos años, por lo que nos movilizaremos en la puerta del Mides para denunciar una vez más cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras pero también de los usuarios”, finalizó Vázquez.
Moriana Alberro
