Reafirma la ONU la necesidad de reformar las políticas de detención arbitraria con relación a las drogas.
Un reciente informe de derechos humanos de la organización internacional ha enfatizado que “el uso generalizado de la detención arbitraria por parte de los gobiernos en el contexto de políticas de control de drogas”, debe ser modificado.
Presentado, por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTAD) en la sesión de junio-julio de 2021 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), el informe realiza una detallada documentación de “las altas tasas de detención arbitraria en todo el mundo para los sospechosos de actividades relacionadas con las drogas”.
La relación entre las detenciones arbitrarias en hechos vinculados a drogas a impulsado el aumento de las tasas de encarcelamiento, denuncia el informe.
El fenómeno se expresa a nivel mundial y ha provocado la expansión de la población penitenciaria en momentos en que la actual pandemia de COVID-19 debería llamar “la atención sobre la necesidad de reducir el hacinamiento en las cárceles”.
El Grupo de Trabajo, que produjo el documento, fue creado en 1991 y lo integran cinco expertos independientes, quienes tienen la tarea “de investigar los casos en los que las personas son detenidas o encarceladas de forma arbitraria”.
En el mismo se hace especial hincapié en aquellas personas que son privadas de su libertad en formas que indican un franco incumplimiento de las normas internacionales: “haber sido detenidas sin una orden judicial adecuada, o por haber sido encarceladas, sin respetar los derechos procesales”.
El documento ha sido impulsado por una recomendación emitida por el grupo de expertos y fue solicitado, además, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Previo a su terminación, el grupo de expertos realizó el informe “en consulta con los Estados miembros de la ONU, las partes interesadas de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las agencias de la ONU”.
Una de las conclusiones centrales del Grupo de Trabajo es que «las personas que consumen drogas corren un riesgo especial de ser detenidas arbitrariamente», situación que, en América Latina se manifiesta de forma particular ya que muchos países hacen un uso frecuente de la prisión preventiva para los acusados de cargos relacionados con las drogas, como Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, México y Perú.
Además de las detenciones arbitrarias, en el documento se denuncian las prácticas de tortura para los detenidos acusados por delitos de drogas, una práctica muy común en aquellos países donde adoptan como política la militarización de las políticas de drogas.
El informe del Grupo de Trabajo, incluye 17 recomendaciones y en ellas se realiza un llamado a los Estados miembros de la ONU para que «despenalicen el uso, la posesión, la adquisición o el cultivo de drogas para uso personal, incluida la posesión de la parafernalia asociada».
Dentro de las recomendaciones del informe ha sido incluido el cese de los tribunales de drogas, así como, eliminar la participación de los militares en las operaciones de represión.
Aunque las normas internacionales de derechos humanos prohíben las detenciones arbitrarias, muchos países utilizan las detenciones ilegales como parte de la aplicación continua de las denominadas “políticas duras” de lucha contra el narcotráfico y las drogas.
El nuevo informe forma parte de una serie de documentos de la ONU cuyo objetivo central es recomendar a los gobiernos que reformulen sus legislaciones y prácticas en materia de drogas.
A pesar de esta convocatoria de la ONU, “sigue existiendo una gran diferencia entre las prácticas de los Estados y las recomendaciones de las posiciones comunes de la ONU y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria”.
El uso que se da a la detención arbitraria, resalta el informe, es una estrategia que permite mantener las políticas punitivas en materia de drogas y constituye otro claro ejemplo de los efectos negativos que genera la «guerra contra las drogas».
Al comentar el documento del grupo de expertos, organizaciones vinculadas al trabajo con privados de libertad han enfatizado que “la criminalización de las personas implicadas en el tráfico de drogas (ya sea por una necesidad económica, cultural o personal) seguirá siendo un conducto que llena las cárceles y destruye las comunidades de toda la región”.
En Uruguay, aunque no existe una práctica de detenciones arbitrarias, el pasado año se introdujo, vía Ley de Urgente Consideración (LUC), una serie de modificaciones a la ley penal en delitos vinculados a drogas que han traído como efecto inmediato un crecimiento acelerado de la población penal y ello es bien visible y al mismo tiempo alarmante, en los casos de las detenciones de mujeres.
Aunque no se observa una política de militarización en la política de drogas, Uruguay transita por un cambio que estimula la criminalización de aquellas personas que, por diferentes motivos, mantienen una relación de dependencia con el mercado de las drogas.
Acompaña este estímulo criminalizador, una política de endurecimiento punitivo que se manifiesta de forma directa en el acelerado aumento de la población penal del país y que nos coloca entre los países con mayores tasas de encarcelamiento, tanto en la región, como en el mundo.
Rolando Arbesún
