Agresiones que no cesan: proyecto de ley bipartidista contra Cuba y la inmutabilidad de Biden

Una nueva propuesta del dúo anticubano Bob Menéndez y Marco Rubio se encuentra en fase de gestación.
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Según informara el diario El Nuevo Herald, ambos recalcitrantes opositores a la revolución cubana han presentado un nuevo proyecto de ley bipartidista que intentará impedir que “las cortes estadounidenses reconozcan marcas comerciales robadas por régimen cubano”.

Ambos senadores, Bob Menéndez y Marco Rubio, son los miembros cubanoamericanos de más alto rango en las filas demócrata y republicana, respectivamente, e históricamente han trabajado en pos del recrudecimiento de las medidas económicas y comerciales contra la Isla.

La ley, ha sido presentada en ambas cámaras y se afirma que se propone “proteger los derechos e intereses de los empresarios que tuvieron sus bienes confiscados por el régimen cubano”.

De acuerdo al diario del país del norte, se estima que este nuevo “engendro jurídico”, disfrazado de odio “legal”, “afectará directamente a marcas como el Ron Havana Club, una marca comprada por Bacardí a sus propietarios”.

La alusión a la compra de la conocida marca de ron, intenta desconocer el carácter legal de la acción confiscatoria llevada a cabo por la Revolución Cubana desde sus inicios en 1959.

Si prospera, el llamado proyecto de ley No Stolen Trademarks Honored in America Act, impulsado por estos legisladores, tendría como resultado que la empresa estatal cubana Cuba Ron y su socio comercial, la francesa Pernod Ricard, “tendrían prohibido usar los derechos relacionados con Havana Club, ya que el gobierno cubano lo había confiscado ilegalmente”.

Fuentes de las oficinas de ambos senadores, declararon al Herald, que “la ley quiere impedir que las cortes de Estados Unidos puedan reconocer, hacer cumplir o validar de otro modo cualquier afirmación de derechos por parte de una persona sobre una marca comercial que ha sido utilizada en relación a un negocio o bienes confiscados por el régimen cubano”.

La única excepción que la norma, de ser aprobada, permitirá será para “aquellas marcas en las que el propietario haya otorgado su consentimiento en favor de la transferencia a entidades controladas por el gobierno cubano o sus socios”.

En la presentación de la propuesta, Bob Menéndez dijo que “cualquier confiscación de bienes por parte del régimen castrista fue y será siempre un delito (…) este proyecto de ley bipartidista y bicameral protegerá las marcas comerciales estadounidenses al codificar en ley la política de apoyar a los legítimos propietarios de bienes robados, así garantizando que las cortes reconozcan los derechos de aquellos cuyas marcas fueron confiscadas ilegalmente sin consentimiento por el gobierno cubano”, añadió.

Por su parte, el senador Marco Rubio, por el Estado de Florida, declaró que “por 60 años, la dictadura cubana, a través de empresas controladas por el régimen, se ha beneficiado de la propiedad intelectual que fue robada y que legítimamente pertenece a los cubanos del común y de sus descendientes”.

La propuesta de ambos senadores, convocó el apoyo de la representante Debbie Wasserman Schultz del Distrito 23 de Florida, quien aseguró que la ley “apoya a los verdaderos propietarios de bienes robados, una política de larga data que absolutamente debe ser continuada”.

“Sigo firmemente comprometida a salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de las empresas estadounidenses para asegurar que las marcas comerciales estén protegidas contra la confiscación por cualquier gobierno extranjero”, afirmó Wasserman Schultz.

Mientras esto sucede en el corazón del imperio, el Canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunciaba que el gobierno de Estados Unidos mantiene contra Cuba las mismas políticas de la administración Trump

Desde la Casa Blanca, su secretaria de prensa, Jen Psaki, ha afirmado que un cambio de posición hacia Cuba continuaba fuera de las prioridades de la política exterior del actual presidente de Estados Unidos

“Cuatro meses después de su llegada a la Casa Blanca, la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, recrudecida hasta límites extremos por la anterior administración republicana del expresidente Donald Trump, continúa intacta y sin ninguna señal de cambio”, denunciaba hace pocos días el diario Granma.

Se trata, una vez más, de un “enfoque” que, “contrasta con las ideas planteadas por la administración demócrata en materia de Derechos Humanos”, escribió Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores en un reciente tuit publicado en su cuenta oficial.

“Como se conoce”, agrega el medio de prensa cubano, “la política de hostilidad del gobierno de Donald Trump contra Cuba registró medidas y acciones sin precedentes, de las que no escapó ninguna de las esferas de nuestra sociedad y la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes sufrieron el impacto de ese diseño, acentuado en el contexto de la pandemia”.

Hasta la fecha han sido contabilizadas más de 240 medidas que, “en su mayoría constituyeron acciones de recrudecimiento del bloqueo con el objetivo de asfixiar económicamente al país, subvertir el orden interno, crear una situación de ingobernabilidad y derrocar a la Revolución Cubana”.

A contrapelo de sus promesas electorales, la actual administración norteamericana, no ha eliminado una sola de esas medidas, permitiendo así que se despoje a las familias cubanas de la posibilidad de mantener sus relaciones normales con aquellos que residen en Estados Unidos, al tiempo que, además de las afectaciones a la economía nacional, les imponen numerosas privaciones a sus ciudadanos.

Las disposiciones de Trump, que siguen vigentes, “prohibieron viajes de cruceros, así como vuelos regulares y chárteres a todo el país, con excepción de La Habana, además de imposibilitar el envío de remesas mediante las firmas cubanas Fincimex y American International Services (AIS), las principales vías formales para efectuar las transacciones en la Isla”.

El nuevo proyecto bipartidista, se incorporaría a las medidas ya existentes y que impide, entre otros efectos, que Cuba pueda importar productos de cualquier país que contengan más de un 10 % de componentes estadounidenses.

Estas regulaciones prohibicionistas, impiden también, que el ron y tabaco de la Isla, principales rubros exportables, tengan prohibida su entrada a la nación norteña.

De acuerdo al diario Granma, según declaraciones de Johana Tabalada, segunda jefa de la dirección de Estados Unidos en la cancillería de la Isla, “el costo de esas medidas unilaterales hacia Cuba se aproxima a los 20 000 millones de dólares”.

El inmutable cambio de la política irracional de Washington hacia Cuba, se funda ahora en la posición estadounidense, declarada por la portavoz de la Casa Blanca, de que “la política estadounidense hacia la Isla se regirá por lo que Washington denomina como apoyo a la democracia y a los derechos humanos”, una política, recuerda el medio de prensa que debe traducirse como de “abierto sostén a los grupos contrarrevolucionarios que dentro y fuera de Cuba, buscan un cambio de gobierno en la Isla”.

La inmutabilidad de esta política ha sido subrayada por Juan González, asistente de Biden y director principal para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, quien ha declarado “que un acercamiento a Cuba será un proceso gradual y no se retomará la política del exmandatario Barack Obama (2009-2017)”.