Gonzalo Perera
En mis recuerdos personales el 1992 tiene un lugar destacado por varios eventos que lo hicieron particularmente intenso y difícil de olvidar. Pero en la memoria colectiva, tesoro precioso de todo pueblo que siempre debe cuidarse, probablemente haya sido mucho más imborrable aún.
Contexto quieren las cosas. Por ese entonces la gran mayoría del pueblo uruguayo penaba y pasaba por muchos “no se puede”, incluyéndome, como un joven docente universitario que dependía exclusivamente de su trabajo y que pese a llevar una vida extremadamente austera, veía que el sueldo moría el 20 de cada mes y era puro arte de magia llegar hasta el siguiente cobro de haberes. Obviamente, lo que uno experimentaba era una pálida aproximación de lo que campeaba: destrucción del aparto industrial, desempleo galopante, informalidad laboral, abandono de los consejos de salario por rama de actividad, y respecto a todo lo público, prejuicios alevosos que llevaron a un triste personaje decir, respecto a los funcionarios públicos “ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago”. Si toda experiencia racional de vida indica que malos y buenos trabajadores hay en toda actividad, sinceramente uno debe agregar que en la función pública conocí muchos verdaderos ejemplos de trabajo responsable y serio, con un notable sentido de pertenencia y “camiseta puesta” de la institución desde la cual servían a la sociedad. En cambio, conocí muchos verdaderos jodedores (disculpando el francés antiguo), vagos, arrastrados y ventajeros, inmorales o amorales, trabajando en estudios lavadores de dinero, financieras de similar propósito, o “gente bien” hablando pestes de “la gente” en clubs muy exclusivos, desde una historia laboral más corta que un telegrama.
Obviamente, no se trata de pregonar el prejuicio inverso, ni ensuciar genéricamente al trabajador privado, porque sería absolutamente injusto. Lo que sí se dice claramente es que identificar “publico” con “malo”, en particular en la evaluación del trabajador, es un disparate, propio de un verdadero acné ideologista, que nadie como la más rancia derecha pituca es capaz de expresar. Pero el autor de la citada frase del doble “hacer como si”, es el entonces presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, que aplicaba en Uruguay, como sus pares del MERCOSUR, un modelo neoliberal sin concesiones.
Pero hay una fecha que es un hito en ese quinquenio tan penoso para la gran mayoría de nuestra sociedad. El 13 de diciembre de 1992, en el que en las urnas el 72,55% de los sufragios se pronunciaron por la derogación parcial de la Ley 16.211, la “Ley de Empresas Públicas” aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1991, que, siguiendo los pasos de la región se proponía vender “las joyas de la abuela”, empresas del porte de ANTEL y ANCAP, que tenían notorios “prominentes compradores” a la vista. Ese voto del 72.55% de la ciudadanía, claro gesto político si los hay, impidió esas ventas y salvó a Uruguay de seguir el rumbo de la Argentina de Carlos Saúl Menem, donde se privatizo y vendió todo lo público que estaba a tiro, para dejar tras la breve fiesta de la “pizza con champagne”, de la mano de la gigantesca corrupción que se dilapidó los fondos de las privatizaciones en tiempo récord, a la Argentina en una de sus mayores crisis alimentarias , económicas y sociales hasta el día de hoy, en que Milei se obsesiona con llevar la miseria a niveles récord, en sus números objetivos y en su crueldad obscena e indignante.
Ese gesto político del 72,55% de la población salvó a ANTEL, que no se pudo vender. Eso significó, promedialmente, más de cien millones dólares anuales para las arcas del Estado a los efectos de sostener políticas públicas en diversas áreas: educación, salud, seguridad, vivienda, etc., sumas que se hicieron mucho mayores para “tapar los boquetes” de las cuentas nacionales que se gestaron durante el comienzo de los 2000, en la enorme crisis que vivimos bajo el gobierno de Jorge Batlle. Muchas cosas malas hubieran sido muchísimo peores sin esos preciosos recursos. Pero muchas cosas buenas, hubieran sido imposibles: el Plan Ceibal, por ejemplo, como lo ha dicho una y otra vez alguien insospechable de comunismo como Nicholas Negroponte, que, sin ANTEL, empresa estatal de alta calidad e infraestructura desplegada por todo el territorio nacional, el Plan CEIBAL no hubiera sido posible. Como no hubiera sido posible tener el grado de universalización que tiene el acceso a Internet y a las comunicaciones móviles en el Uruguay. Porque una empresa pública puede ser perfectamente rentable, de calidad, redituable, reportar sus ganancias a toda la sociedad y además cumplir la función de llevar sus servicios allí donde el mercado jamás iría. Un barrio residencial de densa población en pleno Montevideo o Punta del Este es muy codiciado por cualquier empresa de telecomunicaciones, pues allí seguramente se contraten muchos servicios de alta gama, del rango “premium” y eso es muy redituable. Pero llevar servicios de calidad al último rincón del interior profundo, analizada como operación aislada, es imposible que sea rentable. El Estado lo hace por su cometido social, el mercado jamás lo hará. Así de sencillas son las cosas. Y vale decir que, si hay una razón adicional para que todo esto haya sido posible, además de la existencia de ANTEL, es que sus trabajadores no hacen como que trabajan, sino que, en su inmensa mayoría tienen la camiseta muy bien puesta, la de la empresa pública y la de ese último rincón del país donde hay que llegar con calidad, que, si más aislado está, más necesita comunicarse.
Sin embargo, durante décadas, el 72, 55% se trató de licuar con absurdos vericuetos interpretativos, Ante la irrupción de Internet, inmediatamente surgieron muy pintorescas interpretaciones sobre que en el 92 se había salvaguardado el monopolio de la telefonía fija, pero que nada se había dicho sobre Internet. Aquello del gesto político y del “espíritu del votante”, se trató de ignorar, tribu dogmática si la hay la de los liberales. Que hacen del mercado categoría teológica indiscutible.
Una votación popular no es un congreso de ingenieros, la gente no vota tecnologías, vota políticas. Para cualquier pensamiento desprejuiciado, es evidente que en el 92 lo que se votó es que áreas estratégicas como las telecomunicaciones, la energía, etc., sean objeto de monopolio estatal.
Naturalmente, el retorno del herrerismo al gobierno ha puesto dinamita bajo las empresas públicas, atacándolas de mil y una maneras, pretendiendo que ofrenden prebendas hacia los muy pocos privilegiados de siempre. Los que critican al Estado, pero se tiran en palomita para tratar de favorecerse de la infraestructura por sus empresas desarrolladas.
¿Por qué hay que votar al FA en las internas del 30 de junio y en octubre? Porque tenemos que hacer por fin honor a la voluntad del 72, 55% y rescatar el Estado como generador de empleo, servidor del más débil, motor de la producción nacional y en particular a las empresas públicas y su rol absolutamente estratégico. Solamente el FA se plantea esa tarea en su programa, el arcoiris que hace de telón de fondo al herrerismo seguirá sangrando al Estado y sus empresas hasta destruirlas, a lo Menem. Aprovechemos, además, el 30 de junio para votar a Carolina, que hizo una excelente gestión en ANTEL.
A recuperar el Estado y sus empresas para más y mejores derechos para absolutamente toda la población.
fOTO
Refinería ANCAP en La Teja. Montevideo, ©RICARDO ANTUNEZ ad-hOC
