De acuerdo al Informe Anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PNP), en Argentina ha habido un crecimiento de “los casos de torturas, malos tratos y muertes bajo custodia en las cárceles federales”.
De acuerdo al diario Página 12, en el pasado año “se registraron más de 40 fallecimientos en contexto de encierro y casi cien casos de tortura más que en el año 2023”.
El informe, añade el medio de prensa, advierte “sobre la situación de sobrepoblación de las comisarías y alcaidías porteñas”, las que se consideran «no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de encierro».
El informe de más de 500 páginas, describe que “durante 2024 hubo 389 casos de víctimas de tortura y malos tratos, mientras que en 2023 se habían registrado 298. El registro del año pasado es, además, el más alto desde 2020, cuando los números habían bajado por la pandemia y luego comenzaron a subir año a año”.
De acuerdo a la institución argentina “260 de los casos de tortura fueron individuales, mientras que hubo 29 casos colectivos, con más de una víctima”.
«El episodio más importante tuvo 16 víctimas documentadas en la Unidad N°4 de La Pampa, en el marco de una requisa violenta», se lee en el documento de la PPN, que reconoce “que las cifras pueden arrojar incluso una subrepresentación ya que la cantidad total de víctimas solo refiere al número de personas entrevistadas por la PPN, por lo que puede haber más víctimas del hecho, así como otros episodios con un número mayor de personas agredidas».
En lo referido a las víctimas individuales, el informe indica que «el caso más grave fue el de una persona alojada en el CPF I de Ezeiza que sufrió episodios de malos tratos en 13 ocasiones».
“En cuanto a las muertes bajo custodia”, fueron registradas por la PPN “48 casos, de las cuales 40 ocurrieron en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) –10 más que en 2023– y 8 en comisarías de la Policía de la Ciudad con fallecidos con causas federales o nacionales. De las 40 producidas bajo la órbita del SPF, 17 fueron definidas como muertes violentas –3 más que en 2023– subdivididas en «tres homicidios, cinco suicidios, dos ocurridas en un contexto de consumo de drogas y otras cinco autoprovocadas en el marco de una medida de fuerza desoída». En ese último punto la PPN también pone un signo de alerta, ya que las cinco muertes duplican el promedio registrado en los quince años anteriores a 2024”.
Las muertes ocurridas en comisarías y alcaidías porteñas (8 en total), 2 fueron por causas violentas y 6 por enfermedad.
El informe puntualiza, sin embargo, que “los casos de muerte por enfermedad deben asociarse (…) con la crítica situación de sobrepoblación que atraviesan esos lugares de detención.
«En este contexto se ha detectado que la atención a la salud no cumple con los estándares mínimos de una adecuada asistencia intramuros. En particular, estos espacios no cuentan con personal médico propio, por lo que el acceso a consultas depende de las gestiones realizadas por las autoridades», advierte el informe.
