Paola Beltrán
Por mayoría, el Directorio de ANTEL resolvió arrendar su infraestructura de fibra óptica a sus competidores directos. De esta forma y por vía administrativa se consolida la perforación del monopolio de la empresa pública en una decisión que la perjudica de manera explícita y que trasluce una inseguridad jurídica para las inversiones del Estado vinculadas al desarrollo de sus empresas y entes públicos.
Pablo Siris, integrante del directorio de la URSEC y Daniel Larrosa, integrante del directorio de ANTEL, ambos en representación del Frente Amplio (FA), en entrevista con EL POPULAR, analizaron esta resolución que se vincula con la reciente aprobación de la Ley de Medios y con una línea del gobierno de entregar las inversiones que realizó el pueblo uruguayo para garantizar los negocios y los intereses de las empresas privadas.
Forma de resolver
La Constitución de la República establece que tanto para crear como para derogar monopolios se requiere una Ley aprobada por ambas cámaras del Parlamento en Asamblea General. Un ejemplo de ello fue en el año 2002 cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley de derogación del monopolio de ANCAP. Si bien este monopolio fue derogado, luego, fue recurrida a través de un referéndum popular.
“Obviamente lo que ha querido este gobierno es evitar las posibilidades de que una derogación del monopolio pueda ser recurrida por nuestro pueblo y entonces ha optado por medidas que lo que hacen es perforar esta normativa y limitando el monopolio de ANTEL”, explicó Siris. En el mismo sentido al aprobarse, por decreto, la creación del consorcio de los tres cables de Montevideo, se consolida, en la capital de nuestro país, un monopolio del 100% de la televisión para abonados al mismo tiempo que a esas empresas se les da la posibilidad de competir con ANTEL con internet y datos.
Esta medida que resuelve el Directorio de arrendar la fibra óptica de ANTEL fue rechazada en varias oportunidades en el Parlamento. Fue una medida que se introdujo en la LUC y no tuvo los votos suficientes en el Parlamento, luego se introdujo en varias rendiciones de cuenta, se introdujo también en la Ley de Medios original y siempre fue rechazada. Finalmente, se aprueba por la vía administrativa “sin ningún respaldo de un informe legal, económico o técnico que sustente esto, hay simplemente un informe que dice que ante requerimiento de nuevos clientes se les va a brindar un servicio y se les hace una rebaja de entre 78 y 90 % de los precios, se amplía el volumen del servicio, un volumen de mucho tráfico de datos y al mismo tiempo que se crean especialmente dos productos enteramente nuevos para que los cableoperadores puedan usar la red de ANTEL y de esta manera los cableoperadores lo que hacen es competir con ANTEL para sacarle los clientes de fibra óptica en los hogares. O sea, le estamos alquilando, de alguna manera, la infraestructura para que compitan con nosotros”, explicó Larrosa.
La entrega del patrimonio
ANTEL realizó una inversión de 1100 millones de dólares para lograr una infraestructura que llegue a todos los rincones del país con la internet tanto por fibra como inalámbrica, sumado a la decena de millones de dólares por la instalación del Data Center y los cables submarinos.
Esta infraestructura es la que ahora ANTEL pone a disposición de su competencia “pero no en cualquier condición sino en lo que se denomina un mercado maduro, o sea, un mercado en el que casi un 100% de la población está conectada a internet. Esta competencia no es para permitir que nuevos abonados a internet surjan en nuestro país, sino que es para «robar», como le llaman los economistas, «robar», no estoy refiriéndome a un delito, clientes a la empresa que hoy por hoy tiene el 99% de las personas que están conectadas a internet a través de redes físicas”, explicó Siris.
Y agregó: “ ambas decisiones, tanto la Ley de Medios que perfora el monopolio de ANTEL como esta decisión de hacer que ANTEL se ponga al servicio de los competidores privados, no dan sino cuenta de la intención de debilitar enormemente a la empresa estatal y pública de telecomunicaciones y lograr algo que era una aspiración planteada en reiteradas oportunidades por los adalides del neoliberalismo en nuestro país, en relación a que ANTEL fuera simplemente un proveedor de infraestructura para que los servicios al consumidor los dieran operadores privados”.
Inseguridad jurídica
Consultado sobre la vulnerabilidad en la que quedan las inversiones que hace el Estado en el desarrollo de sus empresas y entes públicos, Larrosa señaló una paradoja. ANTEL realiza estas inversiones millonarias “pensando en desarrollar un marco de generación de derechos de la ciudadanía porque, evidentemente, si esto lo hubiera desarrollado una empresa privada lo hubiese hecho donde hubiese rentabilidad y acá se buscó cobertura, que la población uruguaya accediera internet por medios físicos”. Estas inversiones se hicieron “dentro de un marco jurídico que ampara a la empresa para hacer ese tipo de inversiones, porque se llegaba a lugares donde no es redituable como empresa, pero se hizo como servicio público que es ANTEL. Bueno, resulta que ahora le cambian, tanto que se habla de la seguridad jurídica de las inversiones, justamente, cuando son públicas no hay seguridad jurídica porque se le cambió la cancha luego que había hecho todas esas inversiones de mil y pico de millones de dólares y ahora entran a competir con ANTEL agentes privados”.
Pérdidas millonarias
Larrosa informó que este año, ANTEL realizará una transferencia, al gobierno central, de 200 millones de dólares. Una estimación “moderada” del impacto de habilitar la competencia directa con el uso de la infraestructura de ANTEL, realizada por la propia gerencia de la empresa pública, calcula la pérdida de un 15% del mercado, es decir, 60 millones de dólares anuales.
“En cualquier mercado competitivo, sobre todo cuando nos enfrentemos a grandes jugadores, podemos perder bastante más que el 15%, pero si pensamos 15% son 60 millones, o sea que nos borraron un tercio de las ganancias. Pensemos lo que fue ANTEL en la pandemia en el sentido de que permitió que todos nos conectáramos, trabajáramos, cuidáramos de la salud, pudiéramos entretenernos, el Plan Ceibal, las cámaras del Ministerio del Interior que solventan su conectividad con ANTEL, el aporte al Ministerio de Turismo con quien tenemos un convenio donde ANTEL procesa información para decir dónde entra cada turista, a qué lugar va; las canastas del MIDES se reparten a través de aplicaciones de ANTEL, el call center de ANTEL, por ejemplo trabaja para Salud Pública, MIDES, OSE, hay muchos servicios y muchas ganancias de ANTEL que son para rentas generales y muchos servicios que da en general para la población. Todo eso se pone en riesgo porque eso se hace a través de ANTEL que es una empresa solvente en el sector público”.
El poder de los medios
“En nuestro país los medios de comunicación están especialmente vinculados a determinados sectores políticos. Por fuerza de estas decisiones, han recibido por parte del poder político en estos años de gestión una enorme cantidad de favores por parte del Poder Ejecutivo. Desde concursos en los que la Dirección Nacional de Comunicaciones les regala a los canales de Montevideo, a los canales comerciales de Montevideo, 82 millones de pesos para pagar los royalties de programas, de formatos internacionales, dinero para modernización de equipos, contratos con la propia empresa de ANTEL de un millón de dólares por año para cada una de estas tres empresas, de los tres canales de Montevideo para brindar un servicio absolutamente deficitario”, aclaró Siris.
Todo esto da cuenta que “lo que se está haciendo con estos medios es otorgarles una cantidad importantísimas de prebendas a costa del bolsillo de todas y todos los uruguayos”, agregó.
Futuro
Para Pablo Siris, en vez de estar discutiendo cómo enfrentar una verdadera revolución de las telecomunicaciones y cómo nuestro país se posiciona y toma la vanguardia “lo que estamos haciendo es convertir nuestras posibilidades en un negocio en el que permitimos que se adueñan los mismos dueños del capital que siempre ha habido en nuestro país”.
Por su parte Larrosa explicó que se están analizando los caminos a seguir. “Está planteado poder hacer algún recurso administrativo, de amparo, porque como esto daña a ANTEL, podría irse por alguna de esas vías. Se tomó una resolución totalmente infundada y que además es perjudicial para ANTEL y esto puede abrir, hay que estudiarlo bien, si no configura, por ejemplo, abuso de funciones o algún otro delito. Porque de verdad acá el Directorio de ANTEL toma una medida que no la tomó el Parlamento, que es perjudicial para ANTEL, contra sus intereses, cuando una de las tareas principales del Directorio es cuidar del patrimonio que le ha sido dado en administración, que es el patrimonio de ANTEL, entonces ahí podría abrirse el camino penal”, concluyó.
