La operativa mafiosa del ex Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, fue probada por la justicia. Astesiano llegó a un acuerdo con la fiscal Gabriela Fosatti para un juicio abreviado y aceptó una condena de cuatro años y seis meses de cárcel por cuatro delitos: asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secretos y conjunción del interés público y privado.
De esta manera, y más allá de otras consideraciones que abordaremos más adelante, la justicia comprobó que una Asociación para Delinquir operó en Presidencia de la República y la integraba el Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. La condena es por la primera línea de investigación de este caso: la vinculada a la falsificación de documentos para obtener pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos.
Hay otras cuatro líneas de investigación más: el pedido de espionaje con fines extorsivos a dos senadores frenteamplistas, Mario Bergara y Charles Carrera; las filtraciones del contenido de los chats y audios, dónde se produjo, su impacto; las relaciones con varios jerarcas policiales para hacer pesquisas, acceder a información y a operativos de vigilancia y el espionaje, usando recursos y personal del Ministerio del Interior, contra el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala y el pedido de espionaje contra estudiantes y docentes del Liceo 41.
Sobre estos posibles delitos no hubo pronunciamiento aún, no están ni confirmados ni descartados. Es cierto que el acuerdo judicial entre la defensa de Astesiano y la Fiscalía establece una pena de cárcel para todo lo que se probó y lo que se podría probar, pero eso no inhabilita que las investigaciones sigan. Deben seguir.
Todo esto hace realmente inexplicables y rayanas en el ridículo político y comunicacional, por no hablar ya del plano institucional, las declaraciones del presidente de la República, Luis Lacalle Pou y de los voceros políticos más viscerales y provocadores del Herrerismo, casi que festejando la condena. Lacalle Pou se expidió con un insólito: “La Justicia habló”. El presidente insistió en la línea argumental alienada y negacionista, diciendo que “no tiene idea” sobre las repercusiones políticas. En otro nivel, pero abonando a lo mismo, el senador Sebastián Da Silva dijo que la mayoría de las acusaciones contra Astesiano no se probaron, no es cierto. Graciela Bianchi fue más directa y se ofreció a “pegarle” a Astesiano.
Insistimos, la Justicia comprobó que en Presidencia de la República operó una Asociación para Delinquir, que la integraba el Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, que tenía al menos cuatro cómplices más, un escribano, su pareja, un ex cónsul uruguayo en Rusia y un ciudadano ruso, todos están imputados. Esa organización, de alcance internacional, falsificó documentos públicos, entregó pasaportes a ciudadanos rusos, accedió a los bancos de datos del Ministerio del Interior y de Cancillería, expuso información delicada del Estado y utilizó recursos y oficinas de Presidencia de la República para delinquir. Esta operativa mafiosa incluyó también los delitos de tráfico de influencias, revelación de secretos y conjunción del interés público y privado.
Además de eso está siendo investigada buena parte de la cúpula de la Policía, por tráfico de influencias, entrega de información y espionaje.
Eso es lo que habló la Justicia. ¿El presidente cree realmente que no tiene ninguna repercusión política?, ¿cree realmente que no tiene ninguna responsabilidad?, ¿cree realmente que esto se arregla con un acuerdo de un juicio abreviado y una condena recortada?
En la semana previa a que la fiscal Fosatti y la defensa de Astesiano llegaran a un acuerdo para la condena que se anunció el miércoles, pasaron muchas cosas, algunas las reflejamos en el editorial anterior de EL POPULAR, otras no porque ocurrieron luego de que el semanario estaba impreso.
El viernes se conoció, a través del diario El País, insospechado de ser de izquierda como había acusado un día antes el enojado y descolocado Luis Lacalle Pou, que en sus declaraciones ante Fiscalía, Astesiano dijo que el presidente le daba “alas” para hacer lo que hacía y que él era “un jefe político, a pesar de que Álvaro Delgado ahora diga que no”.
El mismo día, la defensa del ex subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, imputado por tres delitos de revelación de secreto, afirmó que este había entregado información a Astesiano porque se le había indicado que el pedido venía “del presidente”. Como prueba presentó capturas de pantalla de los chats donde aparece el presidente pidiendo información a Astesiano.
En el mismo sentido se pronunciaron tanto el padre como el hermano de Astesiano, en declaraciones de prensa sobre una reunión que el primero tuvo con el ex jerarca del Ministerio del Interior, Gustavo Leal.
El padre de Astesiano dijo que a su hijo le habían soltado la mano, que todos lo conocían bien y le pedían favores. El hermano definió a Astesiano como “un soldado universal” al que le planteaban problemas y “él los resolvía”. Dijo que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber mintió cuando dijo que no lo conocía, según afirmó, Astesiano fue su chofer durante más de un año. “Entre el wisky y el éxito Heber se olvidó de mi hermano”, dijo. También denunció que mintió el secretario general de la Presidencia, Álvaro Delgado. El hermano de Astesiano reveló que este hizo entrar a un matrimonio de empresarios rusos que querían comprar un frigorífico y que se reunieron con Delgado.
Ante todo esto planteamos 10 interrogantes: 1) ¿No hay ninguna responsabilidad judicial del presidente? 2) ¿Ninguna del Secretario General de la Presidencia, Alvaro Delgado; del prosecretario, Rodrigo Ferrés; del Director de Inteligencia Estratégica, Alvaro Garcé? 3) ¿No hay ninguna responsabilidad del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que tuvo que destituir a toda la cúpula policial? 4) ¿Si no hay responsabilidad judicial, no existen responsabilidades políticas? 5) ¿Lacalle Pou que mintió y no solo una vez, si no varias, sobre este caso, arregla todo diciendo: Me equivoqué? 6) ¿Delgado y Ferrés, responsables funcionales de Astesiano, que también mintieron, no tienen ninguna responsabilidad? 7) ¿Nicolas Martínez, el secretario privado del presidente, que como se probó sabía de varias de las actividades de Astesiano, no tiene ninguna responsabilidad? 8) ¿El acuerdo realizado por Astesiano no va a afectar las investigaciones pendientes? 9) ¿A qué se debe que la fiscal Fosatti haya adelantado que según ella no hay actos de apariencia delictiva en el espionaje a Marcelo Abdala y el pedido de hacerlo a estudiantes y docentes de un liceo, en qué ayuda a la causa? 10) ¿A qué se debe que casi al mismo tiempo de la afirmación anterior se le imponga la condición de indagado a Gustavo Leal por una reunión con el padre de Astesiano, por qué ahí si la fiscal ve hechos de apariencia delictiva?
Son solo 10 preguntas que entendemos pertinentes, hay muchas más.
En todo caso es imprescindible señalar, con mucha claridad, que no se puede, utilizando un mecanismo legítimo e importante, como el acuerdo para un juicio abreviado, afectar la continuidad de las investigaciones.
Hay que llegar al fondo de esta grave situación política e institucional, donde está, le guste o no, involucrado el propio presidente de la República. Hablamos de su responsabilidad institucional, política y personal y de que mintió, no una vez, varias.
Mintió cuando dijo que ignoraba los antecedentes de Astesiano, mintió cuando dijo e hizo decir a tres de sus principales funcionarios, en pleno Parlamento, que Astesiano era un simple guardaespaldas, casi un patovica venal y no el Jefe de una repartición estatal con amplias potestades operativas. También mintió cuando dijo que no sabía nada de lo que hacía Astesiano, ahora se sabe que hay algunas cosas, al menos algunas, que se las pidió él.
Es realmente insólito que el presidente, sus voceros políticos y mediáticos y el Herrerismo festejen como un logro que “sólo” se probó que había una Asociación para Delinquir funcionando en presidencia de la República.
Es igual de insólito que se pretenda instalar que con un simple “me equivoqué” del presidente, se arregla todo y se justifican mentiras y responsabilidades institucionales, políticas y funcionales.
La Justicia debe seguir investigando, el Parlamento debe exigir responsabilidades políticas al gobierno y la población debe permanecer vigilante para que no se imponga una operación blindaje del presidente y del gobierno.
