El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), asociación civil sin fines de lucro que lleva adelante acciones en Uruguay por el derecho a la información pública, la libertad de expresión y la participación social, expresó su preocupación por el estado actual del acceso a la información pública en el país.
En declaraciones dadas al programa Nada que perder de M24, su títular Fabián Werner, marcó su preocupación ya que el país que, desde 2008, se había convertido en un referente internacional para los temas de acceso a la información pública, ahora estaba en un escenario diferente.
Werner recordó la aprobación por parte de la asamblea general de la OEA de “una ley de acceso 2.0”, sin embargo, “Uruguay tomó decisiones” que implican retrocesos en esta materia.
Durante el intercambio con el medio de prensa, el especialista subrayó que “los pedidos de acceso a la información pública (…) son un insumo muy importante para la ciudadanía y para el ejercicio del periodismo”, algo que, “en contexto de año electoral (…) se vuelve aún más relevante”.
El experto puso como ejemplo de la situación actual la negativa o no consideración por parte del Ministerio del Interior de los pedidos de acceso a información, a pesar de que existen “casos en las cuales la unidad de información” de dicha cartera ha confirmado “que asiste derecho a quienes la piden”, sin embargo ello no ha conducido a “respuestas” de parte de dicha secretaría de Estado.
“Esto marca la falta de respaldo del Estado en general y de este gobierno en particular a esta Unidad”, señaló Wener quien consideró que ello obedece a “la falta de potestades sancionatorias y ninguneos lamentables a las reformas propuestas”.
“Durante la rendición de cuentas”, describió, “se discutió un proyecto para otorgar estas potestades, las mismas que las de la Unidad de Datos Personales”, ello implicaba equipararlas, sin embargo, “Presidencia ni siquiera consideró la propuesta”.
Werner reconoció “el compromiso e idoneidad técnica de los integrantes de la Unidad”, al tiempo que recordó “la recomendación negativa a los cambios que afectaron el derecho al acceso a la información pública tanto en distintas rendiciones de cuenta como en la Ley de urgente consideración”.
