20160818/ Javier Calvelo - adhocFOTOS/ URUGUAY/ MONTEVIDEO/ Sala Camacuá, ubicada en Camacuá 575 (AEBU)/ En el marco del 50 aniversario de la fundación de la central sindical PIT_CNT se realizó una mesa redonda bajo el título “Vigencia de la unidad del movimiento sindical”. En la foto: Conferencia del PIT- CNT “Vigencia de la unidad del movimiento sindical”. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Carta del PIT-CNT al embajador argentino en Uruguay

La central sindical (PIT-CNT) envió al embajador argentino en nuestro país una misva en la que señalan la profunda preocupación por la situación que atraviesa el vecino país.

Además de la central uruguaya la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA) y la Federación Sindical Mundial (FSM), acompañaron la adhesión al documento que expresa su respaldo al paro nacional que fuera “convocado por las centrales sindicales argentinas, CGT, CTA-T y CTA-A (…) en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de “ley ómnibus”, que violan los principios de división de poderes, los principios democráticos y el correcto funcionamiento de las instituciones y la norma constitucional”.

La misiva subraya que “algunas de las medidas del DNU 70/23 (…) afectan de manera sumamente negativa a los trabajadores y trabajadoras” e identifica entre ellas a los “fuertes límites al ejercicio del derecho de huelga y a la realización de asambleas sindicales”, así como a la ampliación del “período de prueba de 3 a 8 meses”, permitiendo además “desregular la jornada laboral” y modificar “la regulación de las horas extras”.

En el texto que se pone a disposición en nuestro portal se denuncia que las medidas impulsadas por el nuevo gobierno argentino “facilita la tercerización y la intermediación laboral; reduce la indemnización por despido; debilita la ley de contrato de trabajo al reducir su aplicabilidad; elimina multas por empleo no registrado y por la falta de pago de las indemnizaciones”.

Al referirse a la denominada “ley ómnibus” se destaca que la misma “incluye una modificación del Código Penal que lleva la criminalización de la protesta social a niveles no vistos desde la última dictadura militar, entre las medidas claramente destinadas a limitar la acción sindical”.

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