Por Rony Corbo
Las movilizaciones que recomenzaron en Colombia hace un mes están dando frutos concretos con la caída de dos reformas propuestas por el gobierno de Iván Duque: la tributaria y la sanitaria. Al mismo tiempo, las clases populares advierten al gobierno sobre un nuevo levantamiento, en caso de que insista en mantener las reformas laborales y de pensiones que son un ataque directo a los trabajadores.
Miles de personas marcharon nuevamente este miércoles en capitales y municipios de los 32 departamentos de Colombia para exigir al gobierno del presidente Iván Duque apoyo económico a los pobres y otras medidas sociales.
Los manifestantes exigieron avances en el denominado Pliego Nacional de Emergencia. El paro es coordinado por el Comité Nacional del Paro (CNP), el cual está conformado por sindicatos, estudiantes, docentes e indígenas entre otros colectivos.
Las demandas incluyen el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, una moratoria en el pago de hipotecas y servicios públicos durante cuatro meses y la derogación de las medidas de emergencia que, según el CNP, han empeorado las condiciones de trabajo durante la pandemia de Covid-19, cuya tercera ola está en su punto más álgido tras registrar 514 fallecidos y 23 mil 487 casos ayer.
Gran presencia de la juventud en las movilizaciones
La clase trabajadora, los jóvenes más pobres y los estudiantes, indígenas y feministas han han salido a las calles a arriesgar la vida, no solo ante la posibilidad de contagio sino también ante la represión policial. Los sectores populares no sólo están saliendo para hacer frente a la reforma fiscal y el “Paquetazo” de Duque sino contra las condiciones de miseria en que viven. No tienen nada que perder.
En el caso de los jóvenes no son solo estudiantes como era tradicional, sino son jóvenes de barrios pobres quienes no tienen trabajo, no pueden estudiar por la privatización de la educación y no tienen ni que comer.
Según las cifras elaboradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza extrema alcanzó al 42,5% de la población.
Fracaso el dialogo entre el CNP y el gobierno
Hace ocho días se instaló la Comisión de Acercamiento y de Diálogo, para acordar entre el CNP y el Gobierno las condiciones mínimas que permitan abrir una posible negociación. Los condicionantes se refieren a las garantías al derecho a la protesta: la desmilitarización de las ciudades, retiro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), eliminar el uso de las armas letales como las balas de goma y el sistema Venom (sistema de lanzamiento múltiple de granadas de gas lacrimógeno y aturdidoras) que utiliza la policía, las cuales han causado lesiones oculares irreparables y muerte; investigar y retirar de la institución a los policías que están involucrados en estos delitos.
Ante la negativa de puntos como el desmonte del ESMAD; la solicitud de contar con la presencia de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los relatores especiales de la ONU; la condena por parte del gobierno a los casos de violencia por parte de la Policía Nacional, entre otros, el CNP dejó constancia de la oposición del gobierno a construir las garantías necesarias para una negociación real.
Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, llamó a reforzar las protestas de este viernes, cuando se cumplirá un mes de las movilizaciones y continuar la lucha.
Detenida la delegación argentina
Este miércoles, en la reunión de la Regional Sur del Foro de Sao Paulo, Alejandro Rusconi del Movimiento Evita, quien está en Colombia, informó que el martes, autoridades impidieron la entrada a ese país al líder social argentino Juan Grabois, miembro de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos. El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció además que fue agredido por el personal de migraciones del aeropuerto internacional de Bogotá y lo subieron a un vuelo con destino a Lima, Perú.
La delegación argentina informó que Ismael Jalil, abogado de Correpi, había sido «demorado» por asumir la defensa de Grabois al momento de ser retenido y el resto de la delegación está vigilada estrictamente.
Para cerrar la nota una buena noticia. La Junta Especial para la Paz (JEP) de Colombia, surgida de los acuerdos de La Habana, reconoció que el Partido Comunista Colombiano (PCC) sufrió múltiples hechos victimizantes, entre ellos, los relatados en el informe entregado a la Sala de Reconocimiento, ‘Banderas Rojas en Vuelo Libertario’, en el que describen 100 casos representativos de la violencia contra el PCC y un universo de 1.200 víctimas. El PCC demostró que sufrió persecución y violencia durante el conflicto armado, que afectaron a 1.200 personas entre 1958 y 2016, la JEP acreditó a esta colectividad en el marco del caso 06: ‘Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado’.
En ese documento el PCC expuso que, durante más de cinco décadas, “hubo más de 304 homicidios, 35 desapariciones forzadas, desplazamientos forzados en las tres regiones priorizadas (Meta, Magdalena Medio y Urabá), que buscaban desestructurar al Partido Comunista y la JUCO en el ámbito local, regional y nacional».
