Las temáticas de la defensa nacional, y en particular lo vinculado a las Fuerzas Armadas, suelen ser asuntos poco atractivos para los análisis cotidianos. Sin embargo, una sociedad que pretenda avanzar en el control político y en la elaboración democrática de la defensa nacional necesita romper la lógica de la inmediatez para discutir, al mismo tiempo, pero con mucha profundidad, temas que son centrales para el desarrollo estratégico. La formación militar es uno de ellos.
Para dar una ligera idea de la importancia que este tema tiene basta con decir que anualmente pasan unos 2.500 estudiantes por el sistema de enseñanza del Ejército. Este sistema está compuesto por 5 institutos: el IMES (Instituto Militar de Estudios Superiores), la Escuela Militar, el Liceo Militar, el Instituto de Armas y Especialidades, y el Instituto Geográfico Militar. A esto se suman tres escuelas: la escuela de Comunicación del Ejército, la escuela de Ingenieros y la escuela de Operaciones de Paz. Por último, se encuentran los centros de instrucción del Ejército.
En diciembre del año pasado el Ministerio de Defensa Nacional entregó al Parlamento las modificaciones al plan de estudios del Ejército. A este material accedí y de su lectura se desprenden algunas conclusiones que se desarrollarán en esta nota.
Los cambios en el módulo de historia militar se encuentran comprendidos en el período 1958 y 2020. El proceso de revisión contó con el visto bueno del gobierno nacional. Este detalle no es menor, puesto que la iniciativa para un tema tan sensible no partió desde el mando superior de las Fuerzas Armadas, es decir del gobierno, sino desde el propio Ejército. Se podrán comprender las necesidades formativas de la fuerza, pero hubiera sido deseable que el proceso fuera distinto, partiendo de una iniciativa del sistema político en su conjunto e incorporando a las instituciones educativas competentes en dicho proceso.
No se trata aquí de polemizar acerca de las intenciones o de las motivaciones que pudieran haber estado detrás de este impulso, sino de hablar sobre las formas que dieron lugar a la revisión y, por supuesto, incursionar en sus contenidos, puesto que sus resultados no son ajenos precisamente a las formas que precedieron la iniciativa.
Coincidencias que vienen desde lejos
Como se señalaba, la revisión histórica abarca el período 1958-2020. Las fechas que marcan una especie de mojones no parecen ser elegidas al azar. 1958 fue un año de mucha relevancia nacional y regional. Fue un año crucial para el triunfo definitivo de la revolución cubana en los amaneceres de 1959. Es el año en que se conquista la Ley Orgánica de la Universidad de la República, con la lucha en la calle por leyes obreras también. Es el año en el que nace una unidad y una consigna que sería determinante para la historia del movimiento popular y del Uruguay todo: Obreros y estudiantes, unidos y adelante. Es el año también en que gana el Partido Nacional las elecciones desplazando al Partido Colorado del gobierno luego de casi un siglo en él. En esta oportunidad es importante detenerse en la fecha vinculada a la revolución cubana, puesto que desde allí parece existir un intento de explicación a lo que más tarde ocurriría en nuestro país. Desde este punto de vista, nada nuevo, nada que hasta el momento no se haya visto hasta el cansancio por parte de quienes aún hoy, promueven planteos típicos de la guerra fría. El material que contiene el nuevo plan de estudios parecería partir de la revolución cubana para interpretar o entender algunos otros fenómenos revolucionarios en la región, que incluyen obviamente a nuestro país. A texto expreso señala dentro sus objetivos: “Conocer la estrategia continental llevada a cabo por Cuba para el apoyo de la guerrilla regional (…) conocer la declaración de la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad) y el marco contextual de la doctrina de la seguridad nacional”.
Sobre este último punto, sería bueno conocer cuál es el “contexto” que se pretende impartir sobre la doctrina de la seguridad nacional, puesto que por lo general quienes justifican dicha doctrina lo hacen desde la supuesta agresión extracontinental. Sin embargo, esta doctrina importada primero a los EEUU y luego irradiada a las fuerzas armadas de América Latina, sirvió como marco ideológico y operativo para llevar a cabo una violencia estatal contra los pueblos latinoamericanos como nunca antes se había visto, con el objetivo de destruir las organizaciones populares enterrando sus luchas para imponer un modelo económico y cultural: el neoliberalismo.
Lo más peligroso de las modificaciones en Historia Militar tiene que ver con un reposicionamiento de la teoría de los dos demonios. Bajo una supuesta revisión que “colocaría todas las campanas” lo que termina ocurriendo es más de lo mismo. El problema pasa por comprender que la historia no es una sumatoria de “campanas”, ni una síntesis de sus posiciones. No se trata de quedar bien con dios y con el diablo, mucho menos cuando no hay tal dios y todos son diablos.
Esta perspectiva teórica es peligrosa porque en primer lugar distorsiona abiertamente los hechos históricos ocurridos en nuestro país y la región. En segundo lugar, porque su aterrizaje local es una forma de licuar las responsabilidades de quienes llevaron a cabo el golpe de estado, edificaron el terrorismo de estado y con ello pusieron en práctica la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo uruguayo. Dicha teoría es una aliada principal de la impunidad.
La teoría de los dos demonios se cuela en el plan de estudios cuando coloca en un lugar de enorme relevancia histórica a los movimientos guerrilleros previo al golpe de estado, en particular al MLN. Como si se tratara de justificar las acciones del aparato represivo del estado luego de su surgimiento. Tal vez lo que más grafica lo señalado estriba en el fragmento del material presentado por el ministro de Defensa Nacional al Parlamento. Al describir la dictadura cívico militar y sus fases, pone el centro en las “iniciativas y acciones de la reorganización armada marxista en el exterior y su contraparte, el Plan Cóndor”. Si se habla de contraparte es porque se asumen bandos, con similares características y poder. Sin embargo, la realidad indica que las coordinaciones regionales represivas que involucraron a varios ejércitos americanos, incluso como antesala del Plan Cóndor, formaron parte de la imposición de un modelo neoliberal en el continente. Para asegurar su puesta en marcha primero había que derrotar a las organizaciones populares y luego edificar las nuevas bases sociales y económicas, todo esto bajo el fuego represivo desplegado por EEUU utilizando a los ejércitos y fuerzas policiales de los respectivos países contra sus propios pueblos.
Lo que falta
Las ausencias en el material también son notorias. No aparece con claridad el terrorismo de estado, ni mucho menos las violaciones a los derechos humanos que cometieron las Fuerzas Armadas, ni antes ni durante la dictadura. No solo sería un hecho de justicia histórica, sino también una necesidad para que los militares y futuros militares tengan claro lo ocurrido con el objetivo de que nunca más vuelva a repetirse una situación así en nuestro país. De esta manera, el nuevo plan de estudios parece concentrar principalmente sus baterías en dos fases. Una previa al golpe de estado, y otra posterior a la derrota de la dictadura cívico-militar. Los principales acontecimientos ocurridos durante la dictadura no se encuentran jerarquizados debidamente, salvo la aparición del plebiscito de 1980.
Esta fase, la de la dictadura, posiblemente sea una de las más importantes a considerar, puesto que se trata de los años en que se desplegó con mayor ferocidad el terrorismo de estado en el Uruguay. Es sin lugar a dudas, uno de los elementos que más debería interpelar a las Fuerzas Armadas y a los civiles que llevaron a cabo semejantes atropellos.
Tampoco parece estar con la suficiente claridad, el papel del imperialismo en la generación de la violencia política y social que vivió nuestro país, no solo durante los años previos al golpe de estado de 1973, sino durante el desarrollo y sostenimiento de la dictadura cívico militar. Es difícil de imaginar un ejército artiguista y defensor de la patria que esquive posiciones antiimperialistas.
A modo de cierre, queda claro que nuestra sociedad se debe un debate más profundo sobre el pasado reciente que permita encontrar las claves para construir un país más democrático sobre la base de la verdad histórica. Lo aquí señalado evidencia, además, la necesidad de continuar discutiendo sobre del rol que deben jugar las fuerzas armadas en nuestro país. No hay atajos posibles.
Gerardo Núñez Fallabrino, Diputado de la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio.
