Conocida como la causa Golpe de Estado II, la pasada jornada dio comienzo al primer juicio oral contra de la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez.
En esta causa, la ex golpista boliviana enfrenta acusaciones por “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución”, al haber usurpado la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin el cumplimiento de los requisitos institucionales establecidos.
Por todo ello Áñez puede ser condenada a una pena máxima de 10 años que ha sido la solicitud de la Fiscalía.
En su acusación, la Fiscalía señala que “la exsenadora cometió varias faltas a la carta magna y a los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional antes de autoproclamarse como mandataria de facto el 12 de noviembre de 2019”.
Como recuerda Telesur, luego del golpe a Evo Morales, “la presidencia interina del país debía recaer en un legislador o legisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), ya que tenían mayoría de escaños”, pero ello no sucedió y Áñez se autoproclamó presidenta en nombre del bloque opositor del que era parte.
Durante el juicio serán analizadas las complicidades y colaboraciones que recibió Áñez por parte de “políticos, policías, militares y personas de la sociedad civil que colaboraron en la sucesión irregular de Jeanine Áñez”.
Además de la usurpadora, serán juzgados el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; y los excomandantes Pastor Mendieta (Ejército), Gonzalo Terceros (Fuerza Aérea) y Palmiro Jarjury (Fuerzas Armadas), restando por enjuiciarse al excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, quienes se hallan prófugos de la justicia boliviana.
A las acusaciones contra Jeanine Áñez, se agregarán otras investigaciones por delitos de lesa humanidad, vinculados con las masacres de Sacaba y Senkata, en la que, al menos 38 personas fueron asesinadas y unos cientos más heridas.
En un intento por postergar el inicio del juicio, Áñez inició una huelga de hambre que fue calificada por el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Gualberto Arispe, “como una acción política de victimización, cuyo objetivo es evitar el proceso judicial”.
