Tal y como se preveía, el presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, hizo uso de la noramtiva denominada “muerte cruzada”.
La decisión de Lasso se produce luego que sus declaraciones por el juicio político que se le sigue en el Parlamento Nacional fueran duramente criticadas.
Medios de prensa locales informaron que el manadatario firmó este miércoles el decreto de muerte cruzada que implica “la disolución de la Asamblea Nacional” y el llamado a elecciones anticipadas, tanto para la Asamblea Nacional como para postulantes a la presidencia.
Una vez firmada la resolución y según declararon voceros parlamentarios, el recinto fue desalojado por fuerzas de la Policía Nacional.
Toda vez que se decreta el mecanismo de “muerte cruzada”, el Consejo Nacional Electoral está mandatado para convocar a elecciones generales en un máximo de 90 días.
En dichos comicios deberán elegirse tanto al presidente como a los asambleístas. En el interín, Lasso está facultado para gobernar mediante “decretos de urgencia económica”, que deben recibir el aval favorable de la Corte Constitucional.
Lasso anunció que la resolución de aplicar el decreto 741, se fundamenta en que “el país enfrenta una crisis política”, que pone en entredicho “la capacidad de los órganos del Estado de cumplir sus funciones apropiadamente y atender las necesidades ciudadanas por la confrontación que se ha dado desde el Legislativo hacia el Ejecutivo desde el inicio de mi gestión”.
De acuerdo a la agencia Prensa Latina, en la madrugada del miércoles, los efectivos policiales no solo desalojaron el recinto, sino que hoy la sede de la Asamblea Nacional amaneció acordonada por los efectivos policiales quienes colocaron “vallas en los exteriores de la institución”, impidiendo todo acceso al edificio..
Según declaró el comandante General de la Policía, Fausto Salinas, “al activarse el artículo 148 de la carta magna es necesario resguardar la sede parlamentria, así como los bienes y documentos que están en el interior”.
Salinas realizó, además, un llamado a la ciudadanía y pidió que todos vivan el actual “momento con madurez democrática”, evitando así acciones que conduzcan a “la violencia y la confrontación”.
Al apoyar las palabras del responsable de las fuerzas policiales, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, afirmó “que la decisión de disolver el parlamento está apegada a la ley” y en atención a ello “los militares protegerán las garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de derecho”.
Proaño subrayó que tanto las Fuerzas Armadas, como la Policía “son instituciones obedientes y no deliberante que estaba seguro “que el país no aceptará intentos de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia”.
Al explicar la resolución asumida, Lasso afirmó que su gobierno tenía que “dar respuesta a la crisis política que tiene entrampado a Ecuador” como “una acción democrática, porque devuelve a los ecuatorianos el poder de decidir su futuro”.
La resolución anunciada por el presidente ha sido cuestionada y algunos de los opositores a la misma la calificaron como “ilegal”, ya que para que la misma sea legítima esta tiene que estar “justificada en una de las causales previstas en la ley”, esto es, “si la Asamblea Nacional se arroga funciones, si el legislativo obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, o por una grave crisis política y conmoción interna”.
A raíz de estos acontecimientos, se espera un rápido pronunciamiento “del Consejo Nacional Electoral sobre el cronograma que aplicarán para llamar a elecciones”, anuncio que posibilitaría que el país pueda tener “un nuevo presidente en el mes de noviembre”.
