20150215/ Javier Calvelo - adhocFOTOS/ URUGUAY/ MONTEVIDEO/ Palacio Legislativo - Cámara de Senadores/ El Parlamento uruguayo inicia este domingo su cuadragésima octava legislatura, con mayoría en ambas cámaras del Frente Amplio (FA), coalición que gobernará el país por tercera vez consecutiva desde el 1º de marzo. Gracias al 47,8 % de los sufragios, el FA tendrá mayoría tanto en la cámara de Diputados, con 50 de 99 asientos, como en el Senado, con 15 de 30 (que serán 16 cuando asuma su cargo el vicepresidente del país y también la titularidad de la cámara alta). En la foto: Cámara de Senadores del Palacio Legislativo de Montevideo. Foto: Javier Calvelo /adhocFOTOS

Con el debido respeto

Gastón Grisoni (*)

El Partido Nacional ha promovido un proyecto de ley, actualmente a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, que retoma una iniciativa ya planteada por Cabildo Abierto al principio de la legislatura. La iniciativa original no prosperó. Entre otras cosas, otorga la prisión domiciliaria obligatoria, de oficio y sin más trámite, a todos los represores encarcelados o por encarcelar de la dictadura.

Un proyecto a medida

El propósito del proyecto que fuera presentado por Cabildo Abierto hace dos años, que permaneciera encajonado en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado hasta el momento, pretende enviar a sus domicilios, de manera obligatoria. a todos los represores mayores de 70 años invocando razones humanitarias. Una manera clara de mejorar sus ya benignas condiciones de reclusión. Una manera parlamentaria de eludir el castigo penal impuesto por los jueces que atendieron sus causas.

El beneficio de la prisión domiciliaria ya existe en la legislación uruguaya. Su empleo está debidamente regulado para los casos en que haya razones debidamente fundadas y documentadas. De hecho, un número no menor de represores procesados como el capitán Ricardo Arab, el general Mario Aguerrondo y el general Juan Rebollo están haciendo uso de dicho beneficio en la actualidad.

Cabildo Abierto niega las normas de Derechos Humanos

El presidente de Cabildo Abierto ha señalado que este proyecto es la contracara de la Ley 15 737, aprobada en marzo de 1985, al retornar a la democracia, durante el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti y que permitió la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura.

Cabildo Abierto, liderado por el general Guido Manini Ríos, y con una fuerte presencia de militares en sus estructuras partidarias, ha promovido, desde su surgimiento, una fuerte defensa pública de los militares procesados, cuestionando airadamente los procesos judiciales y al propio Poder Judicial. Al mismo tiempo ha intentado restablecer la caducidad de la pretensión punitiva del Estado y promovido un relato justificativo y elogioso de la dictadura militar. Al mismo tiempo no reconoce hasta el momento la jerarquía jurídica y la validez legítima de las normas de DDHH para dignificar y humanizar la convivencia social.

Surgidas luego de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, las normas de DDHH, regulan las conductas de los funcionarios del Estado para proteger a los ciudadanos de potenciales abusos de poder, especialmente de aquellos que tienen el monopolio de la coerción para imponer conductas. Los delitos cometidos por los funcionarios del Estado no pueden asimilarse ni equipararse con los llevados a cabo por civiles, ya sea en forma individual y colectiva.

Los funcionarios del Estado tienen la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos y sus conductas, cuando cometen delitos, por lo mismo, son de por sí graves. 

Cumplir las penas impuestas por las leyes

Para evitar que las graves violaciones a los derechos humanos vuelvan a ocurrir es imprescindible que los responsables de ellas sean juzgados y condenados. La investigación, el esclarecimiento y la sanción de los delitos, sean o no crímenes de lesa humanidad, es un camino indispensable para evitar la repetición de estos. Hay que castigar los delitos del pasado para afirmar el futuro democrático.  El castigo tiene efectos profilácticos para desalentar en el presente y en el futuro dichas conductas.

Las víctimas de las graves violaciones y sus familiares tienen derecho a que los perpetradores de los más horrendos crímenes sean juzgados, condenados y que cumplan las condenas establecidas por los jueces, sin percibir beneficios de ninguna clase. El Senado de la República no puede aprobar un proyecto de ley que otorga facilidades indebidas a los peores criminales de la historia del país.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

Foto de portada:

Cámara de Senadores del Palacio Legislativo donde está a estudio el proyecto de ley. Foto: Javier Calvelo /adhocFOTOS.

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