En la construcción de la planta de UPM 2, ubicada en el centro del país, a 25 kilómetros de la ciudad de Paso de los Toros, ya están trabajando 1.800 obreras y obreros. Hace varios días que el SUNCA se declaró en conflicto por la falta de avances en la negociación del convenio interno.
EL POPULAR entrevistó a Pablo Argenzio, secretario de Relaciones Laborales del SUNCA, que está en la obra y explicó la situación que se vive en UPM 2 y también el conflicto que se enfrenta en la rama de Peajes, dado que peligran 250 puestos de trabajo.
-¿Por qué se declaró un conflicto en la planta de UPM 2?
El conflicto que está instalado aquí en la planta de UPM 2 tiene sus causas en la discusión de un convenio interno que nos genera mejores condiciones para las y los trabajadores de aquí y para la industria hacia delante, cuando se trata de iniciativas inversiones de este porte, es importante que nos dejen elementos que también nos puedan hacer avanzar, terminada la obra, en el resto de la industria.
Lo que estamos discutiendo, tanto con UPM como con los representantes de las distintas empresas, son mejoras en materia de seguridad e higiene laboral, nos hemos puesto como objetivo intentar generar todas las condiciones para que no existan siniestros laborales mortales y para que no exista siniestralidad laboral en obra. Ese es uno de los objetivos que nos pusimos desde el primer momento, por eso estamos trabajando fuertemente en cuestiones de capacitación, intentando generar mejores beneficios por encima de la normativa actual en cuando a seguridad e higiene; libertad para los compañeros delegados de seguridad para que puedan estar atendiendo exclusivamente los temas de seguridad en la obra, teniendo claro que para nosotros siempre la vida está primero.
Tenemos otras cuestiones como que se contemple a las y los desocupados de la zona, generar al menos un cupo para que puedan ingresar en la obra, generando también condiciones para el ingreso de mujeres, de gurises que salen del SIRPA, compañeros del Patronato de liberados y para personas con discapacidad. En este último punto tenemos muchos compañeros que se han accidentado y que la vida laboral los tira para un costado.
Nosotros estamos convencidos que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no de caridad, y es en esa lógica estamos empujando para que se puedan ganar el jornal como cualquier otro trabajador.
En ese punto hay una situación compleja, en la democratización de los ingresos, tenemos una discusión, es lo que está trancado para la firma del Convenio de Obra, no con los compañeros que ingresan sino con los que, en forma selectiva, las empresas definen que no ingresen. Hay varias discriminaciones selectivas, te decía de las mujeres, pero también de la edad, de la discapacidad y de compañeros que abrazaron la bandera del sindicato. Es lo que estamos discutiendo y tenemos un conflicto instalado desde hace dos semanas. El miércoles tuvimos Comisión de Alzada y el viernes (por hoy) tenemos asamblea general, para ver si podemos destrabar estos puntos en los cuales tenemos problemas.
Hay otros aspectos adicionales como la capacitación en obra, temas de salud, de vivienda, de alimentación.
¿Cuánta gente está trabajando en la planta de UPM 2?
Tenemos en la obra entre 1.800 y 1.900 trabajadores, está entrando gente todos los días, la obra se estima que va a tener entre 7 mil y 8 mil trabajadores. Hay que recordar que hay una parte de la obra que es el puerto, que se está realizando en Montevideo, allí tenes entre 400 y 500 compañeros más.
-Es muy importante recordar que en la anterior obra de este tipo, Montes del Plata, en Conchillas, fruto de la lucha de las y los trabajadores, y la negociación, se generó lo que fue el embrión de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. ¿Cómo va la negociación en ese punto tan fundamental?
Si ese antecedente es exactamente así. La negociación está compleja porque UPM en las primeras propuestas que hizo quiso barrer con lo que es el Protocolo de Detención de Tareas en caso de riesgo de accidente o accidente, con las potestades que tienen lo delegados de seguridad e higiene. Incluso intentó que fuera UPM la que resolviera y no que eso estuviera en manos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esa fue una de las trancadas grandes que tuvimos. No tiene mucha lógica que en la obra vos no podes andar de manga corta, pero después si tenías una discusión con la empresa en materia de seguridad, terminaba definiendo la empresa UPM y no el Ministerio de Trabajo.
Ese es uno de los trancazos que estuvo planteado que hoy ya se ha quitado de arriba de la mesa producto de la organización y la pelea del SUNCA y del centro de trabajo.
-Hay otras situaciones conflictivas en el gremio de la construcción, en particular una en peajes, ¿cómo está la situación allí?
En peajes tenemos una situación extremadamente compleja, hoy lo que está planteado es aplicar una automatización en forma compulsiva afectando cientos de puestos de trabajo. Hay que recordar que no es que allá una innovación o inversión tecnológica nueva en los peajes, la última inversión en tecnología se hizo en el año 2013, de ahí para acá no hubo innovación ninguna. Lo que teníamos acordado es que esa aplicación de la nueva tecnología instalada se iba generando en forma paralela a partir de los retiros de las y los trabajadores y de esa manera se atemperaba el impacto social. Hay que recordar que de las y los 350 trabajadores de los peajes arriba del 95% son mujeres, arriba del 70% mayores de 40 años, con más de 15 años de experiencia en el peaje y en su amplísima mayoría, jefas de hogar.
Hay un costo social allí que es bastante complejo. La posición de las autoridades ha sido contradictoria, la dirección del SUNCA, junto con la dirección de la Rama, tuvimos una reunión con el propio ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y él nos aseguró que cualquier cambio en materia tecnológica que significara la pérdida de un solo puesto de trabajo era un cambio que no era bueno para el país. Sin embargo hoy el mismo Ministerio de Transporte y Obras Públicas no está planteando que el cambio tecnológico se aplicaría en dos etapas y dejaría en el camino a 250 trabajadoras.
Hay que tener clara una cosa, lo que representa el ahorro salarial de 250 compañeras, en el año, estamos hablando de dos kilómetros de ruta.
Es claro que no es el salario de los trabajadores lo que afecta la construcción de rutas.
Es más, en los últimos se han construido miles de kilómetros de ruta y no ha habido ninguna dificultad con el salario de las trabajadoras del peaje.
En todo caso el gobierno se tiene que definir midiendo entre un costo económico y un costo social.
Para el SUNCA que 250 compañeras, jefas de familia, queden en la calle, para hacer dos kilómetros más de ruta, es una cosa muy compleja.
En el SUNCA tenemos otras situaciones complicadas como es el caso de ANCAP y los trabajadores tercerizados de la cementera, también en la industria de la cerámica y el portland, donde la cosa está muy delicada, y el sindicato está peleando por el trabajo.
