Como respuesta a lo difundido en medios de prensa sobre proyectos de ley vinculados a la situación e deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario y su posible fusión con el Banco República, el Consejo de Sector Financiero Oficial de AEBU emitió un comunicado en el que se reafirma “la solidez y el papel fundamental del BHU en el acceso a la vivienda de las familias uruguayas”, al tiempo que se rechaza “cualquier iniciativa que ponga en riesgo su funcionamiento”.
Sobre el BHU, se recuerda que se trata de “una institución de intermediación financiera” que es “controlada por el Banco Central del Uruguay (BCU)”, que cumple “con todos los estándares de solvencia, liquidez y rentabilidad”.
En lo que se refiere a los resultados, se informa en el documento, que la entidad “ha obtenido resultados positivos”, cumpliendo “con los acuerdos establecidos con Rentas Generales”.
Reconocido como referente en el sector inmobiliario del país, el BHU, tiene un rol de regulación en varios aspectos de dicho mercado, además de constituir una “marca” que lo posiciona con “valor patrimonial” para toda la sociedad.
En el documento, AEBU recuerda, respecto a los deudores en unidades reajustables, “que el Poder Judicial ha resuelto esta situación en todas sus instancias”, obteniéndose “una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia a favor del BHU en el año 2022” donde se desestiman “los planteos presentados en su contra”.
Para el Consejo del Sector Financiero Oficial es importante “analizar y buscar soluciones para la situación de endeudamiento”, sin que ello signifique desconocer el papel que juega la implementación de “políticas que no afecten negativamente a las empresas en general ni al BHU en particular”.
El Consejo reafirmó la “defensa del rol del Banco Hipotecario del Uruguay como (…) entidad comercial rentable” y “actor clave en el acceso a la vivienda para las familias uruguayas”.
En atención a esta postura, AEBU alerta que rechazará “cualquier iniciativa que perjudique a la institución, socave su función o debilite su posición” y reafirma que “continuará defendiendo las empresas públicas como garantes de la democratización de los servicios para los ciudadanos del país”.
