En un extenso posteo en Facebook, dirigido a sus afiliados el Sindicato Único Nacional del Adolescente de Uruguay (SUINAU), detalló las razones por las que el próximo 27 de marzo convoca a votar por el SÍ a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Al reseñar el contenido de la norma, SUINAU señala que la misma es cuestionable por su contenido, sobre el cual consideran que por su amplitud “limitan la democracia, porque no le otorga el tiempo suficiente de debate para que l@s legislador@s de todos los partidos que son a quienes elegimos para que nos representen en el Parlamento puedan investigar, estudiar y debatir sobre casa punto, no le da tiempo a recibir delegaciones a favor y en contra de cada propuesta, de manera tal de poder tomar una resolución adecuada a los intereses de las grandes mayorías y no de la conveniencia tal o cual del partido que la impulsa”.
Con ello agregan, “claramente se ve debilitada la calidad democrática al establecer tantos temas y tan diversos en una sola Ley con plazos establecidos muy exiguos”.
La organización sindical señala además que, lejos de lo que se afirma por los defensores del NO, este no es un referéndum “contra toda la LUC, es un referéndum contra 135 artículos de esa Ley, por lo tanto, se sobreentiende que, aunque gane el SI, se van a derogar esos 135 artículos, pero la LUC va a seguir existiendo con más de 300 artículos que quedarán vigentes en la normativa legal de nuestro país”.
El otro punto que resalta la comunicación es que es importante “saber en qué nos afecta directamente algunos de los artículos que están incluidos en la LUC y que pretendemos derogar y en este punto colocamos 2 ejemplos simples pero muy concretos que se vinculan al INAU y al INISA”.
“Con respecto al INAU, están planteado allí algunos artículos vinculados a las Adopciones; en este sentido lo primero que debemos decir, es que es una gran mentira lo que se está diciendo respecto a que con la LUC se acortan los plazos de las adopciones”, explica la publicación.
“Nada tiene que ver la LUC con que se estén reduciendo los tiempos de espera de las familias que quieren adoptar”, denuncia la comunicación que agrega que “los plazos están directamente vinculados a la cantidad de personal que se destine a hacer las valoraciones, y eso se ha empezado a corregir producto de que la actual Administración destinó más personal a esa tarea. Lo que sí cuestionamos y por eso impulsamos esta iniciativa, es que si no se derogan los artículos planteados, lo que se pierden son garantías para los NNA que están en condiciones de ser adoptados, ya que la modificación planteada les da potestades a otros actores a intervenir en el proceso, sin que se haga la valoración minuciosa de la historia de cada NNA que puede ir en adopción. Claramente quienes están a favor de la LUC lo que plantean es solucionarle el problema a las personas que quieren adoptar, sin tener en cuenta el Interés Superior del Niño y de la Niña como lo plantea la Convención de los Derechos del Niño”.
Con respecto al impacto de la LUC en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) señala que, “si vamos al INISA, un ejemplo que rompe los ojos es el aumento, o mejor dicho la duplicación de las penas a los adolescentes que cometen infracciones a la Ley Penal. Tod@s sabemos las dificultades que tiene el INISA para atender a l@s jóvenes que hoy atiende, imagínense en no más de 3 o 4 años cuando producto de esta modificación, la mayoría de l@s jóvenes que vamos a tener que atender en los centros del INISA tengan 23, 25 y hasta 27 años, pasando de estar un máximo de 5 años privados de libertad, a estar 10 años cumpliendo una medida «socio educativa» por haber cometido una infracción grave”.
Para la organización sindical, “es disparatado haber puesto en una Ley que la pena máxima para una infracción grave llegue hasta 10 años y quien la tiene que administrar sea el INISA, por lo que si se apresa a un joven de 17 años por cometer una infracción grave tendrá que estar hasta los 27 años en el INISA, atendid@ por nuestr@s compañer@s en los mismos lugares que hoy tenemos con un recorte presupuestal importante”.
Finalmente, la comunicación hace referencia al panorama general del país y en especial su efecto sobre los trabajadores en general, “como trabajador@s del Estado debemos plantearnos la realidad que nos toca vivir hoy en día, donde estamos sufriendo los embates directos de un ajuste fiscal impulsado por el actual gobierno. Esto nos coloca a l@s trabajador@s de Estado como principal variable de ajuste para intentar equilibrar el déficit fiscal, y por eso estamos perdiendo miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho del país en diferentes reparticiones públicas”. Lo anterior explican, en el caso del INAU, produjo que se perdieran “en el último año y medio más de 700 puestos de trabajo de los cuáles hasta el momento solo se han llenado menos de 200 vacantes de las 700 que se generaron, y eso que el INAU no está comprendido directamente en el Decreto que plantea de que cada 3 vacantes, solo se llene una, imagínense lo que está pasando en los organismos que sí están obligados por ese Decreto”.
Junto a la pérdida de puestos de trabajo, finaliza denunciando la publicación, “nos rebajan el salario ajustándolo durante 2 años consecutivos por debajo de la inflación. Esto genera una brutal pérdida en el poder adquisitivo, que no sólo impacta en nuestro bolsillo, sino que también afecta directamente a jubilad@s y pensionistas que dependen de la evolución de nuestro salario para el ajuste de las pasividades. Y está demostrado que si l@s trabajadores tenemos menos poder de compra y l@s jubilad@s y pensionistas también pierden poder adquisitivo, eso impacta directamente en el mercado interno ya que tanto trabajador@s activos, como pasivos vamos a gastar menos en los pequeños comercios del barrio, en las ferias barriales, lo que a su vez impacta en el pequeño productor, etc”.
Todo ello tiene que ver con la LUC, ya que “está directamente relacionado con el capítulo de la LUC que habla de la Regla Fiscal, que en definitiva es el instrumento que establece el Gobierno para limitar el crecimiento del gasto. Esa limitación la hacen ajustando por el lado de l@s trabajador@s rebajando el salario, las jubilaciones y pensiones y recortando los puestos de trabajo en las diferentes áreas del Estado”.
Sin embargo, lo que se prioriza por parte del gobierno es la situación de los “malla de oro”, a quienes se les mantienen “los beneficios y exoneraciones”, permitiendo así que sigan “acumulando la riqueza en menos manos”.
Sin desconocer y respetando las diversas posiciones que pudieran presentarse, el sindicato exhorta a todos sus trabajadores a Votar y hacer campaña por el SÍ.
