Miles de trabajadoras y trabajadores se movilizaron en todo el país para expresar su rechazo a la reforma jubilatoria que promueve el gobierno de derecha. El paro del PIT-CNT, respaldado por la Intersocial, tuvo una enorme respuesta. La movilización fue multitudinaria en Montevideo, pero también fueron importantes las realizadas en todo el territorio nacional. Esta respuesta al paro general es una demostración palpable de que crece en la sociedad el rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por la derecha. Lo dijimos y lo reiteramos: es una reforma jubilatoria sin argumentos y sin consenso social.
Las oratorias de Enrique Méndez, secretario de Organización del PIT-CNT y dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y de Lucía Padula, de la FEUU, que habló en nombre de toda la Intersocial, fueron meridianamente claras en cuanto a las razones del rechazo a esta reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de derecha, en particular por el Herrerismo y muy especialmente por el presidente de la República Luis Lacalle Pou.
Los hemos enumerado en varias oportunidades, pero es necesario reiterarlos: es una reforma que implica el aumento al barrer de la edad jubilatoria, sin atender ni siquiera situaciones de grandes grupos de trabajadores y trabajadoras que sufren un desgaste enorme durante su vida laboral, otros por la alta rotatividad de sus empleos tampoco podrán cumplir, pone en riesgo la jubilación para miles, implica, por lo tanto, más años de trabajo y más años de aportes; es una reforma que implicará para un número muy importante de trabajadores cobrar menos jubilación; es una reforma que tiene un gran beneficiado, las AFAP´s, a las que afiliarse será obligatorio y accederán a miles de millones de dólares, aumentando el peso del lucro en la seguridad social; es una reforma que recorta derechos, en particular a los sectores más vulnerables, recortando las pensiones por viudez, por incapacidad física y por discapacidad.
Adicionalmente a esto es una reforma sin garantías, el gobierno ha dicho en su presentación que cuenta con respaldo político y técnico. Ni una cosa ni la otra. Ha sido rechazada por el Frente Amplio, por la academia, por amplios sectores sociales, por el PIT-CNT y provoca diferencias nada menores incluso en la propia coalición de derecha.
Es una reforma que tiene graves problemas de diseño, no aparecen los estudios técnicos que establezcan proyecciones reales de su impacto, ni financiero en el BPS ni en las condiciones de vida de las y los trabajadores.
Sin ir más lejos el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en su comparecencia en la Comisión de Diputados que analiza la reforma jubilatoria anunció este miércoles que el gobierno analiza al menos 10 modificaciones. Aunque ninguna parece ser de fondo y el anuncio aparenta estar dirigido a tratar de convencer a los legisladores de la propia coalición de gobierno para que la voten, esto muestra que hay dudas hasta en el propio riñón del gobierno sobre la reforma y sus alcances y que nada justifica el apuro por votar en menos de cinco meses (la reforma entró en noviembre en el Senado y se votó en diciembre y en Diputados se quiere votar en abril) un tema de esta trascendencia e impacto en el conjunto de la sociedad, en especial en las y los trabajadores.
En resumen, estamos ante una reforma apurada y con grados importantes de incertidumbre en sus impactos; cuyo resultado principal será que las y los trabajadores tendrán que trabajar más años para cobrar menos jubilaciones; que incumple dos recomendaciones centrales de la Organización Internacional del Trabajo, que sea fruto de un amplio diálogo y acuerdo social y que sea integral, ampliando la cobertura y los derechos, necesidad imperiosa en una sociedad cada vez más desigual; que no resuelve el problema central que dice querer atacar, que es el financiamiento del sistema, hace caer todo el peso en las y los trabajadores y no toca por ejemplo la injusticia de que los trabajadores aportan el doble que los empresarios, 15% y 7.5% respectivamente; una reforma que solo beneficia al capital financiero encarnado en las AFAP´s.
En la sociedad cuanto más se conoce el contenido de la reforma, más crece el rechazo. Para impedir que se apruebe es fundamental la movilización social y el diálogo directo con nuestro pueblo. El paro de este jueves fue una demostración sustancial, del nivel de rechazo a la reforma y de la unidad social en su contra. Gran jornada del PIT-CNT y la Intersocial. Hay que multiplicar la movilización.
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Con Carolina Cosse
El martes con los cinco votos de la coalición de derecha a favor y los cuatro del Frente Amplio (FA) en contra, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado dio inicio al proceso de juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.
Esta operación política contra la intendenta de Montevideo y, a la vez, de distracción política, comenzó en octubre de 2022, cuando ediles blancos y colorados decidieron usar el mecanismo Constitucional de juicio político y sustentaron esta medida extrema en que Cosse no concurrió a la Junta Departamental y en la supuesta opacidad en la respuesta de pedidos de informes. La acción de los ediles blancos y colorados fue casi unánimemente cuestionada. Constitucionalistas, como Martín Risso, expresaron públicamente que se estaba aplicando de forma equivocada la norma constitucional, que para que se realizara un juicio político debía comprobarse una violación a la Constitución y un delito grave. El FA respaldó a Carolina Cosse y criticó la iniciativa, también lo hicieron destacadas figuras de los partidos de la coalición de derecha.
Se puede cuestionar si Cosse debía ir a la Junta o no, pero tiene derecho legal a hacerse representar. En todo caso esto no constituye delito. En cuanto a la supuesta opacidad, una evaluación de la oficina especializada de Presidencia de la República determinó que la Intendencia de Montevideo está octava entre todos los organismos del Estado y primera entre las Intendencias en nivel de respuesta a pedidos de información pública. Si se aplicara el criterio de los ediles de derecha todos los intendentes de derecha deberían tener juicio político, algunos nunca van a la Junta ni responden los pedidos de informes.
El juicio político es un recurso extremo porque el resultado es la destitución de la intendenta. No es para corregir conductas o modificar decisiones. Los ediles de la derecha proponen destituir a Carolina Cosse. Un disparate político, jurídico e institucional.
Todo conducía a que en la Comisión del Senado se archivara el tema. Pues no, la coalición de derecha ha decidido seguir adelante con este disparate. Cosse lo calificó como un «atropello republicano». Cosse recibió la solidaridad pública de Fernando Pereira, los intendentes Yamandú Orsi y Andrés Lima, la senadora Lilián Kechichián, los senadores Oscar Andrade, Mario Bergara, Alejandro Sánchez y Enrique Rubio, la diputada Cristina Lustenmberg y Juan Castillo, entre muchos dirigentes frenteamplistas.
No se puede torcer la constitución y las leyes para intentar distraer de los hechos de corrupción que siguen sin tener respuesta desde el gobierno. Es un intento de circo político, porque para que prospere necesitan 2/3 de los votos en el Senado y saben que no los tienen. Toda la solidaridad con Carolina Cosse, en defensa de la democracia hay que parar este disparate.
