La realidad demuestra, cada día, que el principal producto de las políticas del gobierno de la coalición de derecha, encabezado por Luis Lacalle Pou, es la desigualdad. También demuestra que se pueden hacer muchos anuncios y hasta construir lo que ahora se llama relato, en realidad operación ideológica pura y dura, de forma eficiente, pero al final, la realidad disipa el humo.
En Uruguay hay 40 mil pobres más que en el 2019; la pobreza de niñas, niños y adolescentes se disparó, creció un año más y es 33 veces superior a la de la población adulta. Un dato más, el 44% de las y los pobres tiene menos de 18 años. En el último año aumentó un 50% la cantidad de personas que duermen en la calle, en la peor situación. Otro dato de la realidad: hay 100 mil personas más que ganan menos de 25 mil pesos de salario. Para decirlo de otra manera: más de medio millón de uruguayas y uruguayos gana menos de 25 mil pesos al mes por su trabajo.
Lo señalado, en las muy ahorrativas 113 palabras anteriores, debería alcanzar para encender todas las alarmas, generar una profunda autocrítica y corregir el rumbo. Pero no. El gobierno prefiere seguir en su mantra de fanatismo ideológico neoliberal, festejar los “ahorros”, no de palabras sino de recursos del Estado, celebrar que bajó el sacrosanto déficit fiscal y destacar que crece el PBI.
Pero más allá de los planteos ideológicos y de las intensas operaciones de marketing, con la aquiescencia de los grandes medios de comunicación, la realidad es como es.
Es que más allá de los discursos que van y vienen, el gobierno de derecha sabe que sus políticas no pueden provocar otra cosa que desigualdad. Es que cuando se gobierna para defender los intereses de una minoría, que con una poética populista se bautiza “malla oro”, un concepto bastante más amable que el de oligarquía, mucho más preciso, que usó Aristóteles hace más de 2 mil años, no hay otro resultado posible que el deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías.
En estos días esto se expresa con mucha claridad en dos espacios políticos, que tienen la virtud de evidenciar que tan reales son las declaraciones sobre determinadas prioridades; nos referimos a la Rendición de Cuentas, en discusión en la Cámara de Diputados y a los Consejos de Salario, cuya 10° Ronda, la más grande de este período de gobierno, está en pleno desarrollo.
La Rendición de Cuentas es la instancia anual donde se plantean las prioridades presupuestales, es decir, la expresión concreta de las políticas de gobierno, en términos de inversión pública; y los Consejos de Salario son el ámbito principal, no el único, donde se materializa la disputa entre el capital y el trabajo por quién se apropia de qué porcentaje de la riqueza generada en nuestro país.
Pues bien, ni en la Rendición de Cuentas, ni en la pauta planteada por el gobierno en los Consejos de Salario, hay una sola medida para las y los trabajadores que ganan menos de 25 mil pesos. Ni una sola.
Y esto está estrechamente ligado con el combate a la pobreza en general y de la infantil y juvenil en particular. Es que básicamente los niños pobres lo son porque viven en hogares donde o no hay trabajo para los adultos o el trabajo que estos tienen es de tal precariedad que los ingresos son insuficientes. No son una abstracción social o una anomalía estadística, son el resultado de esas relaciones sociales. Si no se plantea ni una sola medida dirigida a atender específicamente esa situación, la misma no puede hacer otra cosa que empeorar.
A esto, que es lo principal, hay que agregar que la Rendición de Cuentas muestra que tampoco hubo, ni hay, políticas públicas que al menos palien esta situación. El gobierno había anunciado, con bombos y platillos, una inversión, que de por sí ya era claramente insuficiente, para combatir la pobreza infantil. La realidad ha demostrado el fracaso de esas políticas, ya que la pobreza infantil no solo no disminuyó, aumentó. Pero, hay más, la Rendición de Cuentas demuestra que hubo problemas graves de gestión, ya que no se ejecutaron ni siquiera la totalidad de los recursos asignados, que como hemos dicho, eran insuficientes.
Hay aquí, entonces, una combinación terrible, interactúan y se potencian los prejuicios ideológicos, las prioridades reales de clase, la insuficiente asignación de recursos para inversión pública y la deficiente gestión de los pocos recursos asignados. Un verdadero desastre, cuyas consecuencias las sufren, principalmente, las miles de niñas y niños pobres de nuestro país. Una vergüenza.
Disparen sobre la educación pública
Otra dimensión del mismo problema se expresa en la posición del gobierno hacia la Educación Pública en general y hacia la Universidad de la República (UDELAR) en particular.
Luis Lacalle Pou es el primer presidente del Uruguay formado íntegramente en la educación privada, nunca pisó en toda su vida ningún establecimiento público educativo, como el núcleo duro, más fanáticamente neoliberal, de su equipo de gobierno.
Esta experiencia vital, recordando esa máxima marxista, absolutamente vigente, de que es el ser social el que determina la conciencia social, parece conducir a una desconfianza, una subestimación, cuando no directamente desprecio, a todo lo que sea educación pública.
Eso es meridianamente claro en lo referente a la UDELAR. En esta Rendición de Cuentas, una vez más, no hay ningún peso previsto como recurso incremental para la Universidad. Estamos hablando de la principal institución de educación terciaria del Uruguay, por lejos. De la que genera más del 80% de la investigación científica nacional. De una Universidad que ha extendido su presencia hacia el interior del país, con una oferta creciente de carreras. De una Universidad que ha democratizado el acceso de la educación terciaria a los sectores populares. El informe que la UDELAR presentó ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados donde se analiza la Rendición de Cuentas, establece que: “El estudiantado proviene en su mayoría del interior del país (59,3 %), y de liceos públicos (82,6 %), y más de la mitad (55,8 %) es la primera generación de su familia en acceder a la educación terciaria o universitaria”.
Esto parece generar tirria de clase en quienes hoy nos gobiernan. Le temen a este proceso, les molesta. Por eso no le dan nada a la UDELAR. Nada.
La UDELAR planteó la necesidad imperiosa de recursos para enfrentar la demanda de un estudiantado que crece, que tiene problemas sociales, la necesidad de becas, de más horas docentes, de más locales para seguir desarrollando la descentralización hacia el interior del país, para modernizar el Hospital de Clínicas (Lacalle Pou hizo sobre esto otro publicitado anuncio, que también se quedó solo en eso), para programas de investigación como uno dedicado a la Cuenca del Río Santa Lucía (¿será necesario cuando llevamos más de dos meses sin agua potable en la zona metropolitana por la peor crisis hídrica de la historia), u otro dirigido a los crecientes problemas de salud mental en nuestra población (la nueva prioridad anunciada para este año por el gobierno).
Ocurre que siendo el de la UDELAR el caso más claro y flagrante, no es, ni de cerca, el único que demuestra la falta de voluntad del gobierno para invertir en la Educación Pública.
En realidad, en esta Rendición de Cuentas no hay recursos nuevos para la educación pública. Entre los años 2022 y 2023 se acumuló una disminución de 303 millones de dólares en presupuesto para la educación pública, si se consideran solamente ANEP y la UDELAR.
Es por lo menos difícil explicar, y que suene creíble, que algo es prioridad cuando, a la hora de asignar recursos le recortas 303 millones de dólares en dos años.
Es que en realidad el gobierno de derecha no solo no ha atendido ningún reclamo de la UDELAR, ni de los sindicatos de la Enseñanza, FENAPES ha sido particularmente claro en su fundamentación ante la Comisión de Diputados en las necesidades que deben ser atendidas con urgencia, sino que ha hecho oídos sordos a los planteos presupuestales de sus propios jerarcas de la Educación.
Tanto los jerarcas unipersonales, que con la Ley de Urgente Consideración han sustituido los Consejos por rama en la educación pública, como el devaluado y antes hiper protagonista, presidente del CODICEN, Robert Silva, han sido dejados a la intemperie, por decirlo de una manera elegante.
Ni la tan mentada y elogiada “Transformación Educativa” ha sido apoyada presupuestalmente, como lo solicitaron quienes quieren implementarla contra la opinión de los docentes, de buena parte de la academia y sin escuchar a los estudiantes.
Entonces, más allá de los discursos y la fiebre de anunciar prioridades que van variando cada año, sin que se haya resuelto en lo más mínimo lo que el año anterior se dijo que era prioridad, la realidad es que el gobierno de la coalición de derecha ningunea a la niñez y a la Educación Pública. Toca luchar contra ello, con movilización y con una propuesta programática alternativa, clara, que muestre las diferencias entre las supuestas prioridades de la derecha y las reales prioridades del campo popular, social y político.
