El alcalde comunista dice que es una persecución política.
Rony Corbo
El alcalde comunista del Municipio de Recoleta en Chile fue enviado a prisión preventiva a principios de mes, por presunta “mala administración” de las llamadas «Farmacias Populares», que impulsó en su Municipio Recoleta, en Santiago de Chile, como competencia de los grandes consorcios comerciales como Farmashop.
La exitosa experiencia fue replicada por otras comunas populares en Chile, creando la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que fue fundamental en la compra y venta de insumos sanitarios durante la pandemia de covid-19.
En la cuna del neoliberalismo en América Latina, quien desafía al “dios mercado” corre la suerte de Daniel Jadue. Ese es el mensaje que se quiere dar en el país donde los derechos han sido convertidos en mercancías y pocos por ahora cuestionan el reinado del “libre mercado”
Prisión política
La justicia chilena ordenó la prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción en contra de Daniel Jadue, cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las «Farmacias Populares». La jueza Paulina Moya dictó la prisión preventiva estimando que la libertad de Jadue «resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad», en línea con lo solicitado por la Fiscalía.
La empresa Best Quality SPA, presentó una demanda por una deuda de casi un millón de dólares y acusó a Jadue de pedirle que le entregara insumos al Partido Comunista como pago por ganar la licitación, lo que fue negado por Jadue y el Partido Comunista Chileno.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, desmintió que exista una persecución hacia Jadue. «No hay una persecución y es un estilo que él tiene, creo que habla más de su estilo, que de una crisis política mayor», sentenció Tohá refiriéndose a las declaraciones de Jadue, y agregó: «hemos aprendido que en una democracia puede suceder que un sector político que está en el gobierno enfrente reveses judiciales complejos».
La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que «respeta la labor de la justicia». Respecto a la postura del gobierno ante este caso, Vallejo dijo que están firmes con «cumplir una labor institucional y respetar nuestra labor como Poder Ejecutivo, un poder del Estado que es autónomo del Poder Judicial y que, por lo tanto, también respeta la autonomía de ese Poder Judicial».
La secretaria general del Partido Comunista de Chile, Bárbara Figueroa, calificó la medida cautelar como «lamentable y desproporcionada» y por eso se debe apelar. La diputada Carmen Hertz, expresó que es «un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para Daniel Jadue. La persecución política y el acoso son evidentes».
Mucho apoyo del continente y del mundo, incluido del Partido Comunista de Uruguay (PCU) recibió Jadue. Por su representatividad publicamos la Declaración del Foro de Sao Paulo:
Apoyo al Alcalde Daniel Jadue! No al lawfare en Chile!
La Guerra judicial o Lawfare es una práctica que azota los proyectos emancipadores y que ponen en el centro la transformación del neoliberalismo que empobrece y violenta a los pueblos. Las élites nacionales, regionales y mundiales, y, los defensores de los intereses del capital financiero internacional llevan años combatiendo las políticas sociales diseñadas para erradicar la pobreza y disminuir las profundas desigualdades sociales, usando de pretexto sus defensas corporativas para atacar proyectos y dirigentes legítimamente electos por el voto popular. Así, los derrotados en las urnas buscan imponer sus intereses por sobre la soberanía popular. Criminalizando y destruyendo la política, sentenciando antes que cualquier juez imparcial a través de los medios hegemónicos, violando el principio del debido proceso y las garantías constitucionales de los acusados. El método es el mismo en todos lados: una parte de la prensa políticamente involucrada crea un hecho y lo divulga ampliamente (una mentira que se cuenta mil veces acaba volviéndose “verdad”); apoyándose exclusivamente en esa noticia fraguada, se abre una investigación que tiene por finalidad respaldar la tesis periodística ya instalada y no garantizar la búsqueda de la verdad. Así se aseguran las condiciones para la muerte legal y política del adversario (ya que actualmente no se muestra adecuada la destrucción física).
Vemos con preocupación la persecución comunicacional, judicial y política hacia Daniel Jadue y sobre todo a lo que representa: un proyecto de democratización y protagonismo popular que mejoró sustancialmente la vida de miles de familias chilenas, generando una referencia nacional e internacional en lo que a gobiernos locales se refiere.
Quienes suscribimos la presente nota conocemos de cerca los casos del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, el expresidente Rafael Correa, de Ecuador los expresidentes Evo Morales, de Bolivia, Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, Manuel Zelaya, de Honduras y al vicepresidente de Ecuador Jorge Glas. Es el mismo modus operandi que buscó y busca su proscripción por vía judicial y mediática, porque no pueden lograrlo en el terreno democrático donde es el pueblo (y no las corporaciones transnacionales) quién manda.
Una vez más, quien debiese perseguir con celo la objetividad de la investigación, devela que el motor de sus actuar es la proscripción de dirigentes dando un portazo en la cara a nuestras ya alicaídas democracias.
Apartar del camino a dirigencias políticas populares y profundamente incómodas para el estatus quo
es la garantía que necesitan los de arriba para garantizar la elección de candidaturas sometidas a los intereses del mercado, que se desentienden de la población, especialmente los más pobres.
Atendido lo anterior, hacemos público nuestro llamado a toda la comunidad internacional, a los movimientos sociales, a las militancias populares y a todos los demócratas del mundo, acusar recibo de esta alerta democrática e impedir que se siga la ruta de la proscripción, no de las dirigencias políticas solamente, sino del Estado de Derecho.
