Gastón Grisoni (*)
La desaparición forzada de ciudadanos fue una práctica represiva, con rango de política institucionalizada, de las Fuerzas Armadas en todos los casos. Dar a conocer el destino de los ciudadanos que permanecen detenidos desaparecidos es una deuda institucional. En Domingo Arena y en la Guardia Republicana se encuentran algunos de los que conocen el destino de los Detenidos Desaparecidos. Otros se encuentran en prisión domiciliaria pero también saben.
Roberto Gomensoro Josman: el primer detenido desaparecido
Al comenzar la actual legislatura, el Poder Judicial solicitó el desafuero del general retirado Guido Manini Ríos por haber omitido denunciar ante la Justicia los dichos del teniente coronel José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor que juzgó su conducta en el año 2018. Seis generales, hoy en situación de retiro, atestiguaron ante la justicia, en su contra. En dicho tribunal, Nino Gavazzo, un represor sumamente conocido y con un extenso historial delictivo, confesó ante sus pares, que, en el año 1973, por orden directa del jefe de la Región Militar Nº 1 general Esteban Cristi y del comandante en jefe del Ejército Hugo Chiappe Posse, trasladó el cuerpo de Roberto Gomensoro Josman, asesinado en el Grupo de Artillería Nº 1 al lago de la Represa de Rincón del Bonete con el propósito de hacerlo desaparecer.
Roberto Gomensoro Josman fue el primer ciudadano detenido desaparecido atribuible a las Fuerzas Armadas. Siendo estudiante de la Facultad de Agronomía, fue detenido por efectivos del Ejército, el 12 de marzo de 1973 y trasladado el Grupo de Artillería Nº 1 donde fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado el 18 de marzo de ese mismo año. Sus restos fueron identificados en el año 2002. José Nino Gavazzo fue absuelto porque ante la justicia declaró no haber conocido a Roberto Gomensoro Josman, aunque Jorge Pajarito Silveira y otro militar declararon que fue responsable de la detención y de su asesinato en la tortura.
Un delito permanente
La desaparición forzada de ciudadanos es un delito atroz. Se secuestran ciudadanos, se los conduce a centros de detención clandestinos, se los tortura, se los asesina y, luego, se hacen desaparecer, se ocultan, sus restos mortales. En Uruguay, desde el retorno a la democracia, se han logrado descubrir los restos de Ubagesner Chaves Sosa, de Eduardo Blanco, de Fernando Miranda, del maestro Julio Castro y de Eduardo Bleier.
De acuerdo con la normativa internacional y nacional, la desaparición forzada es un delito permanente, se sigue cometiendo hasta el momento en que se encuentran los restos de la persona desaparecida o se esclarecen las circunstancias de su desaparición: los responsables y lo ocurrido.
Una práctica represiva institucionalizada
Durante la dictadura civil militar y el terrorismo de Estado, 197 ciudadanos uruguayos fueron secuestrados y desaparecidos, en Uruguay y en la región, en el marco de la Operación Cóndor. Los juicios llevados a cabo en la Argentina y en nuestro país, han puesto de manifiesto que hubo una coordinación represiva que operó en el Cono Sur, en la década de los años setenta. El traslado clandestino de un país al otro de los prisioneros políticos fue una práctica frecuente.
Como resultado de esta, con la participación de funcionarios policiales y militares, especialmente en la Argentina, un centenar largo de uruguayas y uruguayos, fueron secuestrados en dicho país, torturados y trasladados a Uruguay sin que se conozca su paradero hasta el día de hoy. Algunos de los represores involucrados en dichos operativos, están vivos, se encuentran alojados en Domingo Arena y en la Guardia Republicana o en sus propios domicilios.
En caso de prosperar la iniciativa presentada por las senadoras Carmen Asiaín y Graciela Bianchi del Partido Nacional, proyecto de prisión domiciliaria preceptiva para los mayores de 70, quienes aún se encuentren en prisión, se verán beneficiados.
La justicia uruguaya no tipifica la desaparición forzada
Hasta el momento, a pesar de que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente, la justicia de nuestro país no ha empleado la tipificación de Desaparición Forzada como ameritan los múltiples casos juzgados. Solamente la exjueza Mariana Mota, sumamente perseguida y asediada por la Suprema Corte de Justicia presidida por el Doctor Jorge Ruibal Pino, al principio del año 2013, tuvo la valentía de procesar por dicho delito al coronel retirado Carlos Calcagno, en el año 2010, por haber participado en el interrogatorio de dos ciudadanos uruguayos en Paraguay que permanecen desaparecidos hasta el día de hoy: Edison Inzaurralde y Nelson Santana.
Este sábado 20 de mayo, miles y miles de ciudadanos marcharemos en todo el país reclamando Verdad, Memoria y Justicia, para conocer el destino de nuestros detenidos desaparecidos. En dicho reclamo, están incorporados y vigentes, todos los reclamos de la hora actual. Así será. En Montevideo y decenas de otros lugares.
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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol, pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
Foto de portada:
Una imagen que vale mil palabras. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS.
