20200730/ Javier Calvelo - adhocFOTOS/ URUGUAY/ MONTEVIDEO/ Acto de inauguración de la escuela de básquetbol dirigida a personas privadas de libertad en la unidad penitenciaria de Santiago Vázquez. En la foto: Módulo 11 de la Carcel de Santiago Vázquez exComcar en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Demandan funcionarios penitenciarios que «la clase política se interese por lo que pasa en las cárceles»

Mediante un comunicado el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) denunció lo que calificaron como “ausencia del Estado”, en las prisiones del país.

El documento de los funcionarios penitenciarios tuvo como disparador el incendio intencional en una celda de la Unidad No. 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que provocó la muerte de seis privados de libertad y heridas a otra.

En el texto, los trabajadores recuerdan, según consignó la diaria, que luego del “incendio del 4 de setiembre, en el módulo 10, la Justicia condenó al Ministerio del Interior a reducir el hacinamiento e incrementar el personal en el Comcar” y señalan que “en el módulo donde ocurrió el asesinato hay más de 700 presos”, aunque tiene capacidad para 380.

En declaraciones al medio de prensa el presidente del sindicato, Germán Gutiérrez hizo un llamado “a la clase política” para que “se interese en lo que pasa en cárceles”, al tiempo que demandó “que la oposición haga lo que tenga que hacer, que es interpelar al ministro para que dé explicaciones”.

De acuerdo a Gutiérrez lo acontecido “amerita la expresión del PIT-CNT y la intervención del Poder Judicial”, así como que “se decrete la emergencia carcelaria”.

Según el dirigente sindical, el gremio irá hasta “las últimas consecuencias para hacer frente a esta situación que la sufren quienes vivimos la cárcel, los presos, los trabajadores y las familias de ambos”.

“El Estado”, enfatizó Gutiérrez, “perdió el control de las cárceles producto de una pésima política penitenciaria” y consideró que “la lógica de los mandos policiales del Ministerio de Interior” ha sido tratar “siempre las cárceles como un servicio secundario”, situación que se refleja “en los presupuestos que presentan ante el Parlamento y en el trato que le realizan a los propios funcionarios de cárcel, que son discriminados dentro del resto de funcionarios del Ministerio de Interior”.

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