La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunció que las fuerzas de seguridad de Argentina, desde la asunción de Javier Milei como presidente, han acabado con la vida de 32 personas.
Los datos aportados por la organización detallan que “12 de las víctimas murieron en modalidad de gatillo fácil, es decir por violencia policial, 16 muertes se registraron en cárceles” , hubo un “femicidio de uniforme” y tres asesinatos intrafamiliares.
“Estás 32 muertes a manos del aparato estatal son apenas los casos de los que nos enteramos por los medios o por consulta directa, lo que indica que cuando hagamos la búsqueda sistemática del año, resultarán muchos más”, informó, según consigna teleSUR, la abogada María del Carmen Verdú , representante de CORREPI, en entrevista para un medio local del vecino país.
“Estos números impactantes”, denunció, “ya indican una tendencia que sólo se explica a partir de las decisiones e iniciativas ya encaradas por el gobierno desde el 10 de diciembre pasado”
Para Verdú la legitimación del “gatillo fácil como política natural de intervención de las Fuerzas de Seguridad contenida en la Ley Ómnibus” garantiza una “total impunidad, al punto que las familias de personas fusiladas desarmadas o por la espalda no tendrán derecho a reclamar judicialmente juicio y castigo”.
“No podemos permitir que esta política represiva avance más todavía. Debemos enfrentar este intento de imponer un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías con unidad, organización y lucha”, concluyó expresando Verdú.
