La Organización No Gubernamental, Cristosal, fundada por los obispos anglicanos denunció que tiene registradas unas 160 muertes ocurridas en prisiones salvadoreñas.
La organización, creada para fortalecer relaciones y recursos entre individuos e iglesias de América del Norte con la iglesia anglicana de El Salvador, publicó recientemente un informe titulado “Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”.
En el documento, se acusa que el régimen de excepción vigente en El Salvador “es una medida permanente de represión”, que se verifica “en el marco de una carencia de políticas integrales de seguridad”.
La ONG afirma que identificó “patrones de muertes por tortura luego de encontrar cadáveres con hematomas y heridas”.
La inmensa mayoría de los fallecidos, señalan, eran jóvenes, y murieron bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado.
Cristosal denuncia el carácter permanente que ha tenido una medida que inicialmente fuera presentada como temporal.
“No ha sido temporal y excepcional conforme al marco constitucional, sino un mecanismo permanente de represión y violación a derechos constitucionales que constituye, en la práctica, la única herramienta o estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ante la evidente ausencia de políticas integrales de seguridad”, se denuncia en el informe.
Para ellos ni “la prevención”, ni “la atención a víctimas, la resocialización y la rehabilitación (…) forman parte de la estrategia de seguridad del actual Gobierno.
Señalan que el régimen de excepción es “una estrategia de populismo punitivo y propaganda gubernamental” caracterizado por la opacidad en el manejo de la información.
En ese sentido señalan que la retórica de mano dura del gobierno de Bukele “pretende manipular a la opinión pública”, y significa “la instrumentalización del derecho penal bajo la lógica del enemigo interno”.
“Para desarrollar esa estrategia”, se lee en el informe, “el Gobierno ha recurrido a la opacidad en sus negociaciones con pandillas, en las cifras estadísticas de homicidios y otros delitos, en las muertes bajo custodia del Estado, en la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y cualquier información que permita a la ciudadanía contrastar el discurso oficial con la realidad. Esto ha supuesto también el ataque contra la prensa y organizaciones de derechos humanos para evitar contrastar la información”.
Con respecto al número de muertes registradas se afirma que “existe evidencia sobre decenas de personas detenidas bajo el régimen de excepción que han muerto a causa de torturas o lesiones gravísimas infligidas mientras estaban bajo custodia del Estado”.
En lo referido a las muertes en centros penitenciarios se describe que “casi la mitad de las personas fallecidas en centros penitenciarios bajo el régimen de excepción fueron víctimas de muertes violentas confirmadas, posibles muertes violentas o muertes sospechosas de criminalidad”.
La ausencia de una adecuada atención médica se evidencia señalan en que “casi un quinto de estas muertes se debió a patologías”, falta de medicamentos “e incluso, alimentos”.
La organización estima que, con independencia del registro de muertes existentes, su número “podría ser mucho mayor, ya que existe evidencia de personas fallecidas dentro de los centros penitenciarios cuyos cadáveres han sido sepultados en fosas comunes de cementerios locales, sin que se haya notificado a los familiares”.
En ese sentido denuncian que “las autoridades penitenciarias no notifican a las familias sobre estos fallecimientos, por lo que estas se enteran únicamente cuando intervienen funerarias privadas”.
Esta opacidad informativa se agrava ante la ausencia de información sobre la práctica de autopsias, así como el manejo que se realiza del contenido de los dictámenes forenses y hospitalarios, que rara vez son notificados a los familiares.
