Por Ramón Gutiérrez (*)
El día que conocimos el anteproyecto de ley de urgente consideración, toda mente sensata comprendió que no se trataba de urgencias, sino de la implementación en modo shock de una enorme reforma del Estado. No fue suficiente traer la ciencia política para señalar la estrategia de contrabando que significa para una democracia tratar con carácter urgente una ley de 457 artículos y un amplio abanico de bloques temáticos clasificados en X secciones.
Cuando la realidad estampó en la cara de todas las personas lo que es urgente y lo que no, cuando se trató de la salud de las mayorías, cuando se trató del bolsillo de las mayorías, cuando un organismo microscópico alteró por completo la vida cotidiana de todas, cuando olfateamos que la muerte estaba ahí nomás, dicho anteproyecto corrió la suerte que corre lo que está fuera de lugar: la espera y el cajón, para atender las urgencias verdaderas.
Pero pasó apenas un mes para que la urgencia se vuelva realidad cotidiana. Y como esta Ley, aunque aborde asuntos importantes, nunca tuvo que ver con urgencias sino con una forma de entender la conducción política de la sociedad, que desestima la participación de legisladores y el proceso de discusión social, vuelve a ser colocada en la agenda prioritaria del gobierno nacional, ahora con 502 artículos y XI secciones. Ahora, cuando la claridad de las prioridades parecía estar a la vista, cuando nuestro pueblo trajo en tiempo récord toda su memoria de resistencia organizando ollas populares, canastas solidarias y unidad intersocial. Justo ahora, como una bofetada de realidad que sacude la fantasía de unidad nacional, el presidente decide romper la cuarentena en la que debía permanecer esta ley.
Aunque parezca caer en saco roto, no sobra decir que las urgencias de nuestra sociedad tienen que ver con la sobrevivencia, los derechos humanos fundamentales y la dignidad. La oposición debe ser frontal por la forma y por el momento, que profundiza las dificultades operativas de nuestras organizaciones de manifestarse y movilizarse para alterar su contenido, ya difícil de alterar por los tiempos constitucionales.
Pero no menos importante a oponerse a la forma y momento, es oponerse a su contenido transversal y específico. Esta ley viene a reivindicar el mismo modelo que estalla socialmente con la fragilidad de un cristal templado y vuela por los aires con la facilidad de la burbuja financiera. Sin entrar en detalle, podemos clasificarla como una ley que corre el balance entre Estado y mercado, hacia el mercado. Si estaba fuera de tiempo histórico hace dos meses, si ya significaba una alternativa poco creativa a los defectos del progresismo y una opción decididamente más concentradora, ahora que la realidad muestra de manera contundente que las naciones más golpeadas del mundo rico fueron aquellas donde achicaron el Estado y privatizaron servicios de primera necesidad, es incomprensible.
Ahora que el gobierno palpó como pocos que tiene cierta capacidad de conducción de la crisis COVID-19 porque el Uruguay conserva las empresas públicas para elementos estratégicos como la energía, el agua y las comunicaciones, porque el BROU es fuerte en la plaza financiera, porque la salud pública fue sacada del CTI gracias a la dirección del Estado a través del FONASA, ahora que decenas de miles de trabajadores están en el seguro de desempleo porque conservamos un sistema solidario de seguridad social como el BPS, ahora que la producción familiar y su vocación de producción de alimentos demuestra su papel determinante en la soberanía y salud pública, mostrando la importancia estratégica del Instituto Nacional de Colonización y las políticas diferenciadas.
Todo este capital, este patrimonio público, esta cultura de servicios sociales es la que se pone a jugar para afrontar las crisis. La pedagogía de las crisis siempre enseña a diferenciar lo importante de lo accesorio, y no quedan dudas que una sociedad es más soberana y tiene más herramientas para actuar si hay espalda pública para garantizar la vida. Si antes no era urgente gran parte de su contenido, ahora, lo único urgente parece ser contrabandear un modelo, antes que sedimenten socialmente los fundamentos, las causas más profundas de la crisis sistémica en que estamos, el reacomodo de fuerzas internacionales donde el COVID-19 es apenas un emergente que nos pone a prueba.
En lo que atañe directamente a la producción familiar este sesgo ideológico transversal, privatizador, que busca retacear la capacidad de acción del Estado, tiene su manifestación particular en los artículos que atañen a la colonización (artículos 353 y 354) y el mercado de tierras (artículo 368), pero también en términos generales, toda limitación al presupuesto de gasto público altera las oportunidades de acceso a servicios básicos por parte de nuestras familias. En eso, la regla fiscal (Sección IV, Capítulo I), aparece como una riesgosa arma de doble filo, que enuncia algo de sentido común como es intentar vivir con la riqueza que somos capaces de generar, al tiempo que limita la conducción democrática de esa riqueza por parte del Estado o el manejo circunstancial del endeudamiento público, uso de reservas, etc.
El artículo 353 es innecesario para las excepciones pertinentes que ya pueden establecerse sin modificar la ley. Abre la caja de pandora, alterando el perfil prioritario del INC dejando la posibilidad a productores no familiares y levantando sospecha de que la única urgencia, es la de aquellos “colonos” integrantes del gabinete de gobierno que están actualmente en la justicia por no dedicarse directamente a la producción ni vivir en la fracción. El 354 puede devenir en la reconcentración de la tierra de un conjunto de colonos propietarios en grandes empresas al desafectar sus tierras de la ley 11.029 (aprox. 140.000 hectáreas). El 368 elimina el último filtro a la compra de tierras por parte de las Sociedades Anónimas, en la medida que antes debían ser aprobados sus proyectos y ahora el mercado queda sin regulación, pudiéndose dar aún mayores concentraciones de tierra que alteren la dinámica de competencia de los distintos rubros agroindustriales.
Estamos ante un momento excepcional donde claramente las prioridades en el destino de los recursos deberán alterarse. Asimismo los criterios de recaudación ya están siendo modificados y deberán continuar modificándose para maximizar la solidaridad y garantizar la actividad productiva y de servicios de primera necesidad.
Sin embargo, esta ley no tiene que ver con la excepcionalidad sino con lo permanente. No tiene que ver con las urgencias, sino con el rumbo. Todos estos asuntos pueden someterse a debate público y democrático, social y parlamentario. Sin embargo, para evitar sospechas, para conservar un clima de concordia ante las principales dificultades que afronta nuestro pueblo, es importante insistir en que esta ley no debe ser presentada con carácter de urgente. Es imperioso además recoger el guante del debate sobre el rumbo, para que no nos vendan gato por liebre. El neoliberalismo es un modelo social y económico intolerante a las crisis, que no pasa la prueba de la conservación de los recursos para las generaciones que vienen, que estimula el consumo irracional y superfluo y que reproduce el peor rostro de la desigualdad y fragmentación social.
La producción familiar necesita de un Estado fuerte. Eficiente claro está. Transparente ni que hablar. Con mayor participación y contralor social por supuesto. A lo largo de nuestra historia hemos crecido, nos hemos asociado, accedido a la tierra, avanzado en eslabones industriales y comerciales dentro de las cadenas de valor cuando socialmente se invirtió. En tiempos de excepción, esta norma no se altera, se profundiza. A estar alertas y cuidar lo que es de todos porque nuestro destino va de la mano con el de las mayorías y nuestra fortaleza con la del Estado.
(*) Consejero Nacional de CNFR. Referente de Comisión Tierra y Colonización. Delegado ante el Consejo directivo de CudeCoop.
Foto. Presidencia de la República
